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Sant Josep: el Consell ordena derribar la casa ilegal de Cala Llentia y la multa con 830.000 euros |
(Diario de Ibiza, 7/06/2007)
El GEN denunció la obra dos años antes de que se construyera. El Consistorio debe ejecutar el derribo
EIVISSA | C. N.
El expediente de disciplina urbanística abierto por el Consell por la construcción de una vivienda en Cala Llentia, en un suelo rústico e inedificable, ha finalizado con la imposición de una multa de 830.000 euros y la orden de demolición de todo lo construido. Además de al propietario, también se sanciona al promotor y a los técnicos redactores del proyecto urbanístico.
En el mes de agosto de 2005, el GEN denunció en el Ayuntamiento de Sant Josep el inicio de «obras de excavación de cimientos de lo que parecía iba a ser una gran estructura» en Cala Llentia, en el interior de un Área de Protección Territorial de Costas cercana a Cala Codolar, informan los ecologistas en una nota. Debido a la pasividad del Consistorio, algo que el GEN considera «habitual», se solicitó la subrogación del expediente por parte del Consell.
El expediente ha concluido ahora que las obras «se amparaban en una licencia otorgada a un proyecto de supuesta reforma y ampliación de una vivienda existente, cuando en realidad se procedía a la construcción de una vivienda de nueva planta de más de 300 metros cuadrados». Además, informa la nota del GEN, también queda en evidencia que la mencionada licencia, que se otorgó por parte de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep «sin contar con el preceptivo y vinculante informe de la Comisión de Urbanismo (...) es radicalmente nula y constitutiva de una infracción urbanística grave y manifiesta».
Por todos estos motivos, añade el GEN, el Consell se ha dirigido al Consistorio para que «revise los actos administrativos consistentes en la concesión de las licencias ilegales al amparo de las cuales se han ejecutado las obras» denunciadas.
Los hechos, añaden los ecologistas, «serían constitutivos de una infracción grave según la Ley de Disciplina Urbanística, dado que violan el ordenamiento urbanístico vigente y causan daño directo y de importancia o crean riesgo cierto e igualmente importante sobre los bienes y los intereses protegidos».
El expediente sanciona al propietario, al promotor y al técnico director de las obras con una multa a cada uno de 276.837 euros, el valor total de la vivienda, y se insta al Registro de la Propiedad a dejar constancia de que sobre esta propiedad pesa un expediente de disciplina urbanística resuelto en estos términos.
No obstante la sanción, los ecologistas consideran que las instituciones «están empezando a actuar porque saben que, de no hacerlo, nosotros llevaremos todos los asuntos a la vía penal». Asimismo, recuerdan la reciente creación de la Fiscalía especializada en delitos urbanísticos y su posible efecto disuasorio en los gobernantes. «Ahora, lo principal es que la Fiscalía actúa», advierten.
El GEN denunció la obra dos años antes de que se construyera. El Consistorio debe ejecutar el derribo
EIVISSA | C. N.
El expediente de disciplina urbanística abierto por el Consell por la construcción de una vivienda en Cala Llentia, en un suelo rústico e inedificable, ha finalizado con la imposición de una multa de 830.000 euros y la orden de demolición de todo lo construido. Además de al propietario, también se sanciona al promotor y a los técnicos redactores del proyecto urbanístico.
En el mes de agosto de 2005, el GEN denunció en el Ayuntamiento de Sant Josep el inicio de «obras de excavación de cimientos de lo que parecía iba a ser una gran estructura» en Cala Llentia, en el interior de un Área de Protección Territorial de Costas cercana a Cala Codolar, informan los ecologistas en una nota. Debido a la pasividad del Consistorio, algo que el GEN considera «habitual», se solicitó la subrogación del expediente por parte del Consell.
El expediente ha concluido ahora que las obras «se amparaban en una licencia otorgada a un proyecto de supuesta reforma y ampliación de una vivienda existente, cuando en realidad se procedía a la construcción de una vivienda de nueva planta de más de 300 metros cuadrados». Además, informa la nota del GEN, también queda en evidencia que la mencionada licencia, que se otorgó por parte de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep «sin contar con el preceptivo y vinculante informe de la Comisión de Urbanismo (...) es radicalmente nula y constitutiva de una infracción urbanística grave y manifiesta».
Por todos estos motivos, añade el GEN, el Consell se ha dirigido al Consistorio para que «revise los actos administrativos consistentes en la concesión de las licencias ilegales al amparo de las cuales se han ejecutado las obras» denunciadas.
Los hechos, añaden los ecologistas, «serían constitutivos de una infracción grave según la Ley de Disciplina Urbanística, dado que violan el ordenamiento urbanístico vigente y causan daño directo y de importancia o crean riesgo cierto e igualmente importante sobre los bienes y los intereses protegidos».
El expediente sanciona al propietario, al promotor y al técnico director de las obras con una multa a cada uno de 276.837 euros, el valor total de la vivienda, y se insta al Registro de la Propiedad a dejar constancia de que sobre esta propiedad pesa un expediente de disciplina urbanística resuelto en estos términos.
No obstante la sanción, los ecologistas consideran que las instituciones «están empezando a actuar porque saben que, de no hacerlo, nosotros llevaremos todos los asuntos a la vía penal». Asimismo, recuerdan la reciente creación de la Fiscalía especializada en delitos urbanísticos y su posible efecto disuasorio en los gobernantes. «Ahora, lo principal es que la Fiscalía actúa», advierten.
«Connivencia» de la administración
EIVISSA | C. N.
El GEN denuncia que el expediente finalizado por el Consell Insular deja en evidencia que en este caso «parece obvia la connivencia que ha existido entre los responsables directos de los hechos y la administración que los ha amparado, que ha dejado pasar como proyecto de `reforma´ lo que en realidad era un edificio de nueva construcción en el interior de un suelo rústico inedificable».
Los ecologistas lamentan sobre todo la pasividad del Ayuntamiento de Sant Josep, dirigido por el popular José Serra Escandell, y recuerdan que cuando denunciaron los primeros trabajos, éstos se limitaban al desbroce de la zona. Dos años después, se ha levantado una vivienda de dos plantas con más de 300 metros cuadrados construidos. El más que probable recurso que interpondrán los ahora sancionados contra la resolución del Consell retrasará la ejecución de la orden de derribo de todo lo construido, por lo que el GEN intuye que la resolución de este asunto, y la restitución del espacio construido a su estado anterior, se demorará «varios años».