(Diario de Mallorca, 14/08/2005)

En nombre del interés general

EDITORIAL

La declaración de interés general para evitar la rigidez de las normas urbanísticas ha sido siempre un arma de doble filo. Por una parte es una figura necesaria para autorizar obras que por su carácter excepcional no tendrían cabida en los planes vigentes y que, sin embargo, son aconsejables al ser proyectos estratégicos para el desarrollo social o económico de una determinada comunidad. Pero por otro lado, precisamente por su excepcionalidad, es una fórmula que permite saltarse las normas y caer en el abuso o servir para legalizar obras que de otra forma no podrían permitirse. En definitiva, si no se utiliza adecuadamente, se convierte en una trampa que va directamente contra el interés general bajo el que se ampara.

Desgraciadamente, en Mallorca la declaración de interés general no es lo excepcional que se supone debería ser. En su nombre se han legalizado o se pretendían legalizar desde campos de golf a centros turísticos o residenciales y clubs hípicos como el de la Agrupació de Cavallistes de ses Salines, ubicado en una propiedad del alcalde de esta localidad. El club no es sino la residencia privada de Sebastià Vidal, a la que se han añadido unas cuadras que, al igual que la casa, carecen de licencia. Una situación irregular que tras ser aireada en Diario de Mallorca a mediados de julio han llenado ríos de tinta, provocando no poca indignación social.

Indignación y escándalo, a pesar de que la opinión pública de estas islas esté muy acostumbrada a las irregularidades urbanísticas y a que, a veces, muchos ayuntamientos, e incluso el Consell o el Govern, parezcan juguetes al servicio de intereses muy particulares. Y es que el asunto de ses Salines tiene un agravante que lo hace diferente. Se trata de un alcalde del PP que para justificar su petición se sirvió de otros once alcaldes de su mismo partido para que expidieran certificados sobre la actividad de una agrupación con efectos bastante anteriores a su propia creación. Engañados o ilusos, los alcaldes cayeron en la red tendida por su correligionario, lo que sirvió para que el Consell de Mallorca aprobara la declaración de interés general para la finca objeto de la polémica.

Uno de los alcaldes que firmaron los certificados, Antoni Serra de sa Pobla, se ha reprobado a sí mismo por esta cuestión. Es un hecho que le honra y que podría ser seguido por alguno de sus colegas, como el de Santanyí, pero que no evita las sospechas sobre la discrecionalidad de las políticas o de todos los asuntos relacionados con el urbanismo. Los hechos certifican, en la misma medida que los alcaldes han certificado falsamente las actividades de la Agrupació de Cavallistes de ses Salines, la arbitrariedad y, sobre todo, lo conveniente que resulta tener un buen padrino para legalizar lo que a todas luces es ilegalizable.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El PP ha exigido explicaciones a sus alcaldes, aunque falta saber qué pasará con el de ses Salines, dado que, según el presidente insular del PP está "en una situación complicada a nivel político y personal". Por otra parte, en el Consell de Mallorca se ha anunciado una revisión del expediente con el objeto de retirar la declaración de interés general si se comprueban las irregularidades denunciadas.

No es suficiente. No basta con denunciar y sancionar un caso, por muy relevante que sea, sino que se debe profundizar en el tema y proceder a fondo a una revisión de las declaraciones de interés general y a sus formas de concesión, y por supuesto, llevar a cabo todas cuantas inspecciones sean necesarias para garantizar tanto la disciplina urbanística como la igualdad de oportunidades para todo el mundo y no sólo para quienes están cerca del poder. Aunque suene a paradójico, a favor del interés general hay que denunciar los abusos que se cometen en su nombre.

Comentari de Disúrbia:

En el nostre parer, encerta aquest editorial en assenyalar la necessitat d'atendre la realitat (les inspeccions) abans que els papers en el moment de concedir els interessos generals. Disortadament, la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca viu en un altre món, d'il·lusió i fantasia, en què s'aproven planejaments que després ningú no compleix i en què un certificat -un paper com mentres- té més valor que els fets constatables. Per una altra banda, veiem una altra vegada com també bada la Fiscalia en qüestions com aquesta, que tant s'apropen als delictes de sedició. Tot plegat, no és més que l'enèssima demostració del fracàs de les institucions -de totes- en el control de la disciplina urbanística, i de la nul·la voluntat política existent per posar-hi remei, sobre tot quan són les mateixes autoritats (l'aquelarre de batles d'un mateix partit, les conselleries que informen de qualsevol manera, i una CIUM que viu en Bàbia), qui propicien les més flagrants infraccions.