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Sant Josep: denuncian que Serra Escandell planea evitar la ejecución de una demolición |
(Diario de Ibiza, 20/02/2007)
Uno de los propietarios de los cuatro apartamentos afectados del Residencial Cala Pinet asegura que el alcalde de Sant Josep le propuso legalizar la situación a través de las nuevas Normas Subsidiarias
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ
El propietario de uno de los apartamentos ilegales del Residencial Cala Pinet, en Sant Agustí, asegura que el alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, le ha planteado la posibilidad de legalizar sus viviendas a través de las nuevas Normas Subsidiarias, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenó hace unos meses la demolición de la parte del edificio que se encuentra fuera de ordenación por incumplir la normativa urbanística. En concreto, cuatro apartamentos del bloque incumplen la distancia de retranqueo con la finca colindante.
Jorge Raúl Orana, uno de los propietarios afectados, asegura que se siente «engañado y estafado» por la promotora Anglobalear S.L. Orana vivía en su apartamento en régimen de alquiler con una opción de compra y en marzo de 2005 adquirió el inmueble, después de que el promotor le mostrase la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma que en primera instancia le daba la razón . «No se nos informó de nada más», dice el propietario, que apunta que en junio de 2006 se enteró por la prensa que el TSJB había aceptado el recurso presentado por el denunciante y ordenaba al Ayuntamiento de Sant Josep a incoar con «la máxima celeridad y urgencia» la apertura de un expediente de infracción urbanística para forzar a la promotora a echar abajo la parte ilegal del Residencial.
El Consistorio concedió el final de obra del edificio en mayo de 2003 (el asunto estaba denunciado en los juzgados desde 2001), incluida la parte ilegal, después de que la promotora le entregase un documento en el que se comprometía a ejecutar la demolición de los apartamentos ilegales del bloque en el caso de que el TSJB dictase una sentencia desfavorable, como así fue. El propietario afectado asegura que en los próximos días presentará una denuncia contra la empresa promotora por «daños y perjuicios y un supuesto delito de estafa». Lamenta que él personalmente se ha tenido que preocupar por el asunto sin que nadie le haya informado. «Los otros tres propietarios tampoco sabían nada», dice. Insiste en que el alcalde no puede legalizar las viviendas si hay una sentencia de demolición. «Lo que dice el juez va a misa. Yo no aceptaré ningún acuerdo que no sea legal», señaló.
El portavoz del alcalde reconoció ayer a este periódico que ha habido contactos con los propietarios para buscar una salida, pero puso en duda que Serra Escandell plantease la legalización de los apartamentos a través de las Normas Subsidiarias. El alcalde de Sant Josep dictó el pasado mes de septiembre un decreto por el que ordenaba el inicio del expediente sancionador contra Anglobalear y exigía a Juan Riera, como representante legal, el cumplimiento del compromiso adquirido de ejecución de la sentencia del TSJB.
Uno de los propietarios de los cuatro apartamentos afectados del Residencial Cala Pinet asegura que el alcalde de Sant Josep le propuso legalizar la situación a través de las nuevas Normas Subsidiarias
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ
El propietario de uno de los apartamentos ilegales del Residencial Cala Pinet, en Sant Agustí, asegura que el alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, le ha planteado la posibilidad de legalizar sus viviendas a través de las nuevas Normas Subsidiarias, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenó hace unos meses la demolición de la parte del edificio que se encuentra fuera de ordenación por incumplir la normativa urbanística. En concreto, cuatro apartamentos del bloque incumplen la distancia de retranqueo con la finca colindante.
Jorge Raúl Orana, uno de los propietarios afectados, asegura que se siente «engañado y estafado» por la promotora Anglobalear S.L. Orana vivía en su apartamento en régimen de alquiler con una opción de compra y en marzo de 2005 adquirió el inmueble, después de que el promotor le mostrase la sentencia del juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma que en primera instancia le daba la razón . «No se nos informó de nada más», dice el propietario, que apunta que en junio de 2006 se enteró por la prensa que el TSJB había aceptado el recurso presentado por el denunciante y ordenaba al Ayuntamiento de Sant Josep a incoar con «la máxima celeridad y urgencia» la apertura de un expediente de infracción urbanística para forzar a la promotora a echar abajo la parte ilegal del Residencial.
El Consistorio concedió el final de obra del edificio en mayo de 2003 (el asunto estaba denunciado en los juzgados desde 2001), incluida la parte ilegal, después de que la promotora le entregase un documento en el que se comprometía a ejecutar la demolición de los apartamentos ilegales del bloque en el caso de que el TSJB dictase una sentencia desfavorable, como así fue. El propietario afectado asegura que en los próximos días presentará una denuncia contra la empresa promotora por «daños y perjuicios y un supuesto delito de estafa». Lamenta que él personalmente se ha tenido que preocupar por el asunto sin que nadie le haya informado. «Los otros tres propietarios tampoco sabían nada», dice. Insiste en que el alcalde no puede legalizar las viviendas si hay una sentencia de demolición. «Lo que dice el juez va a misa. Yo no aceptaré ningún acuerdo que no sea legal», señaló.
El portavoz del alcalde reconoció ayer a este periódico que ha habido contactos con los propietarios para buscar una salida, pero puso en duda que Serra Escandell plantease la legalización de los apartamentos a través de las Normas Subsidiarias. El alcalde de Sant Josep dictó el pasado mes de septiembre un decreto por el que ordenaba el inicio del expediente sancionador contra Anglobalear y exigía a Juan Riera, como representante legal, el cumplimiento del compromiso adquirido de ejecución de la sentencia del TSJB.