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El Ayuntamiento de Maó hace la vista gorda y permite una vivienda ilegal en Sant Antoni |
(El Mundo, 14/03/2007)
Mediante un decreto de alcaldía de julio de 2000, el consistorio municipal reconoce irregularidades urbanísticas y estima la suspensión de las obras y su demolición
JOFRE SÁEZ. MAÓ/MAHÓN.- Haciendo oídos sordos a sus propias requisitorias. Esta es la máxima que ha adoptado el Ayuntamiento de Maó ante un caso de irregularidad urbanística. En 1999 las obras de una casa en la urbanización de Sant Antoni del puerto de Maó provocaron las quejas y las denuncias de los vecinos de las propiedades colindantes. Raíz de ello cursaron la denuncia correspondiente y el consistorio respondió mediante un decreto de alcaldía que reconocía que la vivienda incumplía el artículo 45.8 del Plan General de Ordenación Urbanística de Maó (PGOU). Sin embargo la vivienda se acabó de construir tal y como se diseñó y, a día de hoy, se habita ante el asombro de los vecinos que vieron como el consistorio pasó por alto la decisión de parar las obras mediante dicho decreto del 28 de julio del 2000 al cual pudo tener acceso este periódico.
El decreto de alcaldía firmado por el alcalde por delegación, Francisco Fernández Terrés, explica que la vivienda unifamiliar situada en la calle Dragó nº 6 de Sant Antoni incumple el PGOU de Maó «ya que la terraza superior de acceso a la vivienda, situada dentro de la franja de retranqueo, al estar sustentada sobre un muro de contención de 3,5 metros de altura, vulnera la restricción de rasante [2 metros] establecida en el mencionado artículo».
Demolición de papel
El expediente, una vez reconocidas las irregularidades «y al amparo de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 10/1990 de 23 de octubre de Disciplina Urbanística», decretó «la suspensión inmediata de las obras que se están realizando en C/ Dragó nº 6 de Sant Antoni, en la franja de retranqueo de 3 metros». Es más, si en el caso de que las obras no se hubiesen parado se afirma que «en el plazo de 48 horas si no para la actividad se procederá por vía de ejecución forzosa a la ejecución del acuerdo de suspensión». Es decir, que si en el plazo establecido no se hubiera suspendido la obra, el consistorio hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y parar lo que ellos mismos decretaron como una vivienda unifamiliar que incumplía lo establecido según la normativa municipal de ordenación urbanística.
En segundo lugar, el decreto de alcaldía subraya que se debe «incoar expediente de demolición de las obras que se realizan en C/ Dragó nº 6 (Maó), situadas dentro de la franja de retranqueo de dicha parcela respecto a las parcelas colindantes situadas en la calle Dragó nº4 y la C/ Venecia nº 14 (Maó), que se tramitará según lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la citada ley».
Finalmente el expediente municipal nombra a Emilio Orfila Cardelús y María Luz Flores Rámiz como «instructor y secretaria del expediente instruido para la adopción de las medidas pertinentes de protección de legalidad urbanística». Es decir, en dicho decreto se ordena la suspensión de las obras y el inicio del expediente sancionador. En cualquier caso ninguna de las premisas fue ejecutada.
Pese a que durante el mes de julio de 2000, un grupo de vecinos de Sant Antoni denunciaron que se estaban realizando unas obras en la parcela colindante a su propiedad en las que «presuntamente no se ajustaban a la normativa vigente». Y a pesar que el propio Ayuntamiento reconoció las irregularidades y ordenó la suspensión de las mismas, a día de hoy la casa es una vivienda unifamiliar y se hicieron oídos sordos a lo que el propio consistorio reconoció.
En la actualidad todo ello se encuentra en el juzgado del contencioso-administrativo nº12 de Palma de Mallorca a la espera que el juez resuelva [Nota de Disúrbia: tant de bo hi hagués dotze jutjats contenciosos a Palma, en lloc dels dos que només tenim!].
Mediante un decreto de alcaldía de julio de 2000, el consistorio municipal reconoce irregularidades urbanísticas y estima la suspensión de las obras y su demolición
JOFRE SÁEZ. MAÓ/MAHÓN.- Haciendo oídos sordos a sus propias requisitorias. Esta es la máxima que ha adoptado el Ayuntamiento de Maó ante un caso de irregularidad urbanística. En 1999 las obras de una casa en la urbanización de Sant Antoni del puerto de Maó provocaron las quejas y las denuncias de los vecinos de las propiedades colindantes. Raíz de ello cursaron la denuncia correspondiente y el consistorio respondió mediante un decreto de alcaldía que reconocía que la vivienda incumplía el artículo 45.8 del Plan General de Ordenación Urbanística de Maó (PGOU). Sin embargo la vivienda se acabó de construir tal y como se diseñó y, a día de hoy, se habita ante el asombro de los vecinos que vieron como el consistorio pasó por alto la decisión de parar las obras mediante dicho decreto del 28 de julio del 2000 al cual pudo tener acceso este periódico.
El decreto de alcaldía firmado por el alcalde por delegación, Francisco Fernández Terrés, explica que la vivienda unifamiliar situada en la calle Dragó nº 6 de Sant Antoni incumple el PGOU de Maó «ya que la terraza superior de acceso a la vivienda, situada dentro de la franja de retranqueo, al estar sustentada sobre un muro de contención de 3,5 metros de altura, vulnera la restricción de rasante [2 metros] establecida en el mencionado artículo».
Demolición de papel
El expediente, una vez reconocidas las irregularidades «y al amparo de lo establecido en el artículo 61 de la Ley 10/1990 de 23 de octubre de Disciplina Urbanística», decretó «la suspensión inmediata de las obras que se están realizando en C/ Dragó nº 6 de Sant Antoni, en la franja de retranqueo de 3 metros». Es más, si en el caso de que las obras no se hubiesen parado se afirma que «en el plazo de 48 horas si no para la actividad se procederá por vía de ejecución forzosa a la ejecución del acuerdo de suspensión». Es decir, que si en el plazo establecido no se hubiera suspendido la obra, el consistorio hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y parar lo que ellos mismos decretaron como una vivienda unifamiliar que incumplía lo establecido según la normativa municipal de ordenación urbanística.
En segundo lugar, el decreto de alcaldía subraya que se debe «incoar expediente de demolición de las obras que se realizan en C/ Dragó nº 6 (Maó), situadas dentro de la franja de retranqueo de dicha parcela respecto a las parcelas colindantes situadas en la calle Dragó nº4 y la C/ Venecia nº 14 (Maó), que se tramitará según lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes de la citada ley».
Finalmente el expediente municipal nombra a Emilio Orfila Cardelús y María Luz Flores Rámiz como «instructor y secretaria del expediente instruido para la adopción de las medidas pertinentes de protección de legalidad urbanística». Es decir, en dicho decreto se ordena la suspensión de las obras y el inicio del expediente sancionador. En cualquier caso ninguna de las premisas fue ejecutada.
Pese a que durante el mes de julio de 2000, un grupo de vecinos de Sant Antoni denunciaron que se estaban realizando unas obras en la parcela colindante a su propiedad en las que «presuntamente no se ajustaban a la normativa vigente». Y a pesar que el propio Ayuntamiento reconoció las irregularidades y ordenó la suspensión de las mismas, a día de hoy la casa es una vivienda unifamiliar y se hicieron oídos sordos a lo que el propio consistorio reconoció.
En la actualidad todo ello se encuentra en el juzgado del contencioso-administrativo nº12 de Palma de Mallorca a la espera que el juez resuelva [Nota de Disúrbia: tant de bo hi hagués dotze jutjats contenciosos a Palma, en lloc dels dos que només tenim!].