 |
El arquitecto municipal de Sant Josep autorizó un proyecto de su propia nuera en Cala Carbó |
(Diario de Ibiza, 18/11/2005)
Un informe de Huerta permitió que las obras se reanudaran después de haber sido paralizadas tras una denuncia por exceso de altura. El técnico informó tres veces sobre la legalidad de este proyecto
Sant Josep | Joan Lluís Ferrer
El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, informó favorablemente en enero de este año un proyecto para la construcción de un bloque de apartamentos en Cala Carbó que había sido redactado por su propia nuera, Pilar Fernández Pérez. Esta promoción urbanística, además, se ha visto envuelta en irregularidades, ya que el Ayuntamiento admitió primero que se habría sobrepasado la altura máxima autorizada y por ello paralizó las obras. Sin embargo, a raíz de otro informe del propio Huerta se autorizó la reanudación de los trabajos.
Según ha comprobado este periódico tras consultar los expedientes 23/05 y 146/03, la empresa Valor Real Talamanca, a través Guido Büendgens, solicitó el 6 de octubre de 2004 licencia para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y piscina común en una parcela de la unidad de Actuación 4.1. I. de Cala Carbó. La arquitecta que firma el proyecto es Pilar Fernández Pérez, que también dirigió la urbanización ilegal de Cala Molí, que está siendo objeto de investigación por la Fiscalía.
El 19 de enero de 2005 Antonio Huerta emitió un informe en el que afirmaba que el proyecto cumplía con la normativa vigente y que, además, «no altera la superficie autorizada en el proyecto inicial», puesto que se trataba de la modificación de un proyecto antiguo.
La licencia de obras fue concedida por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en su reunión del 3 de febrero de 2005, basándose en el informe de Huerta.
A raíz de unas denuncias vecinales que aseguraban que la promotora incumplía el proyecto y estaba levantando cuatro pisos de altura en vez de los tres autorizados, el propio Huerta emitió un informe donde confirmaba este extremo. Dicho dictamen, del 31 de mayo, asegura que la construcción «excede una planta sobre las condiciones de la licencia».
Alegaciones aceptadas
Acto seguido, y en concreto el 2 de junio, llegan simultáneamente al Ayuntamiento tres escritos alegando contra esa paralización: uno del constructor, otro del promotor y otro de la arquitecta. Ésta última pide que se levante el precinto argumentando que «por razones de seguridad estructural, ha sido necesaria una mayor excavación de la proyectada inicialmente para encontrar el firme adecuado, lo que ha provocado una mayor longitud de pilares en parte del volumen del primer edificio, siendo necesaria la disposición de una serie de vigas de atado, uniendo dichos pilares en el punto medio de su longitud, causando desde el exterior la falsa imagen de una planta de más en el conjunto». «En ningún momento se sobrepasa la altura máxima», recalca la arquitecta.
Cuatro días después, Antonio Huerta, emitió un nuevo informe en el que admitía las alegaciones de su nuera y dictaminaba: «Procede estimar las mismas y levantar la suspensión cautelar de las obras».
Este informe sirvió a su vez para que el alcalde, José Serra, mediante un decreto, levantara oficialmente la suspensión de las obras el día 8 de junio.
Un informe de Huerta permitió que las obras se reanudaran después de haber sido paralizadas tras una denuncia por exceso de altura. El técnico informó tres veces sobre la legalidad de este proyecto
Sant Josep | Joan Lluís Ferrer
El arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, informó favorablemente en enero de este año un proyecto para la construcción de un bloque de apartamentos en Cala Carbó que había sido redactado por su propia nuera, Pilar Fernández Pérez. Esta promoción urbanística, además, se ha visto envuelta en irregularidades, ya que el Ayuntamiento admitió primero que se habría sobrepasado la altura máxima autorizada y por ello paralizó las obras. Sin embargo, a raíz de otro informe del propio Huerta se autorizó la reanudación de los trabajos.
Según ha comprobado este periódico tras consultar los expedientes 23/05 y 146/03, la empresa Valor Real Talamanca, a través Guido Büendgens, solicitó el 6 de octubre de 2004 licencia para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y piscina común en una parcela de la unidad de Actuación 4.1. I. de Cala Carbó. La arquitecta que firma el proyecto es Pilar Fernández Pérez, que también dirigió la urbanización ilegal de Cala Molí, que está siendo objeto de investigación por la Fiscalía.
El 19 de enero de 2005 Antonio Huerta emitió un informe en el que afirmaba que el proyecto cumplía con la normativa vigente y que, además, «no altera la superficie autorizada en el proyecto inicial», puesto que se trataba de la modificación de un proyecto antiguo.
La licencia de obras fue concedida por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en su reunión del 3 de febrero de 2005, basándose en el informe de Huerta.
A raíz de unas denuncias vecinales que aseguraban que la promotora incumplía el proyecto y estaba levantando cuatro pisos de altura en vez de los tres autorizados, el propio Huerta emitió un informe donde confirmaba este extremo. Dicho dictamen, del 31 de mayo, asegura que la construcción «excede una planta sobre las condiciones de la licencia».
Alegaciones aceptadas
Acto seguido, y en concreto el 2 de junio, llegan simultáneamente al Ayuntamiento tres escritos alegando contra esa paralización: uno del constructor, otro del promotor y otro de la arquitecta. Ésta última pide que se levante el precinto argumentando que «por razones de seguridad estructural, ha sido necesaria una mayor excavación de la proyectada inicialmente para encontrar el firme adecuado, lo que ha provocado una mayor longitud de pilares en parte del volumen del primer edificio, siendo necesaria la disposición de una serie de vigas de atado, uniendo dichos pilares en el punto medio de su longitud, causando desde el exterior la falsa imagen de una planta de más en el conjunto». «En ningún momento se sobrepasa la altura máxima», recalca la arquitecta.
Cuatro días después, Antonio Huerta, emitió un nuevo informe en el que admitía las alegaciones de su nuera y dictaminaba: «Procede estimar las mismas y levantar la suspensión cautelar de las obras».
Este informe sirvió a su vez para que el alcalde, José Serra, mediante un decreto, levantara oficialmente la suspensión de las obras el día 8 de junio.
El GEN afirma que la obra supera un 100% lo permitido
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) ha remitido una denuncia al Ayuntamiento de Sant Josep en la que asegura que en la zona de ses Serretes de Cala Carbó, concretamente en el Área de Actuación 4.1, «se está produciendo un exceso de aprovechamiento urbanístico que puede superar en un 100 por ciento lo permitido por el planeamiento municipal».
El GEN señala que en una de las parcelas de este área se permitía un máximo de 14 viviendas y, en la otra parcela del mismo polígono, otras seis, lo que totaliza un máximo de veinte viviendas.
La denuncia de los ecologistas va acompañada de una fotografía de esta urbanización en la que se evidencia un mayor número de viviendas de las permitidas en la parcela número 2. En cuanto a la parcela número 1, «en ella se podían autorizar hasta seis viviendas, pero se ha podido constatar que existe una licencia otorgada este mismo año para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y piscina, lo cual supone, al menos, duplicar la densidad máxima permitida en la normativa municipal», agrega la denuncia.
Asimismo, el GEN señala que, pese a que la normativa municipal establece un tope de tres plantas de altura por edificio, «los promotores están levantando artificialmente los edificios, consiguiendo un total de cuatro plantas al no adaptarse a la pendiente natural del terreno». «Esta elevación extra es posteriormente disimulada con la creación de terrazas, cuyos muros ocultan la altura extra dada a los edificios», añade esta organización.