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Inca: el PSM dice al fiscal que Rotger cometió una ilegalidad con fines electoralistas |
(Diario de Mallorca, 26/01/2006)
Alorda señala que la fiscalía parece interesada sólo en si hubo un beneficio económico
F. GUIJARRO. PALMA.
El portavoz del PSM en el Consell de Mallorca, Antoni Alorda, compareció ayer ante el fiscal Adrián Salazar por la denuncia presentada contra el alcalde de Inca y presidente del Parlament, Pere Rotger, por la autorización de unas viviendas protegidas cuando los terrenos estaban calificados todavía como zona verde. Alorda manifestó posteriormente que en su declaración destacó que esa decisión supuso una clara ilegalidad cuyo objetivo era tener las obras concluidas antes de los comicios municipales de 2007 para obtener un beneficio electoral. El portavoz del PSM admitió, sin embargo, que la principal preocupación del fiscal parece radicar en si en esta operación hubo un beneficio económico.
Tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA, el Consell de Mallorca remitió un informe al fiscal de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears en el que se señalaba la posibilidad de que la decisión de autorizar las viviendas supusiera un delito contemplado en el Código Penal, previsto cuando un cargo público autoriza un proyecto pese a ser consciente de su irregularidad.
Beneficio electoral
Según subrayó Antoni Alorda, el propio Pere Rotger ha admitido de forma reiterada que sabía que la normativa vigente no le permitía autorizar el inicio de las obras, una decisión que en opinión del representante del partido nacionalista buscaba un rédito electoral, ya que así los pisos podrán inaugurarse pocas semanas antes de las elecciones municipales.
El político también destacó ante el fiscal que Inca presenta un claro déficit de zonas verdes, pese a lo cual el gobierno municipal autorizó construir sobre un terreno con esa clasificación alegando que esa pérdida de espacio público se compensaba en otro lugar.
Alorda hizo especial hincapié en la gravedad de lo sucedido y advirtió que "la sociedad no puede recibir el mensaje de que la clase política puede cometer irregularidades con impunidad".
Alorda señala que la fiscalía parece interesada sólo en si hubo un beneficio económico
F. GUIJARRO. PALMA.
El portavoz del PSM en el Consell de Mallorca, Antoni Alorda, compareció ayer ante el fiscal Adrián Salazar por la denuncia presentada contra el alcalde de Inca y presidente del Parlament, Pere Rotger, por la autorización de unas viviendas protegidas cuando los terrenos estaban calificados todavía como zona verde. Alorda manifestó posteriormente que en su declaración destacó que esa decisión supuso una clara ilegalidad cuyo objetivo era tener las obras concluidas antes de los comicios municipales de 2007 para obtener un beneficio electoral. El portavoz del PSM admitió, sin embargo, que la principal preocupación del fiscal parece radicar en si en esta operación hubo un beneficio económico.
Tal y como adelantó DIARIO de MALLORCA, el Consell de Mallorca remitió un informe al fiscal de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Balears en el que se señalaba la posibilidad de que la decisión de autorizar las viviendas supusiera un delito contemplado en el Código Penal, previsto cuando un cargo público autoriza un proyecto pese a ser consciente de su irregularidad.
Beneficio electoral
Según subrayó Antoni Alorda, el propio Pere Rotger ha admitido de forma reiterada que sabía que la normativa vigente no le permitía autorizar el inicio de las obras, una decisión que en opinión del representante del partido nacionalista buscaba un rédito electoral, ya que así los pisos podrán inaugurarse pocas semanas antes de las elecciones municipales.
El político también destacó ante el fiscal que Inca presenta un claro déficit de zonas verdes, pese a lo cual el gobierno municipal autorizó construir sobre un terreno con esa clasificación alegando que esa pérdida de espacio público se compensaba en otro lugar.
Alorda hizo especial hincapié en la gravedad de lo sucedido y advirtió que "la sociedad no puede recibir el mensaje de que la clase política puede cometer irregularidades con impunidad".