(Diario de Ibiza, 18/12/2005)

Manuel Campoy Miñarro (Lorca, Murcia, 1965), asumió los casos de Medio Ambiente y Urbanismo dentro de la Fiscalía de Eivissa en 2001. El primer caso que investigó fue el de es Pouet de Talamanca, cuyo juicio se celebra el mes próximo. Desde entonces ha abierto decenas de diligencias sobre construcciones ilegales, vertidos y otros presuntos delitos. Alcaldes y concejales han sido imputados y alguno podría llegar a ser juzgado en breve.

Eivissa | Joan Lluís Ferrer
- ¿Dónde hay más especuladores urbanísticos, en las promotoras o en los ayuntamientos?
-No se puede decir que haya especulación en general, sino que hay determinados actos de especulación. Creo que la inmensa mayoría de los actos administrativos son correctos y legales. Lo que ocurre es que hay determinados supuestos, que son minoría, que efectivamente parece que se apartan de la legalidad. Y son precisamente los que más alarma producen, porque son graves. Además, resulta que en estos casos que se instruyen lo que se aprecia es que, directa o indirectamente, siempre aparece de forma repetida un grupo muy reducido de personas. Son unos cuantos actos que se están investigando, y que son ciertamente graves, y suelen aparecer siempre el mismo grupo de personas.

-Nunca como ahora, o al menos desde hace pocos años, se había asistido a una cantidad tan grande de procesos judiciales en los que están implicados alcaldes, concejales y técnicos de las Administraciones. ¿A qué se debe este hecho?
-Cuando se modificó el Código Penal, en 1995, se tipificó el delito urbanístico, de ordenación del territorio, y se hizo un desarrollo mucho más amplio de los delitos contra el medio ambiente. Desde el momento en que esos delitos pasan a ser tipificados por el legislador y por el Parlamento como delitos mucho más graves y con penas más grandes que un simple robo, es lo que hace que la Administración de Justicia empiece a actuar para aplicar la ley.

-Pero también se ha observado una mayor actividad de la Fiscalía y también más denuncias desde el exterior...
-Lo que ha habido es un mayor número de denuncias, motivado sobre todo por el hecho de que la sociedad va madurando, va asumiendo más responsabilidades, en definitiva, denunciando aquello que antes no se denunciaba. Nosotros nos nutrimos básicamente de lo que nos llega. Salvo en alguna ocasión en que se han abierto diligencias a partir de algunas informaciones periodísticas que luego se ha comprobado que tenían suficiente importancia como para iniciar una instrucción penal, el resto ha venido motivado por denuncias de particulares y de los grupos ecologistas, el GEN y Amics de la Terra, que están haciendo una labor fundamental. Las denuncias procedentes de estos dos grupos, en su inmensa mayoría, por no decir todas, están completamente fundadas. Hechos que en ellas se denunciaban se ha comprobado no sólo que existían, sino que incluso esas denuncias se han quedado cortas y ha salido mucho más material del que estaban denunciando. Y, por tanto, creo que la labor de los grupos ecologistas en esta materia, sinceramente, creo que es un lujo que existan grupos como estos. Si el GEN y Amics de la Terra no existieran, habría que inventarlos. Si se han llevado aquí asuntos penales de ordenación del territorio y el medio ambiente ha sido gracias fundamentalmente a la actuación de estas organizaciones, que han puesto en conocimiento de la Administración de Justicia hechos presuntamente delictivos, y también ha sido gracias a los medios de comunicación, fundamentalmente Diario de Ibiza, que ha sacado noticias de cosas que tal vez la gente no se atrevía a denunciar por las razones que fueran, y eso ha permitido abrir diligencias y, efectivamente, comprobar que existía materia delictiva y dar lugar a condenas con sentencia firme.

-¿Jueces y fiscales son más remisos a investigar responsabilidades cuando hay políticos implicados en una denuncia penal?
-La ley es igual y debe ser igual para todos. No se trata del tipo de personas que hay o deja de haber detrás de un delito. Se trata de la gravedad, de la importancia y la complejidad del delito. Son delitos e investigaciones en las que cualquier paso que se da tiene una enorme trascendencia, incluso fuera del procedimiento penal. Eso hace que nunca se abandone nunca el criterio de la prudencia, ya que nunca es lo mismo un robo sin más, que tiene una repercusión muy limitada, circunscrita a la persona afectada y a la que ha cometido el hecho, que un caso de ordenación del territorio, que puede tener consecuencias no sólo en el mismo procedimiento penal, sino que puede traspasarlo y afectar incluso a la credibilidad de las personas. Por tanto, la prudencia es un principio muy importante.

-¿Existen diferencias entre la situación de Eivissa y Formentera y la que se produce en el resto de Balears en cuanto a la delincuencia urbanística y ambiental?
-Yo conozco Eivissa, pero no tanto Mallorca y Menorca, pero me da la sensación de que en Eivissa ocurre prácticamente lo mismo que sucede en el resto de España, sólo que aquí el territorio es muy limitado. En consecuencia, la tensión entre la demanda y la oferta de suelo está provocando bastantes problemas. Si a eso se une además que Eivissa es un destino turístico que se presta al tráfico de drogas, al blanqueo de dinero y demás -porque para las redes internaciones una de las vías de blanqueo de dinero es el urbanismo y la construcción- pues evidentemente eso supone un problema que existe.

-En su labor de investigación, ¿qué nivel de colaboración ha encontrado por parte de las instituciones públicas: ayuntamientos, Consell Insular, Govern...?
-Todo lo que se ha pedido a los organismos de la Administración pública lo han enviado, como no puede ser de otra manera, entre otras cosas porque no se pueden negar a ello.

-¿Cuál es el caso más complejo al que se ha enfrentado de todos los que ha investigado en las Pitiüses durante estos años?
-El más complejo creo que ha sido, y es aún, el de Los Parques de es Cubells [la concesión masiva de licencias para chalets en un acantilado de es Cap Llentrisca con la máxima protección ecológica], que se inició precisamente a raíz de una denuncia del GEN.

-¿Su complejidad va paralela a su gravedad?
-En este caso, si se confirman determinados hechos, su complejidad va paralela a su gravedad, porque la mayoría de los hechos que se suelen investigar por esta fiscalía se refieren a asuntos individuales, como una construcción, unos vertidos... Pero en este caso no estamos ante un hecho individual, sino ante una pluralidad de casos, es casi una urbanización.

-Persiste en Eivissa y Formentera una cierta sensación de impunidad al ver que a menudo se hacen obras ilegales y no siempre hay un castigo por ello. ¿Cómo puede atajarse esta situación?
-Es que son casos complejos, hay pocos medios, tanto humanos como materiales, luego aparecen ciertas implicaciones personales de gente que supera la media del delincuente común. Y son asuntos que tardan mucho tiempo en esclarecerse.
Ahora bien, desde el momento en que se han empezado a presentar denuncias penales, la mayoría de los procedimientos iniciados están llevando a acusaciones y a personas en el banquillo, a gente condenada con sentencia firme. Y otros que están en fase inicial de instrucción o han declarado ya como imputados, y los que han comparecido son personas de toda clase y condición. Se trata de obtener datos, que en unos casos allí donde se pensaba que podía haber un delito se acaba viendo que no hay nada, y al revés: que creyendo primero que no hay ningún delito luego se ve que sí lo hay. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es archivar a la primera cualquier denuncia que llega.

-¿De qué medios dispone la Fiscalía de Medio Ambiente de Eivissa y Formentera para llevar a cabo su cometido?
-Bueno, en primer lugar, la Fiscalía de Medio Ambiente ni siquiera existe; lo que hay es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears. Está pendiente una modificación para que en cada fiscalía se cree una sección especial para Menores, Violencia de Género y Medio Ambiente. De momento, lo que existe es la asignación de determinados fiscales para llevar los asuntos de Medio Ambiente. No hay especialidad para dedicarse exclusivamente a esta materia. Yo mismo he llevado el trabajo normal, igual que el resto de mis compañeros, y además, los asuntos de Medio Ambiente. Todo ello con los medios que usted puede comprobar [indicando un despacho de reducidas dimensiones].

-Sin embargo, dispone de la intervención del Seprona de la Guardia Civil para hacer diligencias...
-Sí. Quizás se incurre en el error de otorgar un cierto protagonismo a la Fiscalía de Medio Ambiente o incluso a mí mismo. En todos estos asuntos penales que se están llevando a cabo hay una actuación conjunta de varios organismos y varios profesionales, cada uno dentro de sus competencias. Por una parte, empezando por Fiscalía, esto no es producto de una sola persona. Aquí ha habido fiscales antes que ya no están: Mari Paz Domínguez, Arantxa Fernández... cuando han llevado estos temas se han comprometido en ellos. Eso en cuanto a la Fiscalía.
Pero ha tenido también un gran protagonismo el Seprona de la Guardia Civil. Y luego todos estos asuntos van al juzgado de instrucción. Aquí tenemos a los jueces Juan Carlos Torres, José Espinosa, Pablo Mendoza, Santiago Pinsach y la juez de primera instancia Susana González de la Varga. Ellos, dentro de su ámbito de competencia, son los que realizan la instrucción de las causas.