La COP acusa al alcalde de Formentera de construir un almacén sin licencia |
La oposición municipal asegura que «la obra es completamente ilegal» al carecer de proyecto y de licencia de obra mayor, «y porque su actividad no se corresponde con la calificación del suelo». El alcalde aplaza las explicaciones porque está recopilando información
FORMENTERA | CARMELO CONVALIA
«El almacén-lavandería vinculado al alcalde es completamente ilegal porque no tiene proyecto de obra mayor, no tiene licencia y porque su actividad no se corresponde con la calificación del suelo». Con estas palabras, el portavoz de la COP, Bartomeu Ferrer, confirmó ayer las sospechas que hicieron públicas la pasada semana en torno a la legalidad de la citada construcción, que se llevó a cabo con una licencia a nombre del padre del alcalde de Formentera, Juanma Costa.
El primer edil, que ayer iba a convocar una rueda de prensa para explicar la situación del almacén, avanzó que, «de momento, estamos buscando papeles y licencias de esa obra porque es de hace más de 30 años». Al no tener recopilada la información que demuestre la legalidad de la citada construcción, aplazó, sin fecha, las explicaciones públicas. El alcalde dió a entender que ese almacén, situado en el margen izquierdo de la carretera de es Pujols hacia las Salinas, está relacionado con el antiguo depósito de butano, ya en desuso, levantado hace tres décadas en el mismo solar en el que se encuentra la estructura ahora denunciada por la oposición.
Para la COP, la responsabilidad del alcalde en esta obra es directa y clara ya que «ha permitido que su familia haya hecho esa obra», y sostiene que «el actual volumen que aparece en el terreno se ha levantado en el último año». Sobre la posibilidad de que pidan la dimisión del alcalde, Bartomeu Ferrer matizó que «en estos momentos no hemos tratado esta cuestión, ya que estamos denunciando una ilegalidad». El concejal socialista añadió que «estamos estudiando con técnicos de nuestra confianza qué medidas podemos emprender, por lo que no descartamos cuantas acciones nos parezcan oportunas y cuando lo hayamos decidido lo haremos público», aseguró.
La oposición facilitó ayer una copia del expediente urbanístico 432/2001 relacionado con una solicitud de licencia de obra menor, fechada el 17 de diciembre de 2004, para la «sustitución de una puerta metálica y de columnas y refuerzo de las paredes», con un presupuesto de 1.502 euros, siendo la empresa constructora Inmobiliaria sa Vinya, también vinculada al alcalde. En febrero de 2002 el entonces alcalde la COP, Isidor Torres, pide al promotor un plano de la obra con las medidas del muro, que es aportado una semana más tarde. Finalmente, en abril de ese mismo año, es concedida la licencia indicando que «el muro no debe sobrepasar el metro de altura y en cualquier caso debe realizarse con mampostería tradicional de piedra», otro detalle que no se corresponde con la actual situación ya que el muro supera, de largo, el metro de altura y está construido con bloques y enlucido. El expediente incluye fotografías del inicio de la obra pero no del final, a pesar de que se indica en la misma que «deberá aportar fotos de la zona de actuación una vez realizadas las obras».
El alcalde pagó la tasa de la licencia de obra menorFORMENTERA | C. C.
La relación del alcalde de Formentera, Juanma Costa, con la construcción denunciada por la oposición municipal, queda perfectamente reflejada en el expediente urbanístico solicitado por la COP, ya que en la licencia de obra menor otorgada para cambiar una puerta metálica figura como la persona que satisface la cantidad expresada en la liquidación de la correspondiente tasa, que suma 53,34 euros. En 2002, Juanma Costa era el gestor del grupo de empresas vinculado a su familia, por lo que la COP entiende que tenía perfecto conocimiento de lo que se estaba haciendo.
Por otra parte, el alcalde explicó ayer que mantiene su compromiso de dejar visitar a la oposición las obras de la promoción de 36 viviendas que la empresa Apartamentos Paya S.L., también vinculada a su familia, está terminando en es Pujols, una vez que la promotora haya recibido las obras por parte del constructor.
Cuando la COP denunció la posible ilegalidad de las cajas de escalera que comunican las viviendas de los pisos superiores del eficio con la terraza, el alcalde contestó solicitando al concejal socialista José Ramón Mateos, que mostrará su vivienda al plantear dudas sobre la legalidad de su caja de escalera.
Al día siguiente, Mateos convocó a los medios de comunicación y enseñó su casa, aportando documentos para demostrar su legalidad. Posteriormente, la COP emplazó al alcalde a que hiciera lo propio con la citada promoción de es Pujols en el plazo de una semana, antes de que pudiera realizar alguna reforma interna.