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Menorca: la "policía urbanística" operará en septiembre |
(El Mundo, 13/08/2005)
M.C.
MAÓ.- El Consorcio para la protección de la legalidad urbanística del suelo rústico menorquín empezará a funcionar a mediados del mes de septiembre. Así consta en un comunicado remitido ayer por el Consell Insular. El Consorcio, que se constituyó el pasado 17 de junio, aprobó ayer las bases y la convocatoria pública de la contratación de personal. En total, el nuevo organismo dará trabajo a cuatro personas: un asesor jurídico, un auxiliar de inspección, un inspector y un administrativo.
La misión principal del Consorcio es velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular (PTI) en el campo. Pero no todos los municipios de la isla están adheridos al ente. Ciutadella y Ferreries no quisieron suscribirse a la iniciativa, por lo que más de un tercio del territorio queda fuera del control de esta «política urbanística» que ha sentado un precedente en España.
Sin embargo, en el momento de la constitución del ente, el portavoz insular del PP, José Seguí, criticó al Consell «porque con todos los escándalos urbanísticos que ha tenido, no es quien para dar lecciones» aseveró, y además puso en duda la «eficacia» del organismo.
El Consorcio dispone de personalidad jurídica propia y tendrá potestad para expedientar y sancionar, bajo un criterio unificado de control de disciplina urbanística en suelo rústico. El presupuesto para sostener el organismo es de 128.000 euros, aunque la intención es que en un futuro se autofinancie con la propia recaudación de las multas que se imponga la Junta de Gobierno.
M.C.
MAÓ.- El Consorcio para la protección de la legalidad urbanística del suelo rústico menorquín empezará a funcionar a mediados del mes de septiembre. Así consta en un comunicado remitido ayer por el Consell Insular. El Consorcio, que se constituyó el pasado 17 de junio, aprobó ayer las bases y la convocatoria pública de la contratación de personal. En total, el nuevo organismo dará trabajo a cuatro personas: un asesor jurídico, un auxiliar de inspección, un inspector y un administrativo.
La misión principal del Consorcio es velar por el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular (PTI) en el campo. Pero no todos los municipios de la isla están adheridos al ente. Ciutadella y Ferreries no quisieron suscribirse a la iniciativa, por lo que más de un tercio del territorio queda fuera del control de esta «política urbanística» que ha sentado un precedente en España.
Sin embargo, en el momento de la constitución del ente, el portavoz insular del PP, José Seguí, criticó al Consell «porque con todos los escándalos urbanísticos que ha tenido, no es quien para dar lecciones» aseveró, y además puso en duda la «eficacia» del organismo.
El Consorcio dispone de personalidad jurídica propia y tendrá potestad para expedientar y sancionar, bajo un criterio unificado de control de disciplina urbanística en suelo rústico. El presupuesto para sostener el organismo es de 128.000 euros, aunque la intención es que en un futuro se autofinancie con la propia recaudación de las multas que se imponga la Junta de Gobierno.