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Maó: Vilarrubí dice que la licencia del edificio Estribor fue legal porque el Plan General tiene «distintas interpretaciones» |
(El Mundo, 15/07/2005)
El ex arquitecto municipal de Maó comparece al fin ante la comisión que investiga el ‘pelotazo’ de Borja Carreras - Asegura que nadie le presionó para aprobar el proyecto del ex alcalde socialista
MIREYA ROURA MAÓ.— La comparecencia más esperada de todas. El ex arquitecto municipal, Francesc Vilarrubí, desplegó por fin ayer los mapas sobre la mesa de la comisión que investiga el caso Estribor. Para justificar la legalidad de las licencias que concedió a la promotora vinculada al ex alcalde Borja Carreras alegó que el proyecto se ajustaba a la normativa urbanística. A su juicio, el Plan General de Maó es muy ambiguo y es por ello que puede ser interpretado de diferentes maneras. No obstante, su declaración no estuvo exenta de contradicciones.
Pese a que el perito independiente, Joan Morey, certificó el pasado diciembre que el Ayuntamiento de Maó vendió la parcela a la empresa tapadera del ex alcalde, Andén de Levante, por 30 millones de pesetas menos de su precio real y que luego le permitió exceder en 1.700 metros cuadrados la edificabilidad permitida, Vilarrubí contradijo al ex arquitecto con una visión muy diferente del Plan General.
Según recordó la teniente de alcalde de Ciudad y Medio Ambiente, Gari Petrus, «Vilarrubí nos ha dejado tranquilos al certificar que el Plan General puede tener diferentes interpretaciones por lo que los parámetros de la norma no han sido transgredidos». La edil quiso remarcar que la arquitectura no es una ciencia exacta y que no existe una fórmula matemática para aplicar la norma.
No obstante, la existencia de contradicciones en la declaración del ex arquitecto lo delata. Vilarrubí aseguró que en su informe para valorar económicamente la oferta de Andén de Levante no había tenido en cuenta la posibilidad de los altillos. Es decir, contó la planta baja, el segundo y el tercer piso pero no los altillos.
Sin embargo, en el pliegue de condiciones que elaboró al día siguiente, el 22 de julio de 1.996, hizo constar entre los datos urbanísticos la existencia de los altillos.
«Se trata de una contradicción muy significativa», recordó el portavoz del PP en Maó, Juan Manuel Lafuente. A su juicio, este hecho se intepreta de la siguiente manera. El Ayuntamiento, tras que la subasta quedara desierta, optó por un procedimiento negociado para adjudicar una parcela municipal a alto precio con poca edificabilidad. Tanto los promotores del edificio Estribor, como el representante legal de Rotosa, consideraron que las condiciones estaban fuera de mercado. «Vilarrubí no contó con los altillo.
Esto hace que no se presente nadie, y sólo lo haga el que sabe que podrá modificarlo», explicó el portavoz quien se refería a que el único que podía hacerlo era Andén de Levante que 48 horas después de adquirir la parcela se la traspasó por al mismo precio a Fort de l’Eau , tras la que se ocultaba el ex alcalde de Maó, Borja Carreras. Pero, de hecho, existieron dos empresas que participaron en el procedimiento negociado. Rotosa fue descartada porque ofrecía menos dinero que el resto, pero no contaba con que se pudieran construir altillos. Su representante legal, Bienvenido Rosa, declaró a este diario: «El Ayuntamiento no quería que yo me quedara con los terrenos. Todo estaba pensado desde el principio». También la otra oferta, Inseg, fue descartada.
Al respecto, Lafuente explicó que había visto el croquis presentado por la empresa. «Se trataba de un boceto hecho a lapiz», dijo. Fue este mismo boceto, a lápiz, el que luego se descartó por incumplir el Plan General. En cambio, el primer croquis de Andén de Levante contaba con todo lujo de detalles y con todas las garantías de un profesional. Vilarrubí consideró que el proyecto se ajustaba, sin los altillos, al Plan General. Después, incluyó los altillos en el pliego de condiciones, y les concedió la licencia siempre y cuando Andén de Levante cumpliera con una serie de prescripciones necesarias para que se cumpliera el Plan General: la inclinación de los altillos, o la modificación de las terrazas. Prescripciones que tampoco se cumplieron.
El resultado es el edificio Estribor, un inmueble que, según certificó el perito independiente, excede en un 31% la edificabilidad permitida por la normativa urbanística.
Tras estas conclusiones, la abogada independiente, Lourdes Mazorra, determinó que las sucesivas licencias de obra que el Ayuntamiento otorgó para construir el inmueble están «viciadas de nulidad» ya que los distintos proyectos presentados vulneraban el planeamiento urbanístico.
El hecho de que todo el proceso esté viciado de nulidad no es moco de pavo. Si el Ayuntamiento acatara este dictamen, el follón jurídico estaría servido sobre la mesa. En primer lugar, las infracciones urbanísticas no habrían prescrito por lo que es probable que parte del edificio tuviera que demolerse lo que acarrearía grandiosas indemnizaciones no sólo para los vecinos afectados, sino que, paradójicamente, para los mismos promotores.
Además, las responsabilidades políticas, con sus consiguientes dimisiones, serían brutales. Para ofrecer otra alternativa a este panorama, el PSOE encargó cuatro informes «a la carta» que rebajan las graves consecuencias a meras infracciones urbanísticas.
El ex arquitecto municipal de Maó comparece al fin ante la comisión que investiga el ‘pelotazo’ de Borja Carreras - Asegura que nadie le presionó para aprobar el proyecto del ex alcalde socialista
MIREYA ROURA MAÓ.— La comparecencia más esperada de todas. El ex arquitecto municipal, Francesc Vilarrubí, desplegó por fin ayer los mapas sobre la mesa de la comisión que investiga el caso Estribor. Para justificar la legalidad de las licencias que concedió a la promotora vinculada al ex alcalde Borja Carreras alegó que el proyecto se ajustaba a la normativa urbanística. A su juicio, el Plan General de Maó es muy ambiguo y es por ello que puede ser interpretado de diferentes maneras. No obstante, su declaración no estuvo exenta de contradicciones.
Pese a que el perito independiente, Joan Morey, certificó el pasado diciembre que el Ayuntamiento de Maó vendió la parcela a la empresa tapadera del ex alcalde, Andén de Levante, por 30 millones de pesetas menos de su precio real y que luego le permitió exceder en 1.700 metros cuadrados la edificabilidad permitida, Vilarrubí contradijo al ex arquitecto con una visión muy diferente del Plan General.
Según recordó la teniente de alcalde de Ciudad y Medio Ambiente, Gari Petrus, «Vilarrubí nos ha dejado tranquilos al certificar que el Plan General puede tener diferentes interpretaciones por lo que los parámetros de la norma no han sido transgredidos». La edil quiso remarcar que la arquitectura no es una ciencia exacta y que no existe una fórmula matemática para aplicar la norma.
No obstante, la existencia de contradicciones en la declaración del ex arquitecto lo delata. Vilarrubí aseguró que en su informe para valorar económicamente la oferta de Andén de Levante no había tenido en cuenta la posibilidad de los altillos. Es decir, contó la planta baja, el segundo y el tercer piso pero no los altillos.
Sin embargo, en el pliegue de condiciones que elaboró al día siguiente, el 22 de julio de 1.996, hizo constar entre los datos urbanísticos la existencia de los altillos.
«Se trata de una contradicción muy significativa», recordó el portavoz del PP en Maó, Juan Manuel Lafuente. A su juicio, este hecho se intepreta de la siguiente manera. El Ayuntamiento, tras que la subasta quedara desierta, optó por un procedimiento negociado para adjudicar una parcela municipal a alto precio con poca edificabilidad. Tanto los promotores del edificio Estribor, como el representante legal de Rotosa, consideraron que las condiciones estaban fuera de mercado. «Vilarrubí no contó con los altillo.
Esto hace que no se presente nadie, y sólo lo haga el que sabe que podrá modificarlo», explicó el portavoz quien se refería a que el único que podía hacerlo era Andén de Levante que 48 horas después de adquirir la parcela se la traspasó por al mismo precio a Fort de l’Eau , tras la que se ocultaba el ex alcalde de Maó, Borja Carreras. Pero, de hecho, existieron dos empresas que participaron en el procedimiento negociado. Rotosa fue descartada porque ofrecía menos dinero que el resto, pero no contaba con que se pudieran construir altillos. Su representante legal, Bienvenido Rosa, declaró a este diario: «El Ayuntamiento no quería que yo me quedara con los terrenos. Todo estaba pensado desde el principio». También la otra oferta, Inseg, fue descartada.
Al respecto, Lafuente explicó que había visto el croquis presentado por la empresa. «Se trataba de un boceto hecho a lapiz», dijo. Fue este mismo boceto, a lápiz, el que luego se descartó por incumplir el Plan General. En cambio, el primer croquis de Andén de Levante contaba con todo lujo de detalles y con todas las garantías de un profesional. Vilarrubí consideró que el proyecto se ajustaba, sin los altillos, al Plan General. Después, incluyó los altillos en el pliego de condiciones, y les concedió la licencia siempre y cuando Andén de Levante cumpliera con una serie de prescripciones necesarias para que se cumpliera el Plan General: la inclinación de los altillos, o la modificación de las terrazas. Prescripciones que tampoco se cumplieron.
El resultado es el edificio Estribor, un inmueble que, según certificó el perito independiente, excede en un 31% la edificabilidad permitida por la normativa urbanística.
Tras estas conclusiones, la abogada independiente, Lourdes Mazorra, determinó que las sucesivas licencias de obra que el Ayuntamiento otorgó para construir el inmueble están «viciadas de nulidad» ya que los distintos proyectos presentados vulneraban el planeamiento urbanístico.
El hecho de que todo el proceso esté viciado de nulidad no es moco de pavo. Si el Ayuntamiento acatara este dictamen, el follón jurídico estaría servido sobre la mesa. En primer lugar, las infracciones urbanísticas no habrían prescrito por lo que es probable que parte del edificio tuviera que demolerse lo que acarrearía grandiosas indemnizaciones no sólo para los vecinos afectados, sino que, paradójicamente, para los mismos promotores.
Además, las responsabilidades políticas, con sus consiguientes dimisiones, serían brutales. Para ofrecer otra alternativa a este panorama, el PSOE encargó cuatro informes «a la carta» que rebajan las graves consecuencias a meras infracciones urbanísticas.