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El Pacto lleva ante Fiscalía la obra de asfaltado del alcalde de Sant Josep |
(Diario de Ibiza, 8/12/2005)
El grupo Progresista asegura que Serra Escandell, al ordenar personalmente el desprecinto de la planta ilegal de MAB y usar su asfalto pocos días después, habría incurrido en un delito previsto en el Código Penal
Sant Josep | J. Ll. Ferrer
El grupo municipal del Pacto Progresista en el Ayuntamiento de Sant Josep ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Eivissa contra el alcalde, José Serra Escandell, por las obras de asfaltado que realizó el mes pasado en un negocio de su propiedad con material procedente de la fábrica de aglomerado con orden de clausura dictada por el propio Ayuntamiento.
En su escrito de denuncia, el grupo de la oposición progresista recuerda como principales hechos la orden de precinto de la planta asfáltica de la constructora MAB -que realiza las obras del segundo cinturón de ronda-, dictada el día 8 de septiembre por el equipo de gobierno municipal.
También se cita la confirmación judicial de la orden de cierre, dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma el día 16 del mismo mes y, finalmente -y en contraste con todo ello-, la decisión adoptada por el alcalde el día 5 de octubre de ordenar la suspensión de la orden de cierre.
Acto seguido, máquinas de MAB utilizando asfalto de la planta ilegal procedieron a pavimentar un negocio de náutica del propio alcalde, quien luego alegó total desconocimiento de los hechos y descargó toda la responsabilidad en su empleado.
El grupo del Pacto señala que «la autorización del alcalde de desprecintar por diez días la planta, además de ser una decisión personal y unilateral -que no de la junta de gobierno local del Ayuntamiento-, no tiene ningún informe jurídico ni externo ni de la asesoría jurídica o la secretaría del propio Ayuntamiento; sólo tiene la firma del alcalde».
«El hecho de que Serra Escandell, en su calidad de empresario, fuera un beneficiario del funcionamiento de esta planta asfáltica durante unos días después de haberla desprecintado, entendemos que de forma ilegal, representa un hecho constitutivo de delito del que se deben derivar actuaciones penales», agrega la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.
Aunque no especifica qué tipo de infracción penal podría haber cometido Serra Escandell, los progresistas sugieren que podría tratarse de uno relacionado con prevaricación, ya que «el Código Penal refleja en una serie de artículos que los funcionarios y autoridades no pueden dictar resoluciones injustas y que, además, vayan en beneficio propio, como entendemos que puede ser este caso».
Asimismo, el Pacto de Sant Josep quita cualquier credibilidad a la explicación dada por Serra Escandell según la cual todo fue decisión de su encargado. «Hemos de pensar que toda esta operación se hacía con el conocimiento y tal vez el encargo directo del señor Serra Escandell, que actuaba dando un permiso irregular como alcalde de Sant Josep y luego se beneficiaba del producto de esta instalació como empresario».
«Sería necesario establecer la relación contractual entre las empresas MAB y la de Serra Escandell y saber si se ha pagado un precio por este trabajo, o si ha sido gratis. Si se ha pagado un precio, se debería saber si había un presupuesto previo, aceptado por la empresa de Serra Escandell, o saber cuáles son los poderes de este encargado dentro de la sociedad mencionada y si estos poderes alcanzan para pedir en nombre del administrador o apoderado un trabajo como este», añade el grupo de la oposición.
La fiscalía de Eivissa deberá ahora decidir si abre diligencias informativas sobre los hechos contenidos en esta denuncia o si, por el contrario, procede al archivo de la misma.
El grupo Progresista asegura que Serra Escandell, al ordenar personalmente el desprecinto de la planta ilegal de MAB y usar su asfalto pocos días después, habría incurrido en un delito previsto en el Código Penal
Sant Josep | J. Ll. Ferrer
El grupo municipal del Pacto Progresista en el Ayuntamiento de Sant Josep ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Eivissa contra el alcalde, José Serra Escandell, por las obras de asfaltado que realizó el mes pasado en un negocio de su propiedad con material procedente de la fábrica de aglomerado con orden de clausura dictada por el propio Ayuntamiento.
En su escrito de denuncia, el grupo de la oposición progresista recuerda como principales hechos la orden de precinto de la planta asfáltica de la constructora MAB -que realiza las obras del segundo cinturón de ronda-, dictada el día 8 de septiembre por el equipo de gobierno municipal.
También se cita la confirmación judicial de la orden de cierre, dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma el día 16 del mismo mes y, finalmente -y en contraste con todo ello-, la decisión adoptada por el alcalde el día 5 de octubre de ordenar la suspensión de la orden de cierre.
Acto seguido, máquinas de MAB utilizando asfalto de la planta ilegal procedieron a pavimentar un negocio de náutica del propio alcalde, quien luego alegó total desconocimiento de los hechos y descargó toda la responsabilidad en su empleado.
El grupo del Pacto señala que «la autorización del alcalde de desprecintar por diez días la planta, además de ser una decisión personal y unilateral -que no de la junta de gobierno local del Ayuntamiento-, no tiene ningún informe jurídico ni externo ni de la asesoría jurídica o la secretaría del propio Ayuntamiento; sólo tiene la firma del alcalde».
«El hecho de que Serra Escandell, en su calidad de empresario, fuera un beneficiario del funcionamiento de esta planta asfáltica durante unos días después de haberla desprecintado, entendemos que de forma ilegal, representa un hecho constitutivo de delito del que se deben derivar actuaciones penales», agrega la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.
Aunque no especifica qué tipo de infracción penal podría haber cometido Serra Escandell, los progresistas sugieren que podría tratarse de uno relacionado con prevaricación, ya que «el Código Penal refleja en una serie de artículos que los funcionarios y autoridades no pueden dictar resoluciones injustas y que, además, vayan en beneficio propio, como entendemos que puede ser este caso».
Asimismo, el Pacto de Sant Josep quita cualquier credibilidad a la explicación dada por Serra Escandell según la cual todo fue decisión de su encargado. «Hemos de pensar que toda esta operación se hacía con el conocimiento y tal vez el encargo directo del señor Serra Escandell, que actuaba dando un permiso irregular como alcalde de Sant Josep y luego se beneficiaba del producto de esta instalació como empresario».
«Sería necesario establecer la relación contractual entre las empresas MAB y la de Serra Escandell y saber si se ha pagado un precio por este trabajo, o si ha sido gratis. Si se ha pagado un precio, se debería saber si había un presupuesto previo, aceptado por la empresa de Serra Escandell, o saber cuáles son los poderes de este encargado dentro de la sociedad mencionada y si estos poderes alcanzan para pedir en nombre del administrador o apoderado un trabajo como este», añade el grupo de la oposición.
La fiscalía de Eivissa deberá ahora decidir si abre diligencias informativas sobre los hechos contenidos en esta denuncia o si, por el contrario, procede al archivo de la misma.
Las acusaciones
Orden de reapertura
«La decisión de desprecintar la planta tras haberla cerrado con un auto judicial no se entiende de ninguna manera ni creemos que sea legal».
Código Penal
«El Código Penal refleja en una serie de artículos que los funcionarios y autoridades no pueden dictar resoluciones injustas y que, además, vayan en beneficio propio, como creemos que puede ser este caso».
La excusa del encargado
«Tampoco se puede creer que la decisión del asfaltado fuera cosa de su encargado, porque los testimonios gráficos de Diario de Ibiza dejan constancia de su presencia [del alcalde] en el lugar».
El precio del asfaltado
«Sería necesario saber si Serra Escandell ha pagado por este trabajo o si ha sido gratis».