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"Cort me ha remitido unos 20 casos por delitos urbanísticos" |
(Diario de Mallorca, 6/08/2006)
Cuatro ayuntamientos de las islas están en el juzgado por delitos contra el territorio
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Adrián Salazar Larracoechea es el fiscal encargado en Balears de perseguir los delitos contra la ordenación del territorio o urbanísticos, los delitos contra el medio ambiente o ecológicos y los delitos contra el patrimonio histórico-artístico. Salazar, que no está liberado profesionalmente del resto de asuntos propios como fiscal, no da abasto para investigar todos los expedientes, muchos de ellos de una notable complejidad. Las denuncias sobre irregularidades urbanísticas se acumulan en las minúsculas dependencias comunes de la fiscalía donde trabaja Salazar junto al resto de sus compañeros. Recientemente el ayuntamiento de Palma le ha remitido unos 20 expedientes por si pudieran ser constitutivos de delito. Salazar no quiere hablar de casos concretos puesto que su postura procesal como acusador público le impide desvelar pormenores de cada causa, pero sí que resalta que actualmente los juzgados de las islas tramitan causas contra cuatro ayuntamientos y altos cargos de los mismos sospechosos de cometer delitos urbanísticos.
-¿Eivissa y Andratx son las Marbellas de Balears en cuanto a delitos urbanísticos?
-Lo sucedido en Marbella, y en general en toda la Costa del Sol, ha supuesto un punto de inflexión y se ha traducido en un aumento de la sensibilidad social por estos hechos. También ha coincidido en un momento de gran desarrollo urbanístico a nivel nacional. Todo esto ha llevado a la Fiscalía General del Estado a dar instrucciones para que se incremente la persecución penal de los delitos urbanísticos. El Código Penal del 95 ya introdujo los delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. El propio legislador, en la exposición de motivos de esta reforma, ya mencionaba la existencia de un cierto desmadre urbanístico y hablaba de la conveniencia de usar el Código Penal para frenar dichas conductas. En toda España existen ayuntamientos y diputaciones a los que por ley les corresponde velar por el cumplimiento de la normativa urbanística que toleran ciertas conductas. Esta pasividad puede ser, en algunos casos, producto de la corrupción. Sin embargo, no creo que la situación de Marbella sea extrapolable a Balears. La percepción que yo tengo, lo que yo conozco, no permite establecer una comparación entre ambas realidades.
-¿Pero en Eivissa y Mallorca hay varias causas penales abiertas contra responsables municipales?
-En estos momentos existen en trámite en Eivissa asuntos contra alcaldes, concejales, o ex alcaldes y ex ediles de los ayuntamientos de San Josep, Sant Antoni de Portmany, y Santa Eulària y en Palma hay dos causas en los juzgados sobre el ayuntamiento de Andratx. No puedo darle detalles sobre estos asuntos, pero en el caso de Andratx sí le diré que la fiscalía tiene abiertas varias diligencias informativas más por irregularidades urbanísticas en el término municipal y, muy probablemente, algunas más acabarán en denuncia ante los juzgados.
-¿Cómo le llegan las denuncias a la fiscalía de delitos ecológicos?
-La fuente principal son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que actúa de Policía judicial en los casos de infracciones contra el medio ambiente. También en las islas existen una serie de entidades y asociaciones ecologistas que son muy activas, como el GOB y Greenpeace, en Mallorca, y el GEN, en Eivissa, en cuanto a ataques al medio ambiente. ARCA, en Mallorca, es otra de las entidades que se preocupa mucho por la protección del patrimonio histórico-artístico. Algunos particulares suelen interponer denuncias y lo hacen movidos fundamentalmente por dos estímulos: o bien son personas afectadas directamente por alguna irregularidad, o son ciudadanos que, por su profesión, como arqueólogos o biólogos están especialmente sensibilizados ante determinados hechos. En los últimos años ha aumentado la sensibilidad ciudadana y las denuncias han crecido notablemente. Otra fuente de denuncias son los propios ayuntamientos o administraciones. El ayuntamiento de Palma me ha remitido recientemente unos veinte expedientes por posible delito urbanístico, que son de casuísticas muy diferentes, entre ellos parcelaciones ilegales.
-¿No sería más útil, en vez de pasar por el filtro de la fiscalía encabezada por usted, acudir directamente al juzgado de guardia cuando se tiene conocimiento de un supuesto delito urbanístico o ecológico?
-Creo que el paso intermedio de la fiscalía es algo obligatorio, dada la configuración de los juzgados de instrucción y el actual proceso penal. Los juzgados de instrucción no están preparados para tramitar este tipo de delitos. El proceso penal es el adecuado para otros delitos, como robos o narcotráfico, pero no es tan acertado para otros delitos, como los del territorio. Los expedientes necesitan, si vale la metáfora, que una fiscalía especializada los cocine antes de llevarlos al juzgado.
-¿Cuándo le va a llegar la dedicación exclusiva en esta materia?
-En Balears un único fiscal especialista es manifiestamente insuficiente. Tendría que haber uno, por lo menos, en cada territorio. Antes yo tenía en Eivissa la ayuda de un fiscal (Manuel Campoy), pero ahora se ha cambiado de destino. Estoy solo y, además, tengo que compaginar los casos de esta fiscalía con otros asuntos. Ahora, por ejemplo, antes de hablar con usted estaba trabajando en la calificación de un presunto asesinato. Tampoco sé cuándo me van a dar la exclusividad.
-¿Y de medios, cómo andamos?
-Los delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio son asuntos muy complejos que requieren de una gran especialización y de unos medios de prueba caros y sofisticados. Se necesitan análisis e informes periciales para acreditar la posible contaminación. Este tipo de gestiones cuestan dinero y tiempo. La fiscalía no dispone de fondos para pagar esas pruebas y ha de acudir a la gerencia de Justicia para obtener los medios económicos. Tampoco tiene personal suficiente para realizar las pesquisas. Espero que cuando estrenemos el edificio de la fiscalía en la Plaza de Los Patines tengamos más medios materiales y espacio.
-¿Qué importancia tienen las fotos para perseguir el urbanismo ilegal?
-En algunos supuestos de urbanismo ilegal en suelo rústico es preciso disponer de la mayor prueba documental posible sobre el estado anterior de las fincas. Hay fincas protegidas donde se alega que existían casetas rurales antiguas para poder luego edificar inmuebles nuevos, con la excusa de reparar las viejas edificaciones. Para demostrar la falsedad de estas operaciones hay que contar con fotografías aéreas de las fincas. Existen archivos, tanto privados como públicos, de imágenes aéreas de las islas muy completos. Sería preciso establecer mecanismos de cooperación entre la fiscalía y estos bancos de datos para obtener las pruebas.
-Da la impresión de que el orden contencioso-administrativo no es suficiente para poner coto a los desmanes urbanísticos.
-La Justicia contencioso-administrativa está colapsada y tiene una elevadísima carga de trabajo. Tampoco posee el poder coercitivo que sí tiene la justicia penal. Algunos delitos urbanísticos se disfrazan de simples ilícitos administrativos. Se buscan informes técnicos que avalen las actuaciones y se fuerza la controversia jurídica. Se buscan interpretaciones legales que avalen los hechos. Lo más grave es que, aunque no se pueda generalizar, existen funcionarios públicos, es decir cargos que tienen la legitimidad democrática y la capacidad para detener las infracciones urbanísticas y no lo hacen desde los ayuntamientos y las diputaciones.
-¿Qué sentido tienen las órdenes de derribo de las construcciones ilegales?
-Los derribos son muy importantes. El Código Penal, entre otros fines, tiene un claro objetivo preventivo y rehabilitador. El delincuente urbanístico tiene que reponer las cosas a su estado original y el infractor ecológico, que a veces actúa por ahorrarse unos costes, tiene que saber que delinquir sale a la larga muy caro porque tiene que descontaminar y regenerar el medio ambiente dañado.
Cuatro ayuntamientos de las islas están en el juzgado por delitos contra el territorio
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Adrián Salazar Larracoechea es el fiscal encargado en Balears de perseguir los delitos contra la ordenación del territorio o urbanísticos, los delitos contra el medio ambiente o ecológicos y los delitos contra el patrimonio histórico-artístico. Salazar, que no está liberado profesionalmente del resto de asuntos propios como fiscal, no da abasto para investigar todos los expedientes, muchos de ellos de una notable complejidad. Las denuncias sobre irregularidades urbanísticas se acumulan en las minúsculas dependencias comunes de la fiscalía donde trabaja Salazar junto al resto de sus compañeros. Recientemente el ayuntamiento de Palma le ha remitido unos 20 expedientes por si pudieran ser constitutivos de delito. Salazar no quiere hablar de casos concretos puesto que su postura procesal como acusador público le impide desvelar pormenores de cada causa, pero sí que resalta que actualmente los juzgados de las islas tramitan causas contra cuatro ayuntamientos y altos cargos de los mismos sospechosos de cometer delitos urbanísticos.
-¿Eivissa y Andratx son las Marbellas de Balears en cuanto a delitos urbanísticos?
-Lo sucedido en Marbella, y en general en toda la Costa del Sol, ha supuesto un punto de inflexión y se ha traducido en un aumento de la sensibilidad social por estos hechos. También ha coincidido en un momento de gran desarrollo urbanístico a nivel nacional. Todo esto ha llevado a la Fiscalía General del Estado a dar instrucciones para que se incremente la persecución penal de los delitos urbanísticos. El Código Penal del 95 ya introdujo los delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. El propio legislador, en la exposición de motivos de esta reforma, ya mencionaba la existencia de un cierto desmadre urbanístico y hablaba de la conveniencia de usar el Código Penal para frenar dichas conductas. En toda España existen ayuntamientos y diputaciones a los que por ley les corresponde velar por el cumplimiento de la normativa urbanística que toleran ciertas conductas. Esta pasividad puede ser, en algunos casos, producto de la corrupción. Sin embargo, no creo que la situación de Marbella sea extrapolable a Balears. La percepción que yo tengo, lo que yo conozco, no permite establecer una comparación entre ambas realidades.
-¿Pero en Eivissa y Mallorca hay varias causas penales abiertas contra responsables municipales?
-En estos momentos existen en trámite en Eivissa asuntos contra alcaldes, concejales, o ex alcaldes y ex ediles de los ayuntamientos de San Josep, Sant Antoni de Portmany, y Santa Eulària y en Palma hay dos causas en los juzgados sobre el ayuntamiento de Andratx. No puedo darle detalles sobre estos asuntos, pero en el caso de Andratx sí le diré que la fiscalía tiene abiertas varias diligencias informativas más por irregularidades urbanísticas en el término municipal y, muy probablemente, algunas más acabarán en denuncia ante los juzgados.
-¿Cómo le llegan las denuncias a la fiscalía de delitos ecológicos?
-La fuente principal son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que actúa de Policía judicial en los casos de infracciones contra el medio ambiente. También en las islas existen una serie de entidades y asociaciones ecologistas que son muy activas, como el GOB y Greenpeace, en Mallorca, y el GEN, en Eivissa, en cuanto a ataques al medio ambiente. ARCA, en Mallorca, es otra de las entidades que se preocupa mucho por la protección del patrimonio histórico-artístico. Algunos particulares suelen interponer denuncias y lo hacen movidos fundamentalmente por dos estímulos: o bien son personas afectadas directamente por alguna irregularidad, o son ciudadanos que, por su profesión, como arqueólogos o biólogos están especialmente sensibilizados ante determinados hechos. En los últimos años ha aumentado la sensibilidad ciudadana y las denuncias han crecido notablemente. Otra fuente de denuncias son los propios ayuntamientos o administraciones. El ayuntamiento de Palma me ha remitido recientemente unos veinte expedientes por posible delito urbanístico, que son de casuísticas muy diferentes, entre ellos parcelaciones ilegales.
-¿No sería más útil, en vez de pasar por el filtro de la fiscalía encabezada por usted, acudir directamente al juzgado de guardia cuando se tiene conocimiento de un supuesto delito urbanístico o ecológico?
-Creo que el paso intermedio de la fiscalía es algo obligatorio, dada la configuración de los juzgados de instrucción y el actual proceso penal. Los juzgados de instrucción no están preparados para tramitar este tipo de delitos. El proceso penal es el adecuado para otros delitos, como robos o narcotráfico, pero no es tan acertado para otros delitos, como los del territorio. Los expedientes necesitan, si vale la metáfora, que una fiscalía especializada los cocine antes de llevarlos al juzgado.
-¿Cuándo le va a llegar la dedicación exclusiva en esta materia?
-En Balears un único fiscal especialista es manifiestamente insuficiente. Tendría que haber uno, por lo menos, en cada territorio. Antes yo tenía en Eivissa la ayuda de un fiscal (Manuel Campoy), pero ahora se ha cambiado de destino. Estoy solo y, además, tengo que compaginar los casos de esta fiscalía con otros asuntos. Ahora, por ejemplo, antes de hablar con usted estaba trabajando en la calificación de un presunto asesinato. Tampoco sé cuándo me van a dar la exclusividad.
-¿Y de medios, cómo andamos?
-Los delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio son asuntos muy complejos que requieren de una gran especialización y de unos medios de prueba caros y sofisticados. Se necesitan análisis e informes periciales para acreditar la posible contaminación. Este tipo de gestiones cuestan dinero y tiempo. La fiscalía no dispone de fondos para pagar esas pruebas y ha de acudir a la gerencia de Justicia para obtener los medios económicos. Tampoco tiene personal suficiente para realizar las pesquisas. Espero que cuando estrenemos el edificio de la fiscalía en la Plaza de Los Patines tengamos más medios materiales y espacio.
-¿Qué importancia tienen las fotos para perseguir el urbanismo ilegal?
-En algunos supuestos de urbanismo ilegal en suelo rústico es preciso disponer de la mayor prueba documental posible sobre el estado anterior de las fincas. Hay fincas protegidas donde se alega que existían casetas rurales antiguas para poder luego edificar inmuebles nuevos, con la excusa de reparar las viejas edificaciones. Para demostrar la falsedad de estas operaciones hay que contar con fotografías aéreas de las fincas. Existen archivos, tanto privados como públicos, de imágenes aéreas de las islas muy completos. Sería preciso establecer mecanismos de cooperación entre la fiscalía y estos bancos de datos para obtener las pruebas.
-Da la impresión de que el orden contencioso-administrativo no es suficiente para poner coto a los desmanes urbanísticos.
-La Justicia contencioso-administrativa está colapsada y tiene una elevadísima carga de trabajo. Tampoco posee el poder coercitivo que sí tiene la justicia penal. Algunos delitos urbanísticos se disfrazan de simples ilícitos administrativos. Se buscan informes técnicos que avalen las actuaciones y se fuerza la controversia jurídica. Se buscan interpretaciones legales que avalen los hechos. Lo más grave es que, aunque no se pueda generalizar, existen funcionarios públicos, es decir cargos que tienen la legitimidad democrática y la capacidad para detener las infracciones urbanísticas y no lo hacen desde los ayuntamientos y las diputaciones.
-¿Qué sentido tienen las órdenes de derribo de las construcciones ilegales?
-Los derribos son muy importantes. El Código Penal, entre otros fines, tiene un claro objetivo preventivo y rehabilitador. El delincuente urbanístico tiene que reponer las cosas a su estado original y el infractor ecológico, que a veces actúa por ahorrarse unos costes, tiene que saber que delinquir sale a la larga muy caro porque tiene que descontaminar y regenerar el medio ambiente dañado.