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Alaior: Lanoria Son Pou deberá demoler 15 apartamentos en Torre-solí |
(Menorca, 22/01/2006)
El Tribunal Supremo no admite el recurso presentado por la sociedad y declara procedente la decisión del Ayuntamiento de Alaior de denegar la licencia de obra y determina el exceso edificado
A.M.O..Maó
Lanoria Son Pou S.A. deberá demoler 15 de los 75 apartamentos que tiene la promotora en un complejo turístico ubicado en la urbanización de Torre-solí, en Alaior, junto a Es Prat. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado por Lanoria Son Pou y declara procedente la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Alaior en 1998 ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en 2002 de denegar la licencia de obra y determina el exceso de edificabilidad en que incurrió la sociedad promotora del apartahotel.
Además de pagar los 4.000 euros de las costas judiciales, Lanoria Son Pou deberá abonar al Ayuntamiento una sanción económica de 100.000 euros, y presentar un aval y proyecto de demolición de los 15 apartamentos, según un acuerdo previo alcanzado entre ambas partes. A la espera del fallo judicial, el Ayuntamiento consintió a la promotora la apertura de parte de los apartamentos que se ajustaban a la legalidad urbanística vigente, en concreto, los que se situaban en la planta baja y primer piso del complejo hotelero.
Los 15 apartamentos que deberán ser demolidos se encuentran situados en la segunda planta y afectan a una superficie equivalente a 542 metros cuadrados.
Modificación de Costas
Lanoria Son Pou había obtenido una licencia en 1994 para construir 75 apartamentos junto a Es Prat, en una parcela de 13.500 metros cuadrados en la urbanización de Torre-solí. En 1995, la Dirección General de Costas modificó el deslinde marítimo terrestre de la playa de Son Bou afectando a la parcela de 13.500 metros que la promotora tenía en la zona. La modificación de Costas y la entrada en vigor de la ley de suelo rústico de Balears en 1997 "de aplicación inmediata", redujo la superficie edificable de la parcela a 11.855 metros cuadrados y Lanoria Son Pou debía reducir entonces 542 metros cuadrados su proyecto urbanístico. En diciembre de 1997 la sociedad pidió una prórroga de la licencia, sin embargo el 7 de enero de 1998, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Alaior la declaró extinguida y caduca. La sociedad no cumplió la resolución municipal, recurrió a la justicia ordinaria y construyó la totalidad del complejo turístico. El Consistorio solicitó entonces a Lanoria Son Pou un cambio del proyecto y la eliminación del exceso de superficie construida, multó a la sociedad con 25.000 y emitió una orden de paralización de las obras.
En enero de 1999, ante el cariz conflictivo de los hechos, el Consistorio de Alaior y la sociedad llegaron a un "acuerdo de mínimos". El Ayuntamiento consintió la apertura de los apartamentos situados en la planta baja y primer piso, mientras la promotora mantuvo fuera de explotación los 15 apartamentos de la segunda planta construidos en los 542 metros cuadrados de exceso de obra. "Había una edificio inacabado que perjudicaba la imagen turística de la urbanización. Tuvimos que llegar a un consenso y creo que a la larga ha sido beneficioso para Torre-solí", comentó ayer el alcalde de Alaior, Pau Morlà.
"Legalidad"
En opinión de Morlà, la sentencia del Tribunal Supremo ante la que no cabe recurso y el anterior fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ratifican las decisiones tomadas en su día por el Ayuntamiento de Alaior, tanto las acordadas por la comisión de gobierno como la resoluciones adoptadas por la alcaldía. "Actuamos con estricta legalidad y con la disciplina urbanística en la mano", aseveró el alcalde a la espera de la demolición.
El Tribunal Supremo no admite el recurso presentado por la sociedad y declara procedente la decisión del Ayuntamiento de Alaior de denegar la licencia de obra y determina el exceso edificado
A.M.O..Maó
Lanoria Son Pou S.A. deberá demoler 15 de los 75 apartamentos que tiene la promotora en un complejo turístico ubicado en la urbanización de Torre-solí, en Alaior, junto a Es Prat. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado por Lanoria Son Pou y declara procedente la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Alaior en 1998 ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en 2002 de denegar la licencia de obra y determina el exceso de edificabilidad en que incurrió la sociedad promotora del apartahotel.
Además de pagar los 4.000 euros de las costas judiciales, Lanoria Son Pou deberá abonar al Ayuntamiento una sanción económica de 100.000 euros, y presentar un aval y proyecto de demolición de los 15 apartamentos, según un acuerdo previo alcanzado entre ambas partes. A la espera del fallo judicial, el Ayuntamiento consintió a la promotora la apertura de parte de los apartamentos que se ajustaban a la legalidad urbanística vigente, en concreto, los que se situaban en la planta baja y primer piso del complejo hotelero.
Los 15 apartamentos que deberán ser demolidos se encuentran situados en la segunda planta y afectan a una superficie equivalente a 542 metros cuadrados.
Modificación de Costas
Lanoria Son Pou había obtenido una licencia en 1994 para construir 75 apartamentos junto a Es Prat, en una parcela de 13.500 metros cuadrados en la urbanización de Torre-solí. En 1995, la Dirección General de Costas modificó el deslinde marítimo terrestre de la playa de Son Bou afectando a la parcela de 13.500 metros que la promotora tenía en la zona. La modificación de Costas y la entrada en vigor de la ley de suelo rústico de Balears en 1997 "de aplicación inmediata", redujo la superficie edificable de la parcela a 11.855 metros cuadrados y Lanoria Son Pou debía reducir entonces 542 metros cuadrados su proyecto urbanístico. En diciembre de 1997 la sociedad pidió una prórroga de la licencia, sin embargo el 7 de enero de 1998, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Alaior la declaró extinguida y caduca. La sociedad no cumplió la resolución municipal, recurrió a la justicia ordinaria y construyó la totalidad del complejo turístico. El Consistorio solicitó entonces a Lanoria Son Pou un cambio del proyecto y la eliminación del exceso de superficie construida, multó a la sociedad con 25.000 y emitió una orden de paralización de las obras.
En enero de 1999, ante el cariz conflictivo de los hechos, el Consistorio de Alaior y la sociedad llegaron a un "acuerdo de mínimos". El Ayuntamiento consintió la apertura de los apartamentos situados en la planta baja y primer piso, mientras la promotora mantuvo fuera de explotación los 15 apartamentos de la segunda planta construidos en los 542 metros cuadrados de exceso de obra. "Había una edificio inacabado que perjudicaba la imagen turística de la urbanización. Tuvimos que llegar a un consenso y creo que a la larga ha sido beneficioso para Torre-solí", comentó ayer el alcalde de Alaior, Pau Morlà.
"Legalidad"
En opinión de Morlà, la sentencia del Tribunal Supremo ante la que no cabe recurso y el anterior fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ratifican las decisiones tomadas en su día por el Ayuntamiento de Alaior, tanto las acordadas por la comisión de gobierno como la resoluciones adoptadas por la alcaldía. "Actuamos con estricta legalidad y con la disciplina urbanística en la mano", aseveró el alcalde a la espera de la demolición.
Un proyecto "desproporcionado"
El alcalde de Alaior, Pau Morlà, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Supremo da solución a un "impacto ambiental desorbitado" sobre Es Prat de Son Bou, "totalmente desproporcionado e injusto respecto del conjunto de la urbanización de Torre Solí". Morlà afirmó no entender cómo el PP autorizó el proyecto de Lanoria Son Pou. "La licencia no sólo permitía construir tres plantas, sino que perjudicaba a todos los propietarios situados detrás de la parcela", apuntó. El alcalde matizó que su partido nunca estuvo en contra del proyecto, aunque sí de sus dimensiones constructivas. Para el regidor esta sentencia y el reciente fallo sobre Llucalari, avalan el compromiso adquirido en su día por el partido socialista de "reorientar la política urbanística y de aplicar otra concepción del ordenamiento del territorio más acorde a criterios de sostenibilidad y de sentido común".