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Eivissa: archivada la denuncia contra Tarrés por la construcción del edificio de Joan XXIII |
(Diari d'Eivissa, 6/10/2006)
La demanda había sido formulada por el promotor del frustrado edificio de 13 plantas en Puig des Molins
Eivissa | J. Ll. F.
El juzgado de instrucción número 3 de Eivissa ha decretado el archivo de la denuncia formulada por el promotor Ugo Recchia contra el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por su actuación en la construcción del edificio que servirá para realojar a los afectados por la demolición de las viviendas protegidas Santa Margarita. Este inmueble es el que se levanta junto al colegio Joan XXIII, paralizado por falta de la correspondiente licencia.
Según la resolución judicial, lo hechos denunciados no constituyen delito ni falta alguna. El posible delito de prevaricación «no sería aplicable pues la licencia concedida era legal y lo que existió fue un traspaso de los límites de la misma», afirma el juez.
Además, la sentencia recuerda que «lo cierto es que se acabaron ejerciendo las facultades de disciplina urbanística, al dictarse el decreto del 15 de junio de 2006 que decretaba la suspensión de las obras y el precinto de las mismas».
En otro momento, el magistrado advierte de que no se puede «establecer una equivalencia entre infracción urbanística y delito, por más que la primera resulte palmaria y evidente, como en este caso lo es».
El Ayuntamiento emitió luego una nota en la que expresa su «satisfacción» por el archivo de la denuncia, «que fue interpuesta con una clara finalidad política y propagandística, como lo demuestra el hecho de que todos los concejales del PP intentaron personarse».
La demanda había sido formulada por el promotor del frustrado edificio de 13 plantas en Puig des Molins
Eivissa | J. Ll. F.
El juzgado de instrucción número 3 de Eivissa ha decretado el archivo de la denuncia formulada por el promotor Ugo Recchia contra el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por su actuación en la construcción del edificio que servirá para realojar a los afectados por la demolición de las viviendas protegidas Santa Margarita. Este inmueble es el que se levanta junto al colegio Joan XXIII, paralizado por falta de la correspondiente licencia.
Según la resolución judicial, lo hechos denunciados no constituyen delito ni falta alguna. El posible delito de prevaricación «no sería aplicable pues la licencia concedida era legal y lo que existió fue un traspaso de los límites de la misma», afirma el juez.
Además, la sentencia recuerda que «lo cierto es que se acabaron ejerciendo las facultades de disciplina urbanística, al dictarse el decreto del 15 de junio de 2006 que decretaba la suspensión de las obras y el precinto de las mismas».
En otro momento, el magistrado advierte de que no se puede «establecer una equivalencia entre infracción urbanística y delito, por más que la primera resulte palmaria y evidente, como en este caso lo es».
El Ayuntamiento emitió luego una nota en la que expresa su «satisfacción» por el archivo de la denuncia, «que fue interpuesta con una clara finalidad política y propagandística, como lo demuestra el hecho de que todos los concejales del PP intentaron personarse».