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Sant Antoni: multa de 2.160 euros por incumplir una orden que paralizaba la construcción de una casa |
(Diario de Ibiza, 19/04/2005)
El Ayuntamiento de Sant Antoni denunció las obras de la vivienda, en Can Tomàs, porque no tenían licencia, pero el promotor continuó con los trabajos. Los hechos constituyen un delito de desobediencia.
EIVISSA | P. P.
Un hombre que comparecía ayer ante la juez acusado de un delito de desobediencia grave aceptó pagar una multa de 2.160 euros, por lo que finalmente no deberá entrar en prisión. Miguel Fernández Corbacho, de 54 años, fue denunciado en 2000 por continuar con las obras de una vivienda que carecía de licencia de obras y que había sido paralizada en 1999 por el Ayuntamiento de Sant Antoni porque carecía de licencia urbanística.
Las obras consistían en una planta baja y un semisótano de 300 metros cuadrados y el 4 de octubre de 1999, el celador municipal certificó que las obras carecían de permiso, tramitó una denuncia y ordenó la paralización de la construcción. Asimismo, el Ayuntamiento inició un expediente de infracción administrativa.
Sin embargo, el acusado continuó con las obras, según pudieron certificar los servicios técnicos municipales en abril de 2000, por lo que se ordenó el precinto de la construcción y se inició el procedimiento penal, acusando al hombre de un delito de desobediencia grave.
En el acto de juicio oral, las partes (la defensa, el fiscal público y la acusación particular) llegaron a un acuerdo: el acusado admitió los hechos y la pena se rebajó hasta seis meses de prisión. Debido a que el hombre carece de antecedentes penales y no iba a entrar en prisión, se sustituyó la pena de cárcel por 12 meses de multa a razón de 6 euros diarios, lo que supone una sanción de 2.160 euros además de sufragar las costas procesales.
El Ayuntamiento de Sant Antoni denunció las obras de la vivienda, en Can Tomàs, porque no tenían licencia, pero el promotor continuó con los trabajos. Los hechos constituyen un delito de desobediencia.
EIVISSA | P. P.
Un hombre que comparecía ayer ante la juez acusado de un delito de desobediencia grave aceptó pagar una multa de 2.160 euros, por lo que finalmente no deberá entrar en prisión. Miguel Fernández Corbacho, de 54 años, fue denunciado en 2000 por continuar con las obras de una vivienda que carecía de licencia de obras y que había sido paralizada en 1999 por el Ayuntamiento de Sant Antoni porque carecía de licencia urbanística.
Las obras consistían en una planta baja y un semisótano de 300 metros cuadrados y el 4 de octubre de 1999, el celador municipal certificó que las obras carecían de permiso, tramitó una denuncia y ordenó la paralización de la construcción. Asimismo, el Ayuntamiento inició un expediente de infracción administrativa.
Sin embargo, el acusado continuó con las obras, según pudieron certificar los servicios técnicos municipales en abril de 2000, por lo que se ordenó el precinto de la construcción y se inició el procedimiento penal, acusando al hombre de un delito de desobediencia grave.
En el acto de juicio oral, las partes (la defensa, el fiscal público y la acusación particular) llegaron a un acuerdo: el acusado admitió los hechos y la pena se rebajó hasta seis meses de prisión. Debido a que el hombre carece de antecedentes penales y no iba a entrar en prisión, se sustituyó la pena de cárcel por 12 meses de multa a razón de 6 euros diarios, lo que supone una sanción de 2.160 euros además de sufragar las costas procesales.