El alcalde de Santa Eulària no aclara por qué consiente una cantera sin licencia municipal |
El alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, reiteró ayer ante el juez que las licencias municipales de la cantera Ses Planes, que funciona desde 1979, «están en tramitación», y no aclaró cómo es que, pese a ello, esta explotación no ha sido todavía clausurada. El alcalde declaró como imputado dentro de las diligencias abiertas por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Los dueños de la explotación, los hermanos Parrot, destacaron los perjuicios sociales que conllevaría el cierre de la industria, de la que viven unas 40 familias, según dijeron.
eivissa | joan lluís ferrer
El alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch Tur, no aclaró ayer en su comparecencia ante el juez por qué viene permitiendo desde el año 1979 el funcionamiento de la cantera Ses Planes, cerca de Jesús, pese a carecer de las preceptivas licencias municipales. Guasch declaró en calidad de imputado ante el magistrado Santiago Pinsach, titular del juzgado de instrucción número 4 de Eivissa, en relación a las diligencias abiertas por un posible delito contra el medio ambiente.
La comparecencia del alcalde de Santa Eulària, que acudió ante el juez acompañado de su abogado, Jaume Roig, apenas duró veinte minutos y en el transcurso de la misma sólo repitió los argumentos que ya había expresado en comunicados de prensa hace un mes: que la cantera Ses Planes tiene numerosos permisos y autorizaciones de varias administraciones, sobre todo del Ministerio de Industria y la dirección general de Minas, que amparan su funcionamiento.
Sin embargo, cuando le fue preguntada la existencia de las licencias municipales de actividad y funcionamiento que prevé la ley, el alcalde se limitó a afirmar: «Están en trámite», tal y como ya había dicho con anterioridad, en un reconocimiento explícito de que aún no existen, pese a lo cual la cantera se encuentra actualmente a pleno rendimiento.
Al salir del despacho del juez, el alcalde rehusó prodigarse en manifestaciones ante los periodistas que le aguardaban y se limitó a decir: «He contestado todo lo que me han preguntado y las cosas técnicas ya las dirán los técnicos».
Su abogado, igualmente parco en palabras, manifestó: «Hay un Plan Director Sectorial de Canteras que obliga a todos. No es cuestión de paralizar o no paralizar; es cuestión de exigir que se adapte a la normativa legal reguladora existente y esto, por parte de la Administración, se ha hecho de forma puntual y exquisita».
Aparte de Vicente Guasch ayer comparecieron ante el juez, también como imputados, los hermanos José y Manuel Parrot, propietarios de la industria de Ses Planes. En calidad de testigos declararon el consultor ambiental Bartolomé Planas y el ingeniero industrial y asesor del Ayuntamiento de Santa Eulària Ángel Guerrero.
El primero ratificó el dictamen que emitió con anterioridad acerca de los efectos de la cantera sobre el medio ambiente y el vecindario, mientras que el segundo corroboró el contenido del informe técnico que suscribió para el Ayuntamiento, en el que advertía de la imposibilidad legal de otorgar licencia municipal a esta cantera, por incumplir la normativa urbanística aplicable.
A juicio del abogado que representaba a la entidad denunciante, Hábitat y Basuras, Carlos Serrano, dicho informe es «absolutamente rotundo» en el rechazo a esa posible licencia y es, por ello, de suma importancia dentro de la causa abierta.
Retirada la obligación de fianza
Por otra parte, el juez que instruye las diligencias ha aceptado un recurso de los promotores y ha retirado la petición de depositar una fianza de 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El abogado de Hábitat y Basuras opinió que esta decisión del juez «no prejuzga nada» e interpretó que no les parece «algo fundamental», por lo que restó importancia a la decisión del juez.
Parrot: «Se perderán 40 empleos»
eivissa | j. ll. ferrer
José y Manuel Parrot aseguraron ayer al juez que si la cantera viene funcionando desde hace 26 años es porque «cumple con la normativa exigible», aunque su abogado, Manuel González Peeters, se negó a aclarar ante los medios de comunicación cuál es esa normativa.
Durante su comparecencia ante el magistrado, los propietarios de esta industria destacaron que unas 40 familias dependen económicamente de esta cantera, por lo que su cierre conllevaría un problema social y numerosos despidos.
Los dos empresarios afirmaron que las voladuras con explosivos que se realizan en el interior del recinto se hacen de acuerdo con la normativa vigente y con los permisos exigidos por la ley.
Dictamen ambiental
Por otra parte, el dictamen ambiental de la empresa Duna Baleares SL revela que existen numerosas viviendas y núcleos urbanos en el perímetro de dos kilómetros a la redonda en el que, según la ley, está prohibida la existencia de este tipo de industrias.
Asimismo, este informe señala que las explosiones de la cantera han provocado desperfectos materiales en al menos una vivienda de la zona, cuyos propietarios han presentado la correspondiente denuncia en los juzgados, que en la actualidad la está tramitando. También se destaca la desaparición de un hábitat natural de tipo forestal.
«El delito no ha prescrito porque es permanente»
El abogado de Hábitat y Basuras mostró su decepción por las manifestaciones del alcalde ante el juez, puesto que «no ha aclarado prácticamente nada», hasta el punto de que la acusación pedirá al Ayuntamiento información técnica que Vicente Guasch no pudo proporcionar ayer.
Sobre la argumentación de los imputados de que el delito contra el medio ambiente y los recursos naturales habría ya prescrito, Carlos Serrano afirmó que el propio auto emitido por el juez recientemente «lo deja bien claro». «Es un delito permanente que se comete mientras la cantera funciona; es decir, la prescripción empezaría a contar desde el momento en que desaparece el delito», cosa que aún no habría sucedido, porque la cantera Ses Planes permanece totalmente activa en estos momentos. «Mientras funcione no puede empezar a contar la prescripción», recalcó.
El abogado de Hábitat y Basuras, perteneciente a un despacho de Madrid, y que trabaja en coordinación con el letrado Javier Mariño, de Eivissa, no tiene previsto de momento solicitar al juez que instruye el caso nuevas comparecencias en este caso, pero sí recabar más documentación al Ayuntamiento de Santa Eulària para esclarecer las circunstancias que han rodeado el funcionamiento de Ses Planes, durante 26 años, sin disponer de los preceptivos permisos municipales. | J. Ll. F.