El GEN pide al Consell más medios contra las obras ilegales |
Los ecologistas piden «al menos una docena de celadores» para vigilar las infracciones urbanísticas, así como una oficina especializada
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) emitió ayer un comunicado en el que reclama al Consell Insular que multiplique los efectivos humanos y materiales para hacer cumplir la legalidad urbanística. Los ecologistas aseguran que «en la actualidad, el Consell dispone de unos medios para garantizar la disciplina urbanística absolutamente ridículos, que se concretan en dos o tres celadores, uno o dos vehículos y poca cosa más».
Esta situación «no demuestra ninguna voluntad real de perseguir las infracciones». «Esto representa una situación gravísima, ya que se premia y se estimula que se cometan ilegalidades por todas partes», agrega el GEN.
Por ello, la organización ecologista pitiusa pide al Consell que «se dote de un Cuerpo de Disciplina Urbanística compuesto por una importante cantidad de celadores, no inferior una docena, para poder controlar sobre el terreno las infracciones. Esta unidad debería contar también con el parque automovilístico, los asesores jurídicos específicos y otros recursos humanos y materiales suficientes para poder combatir eficazmente las obras ilegales que proliferan en las islas y que amenazan la utilidad de las leyes aprobadas».
Oficina y presupuesto anual
El GEN estima que «este Cuerpo de Disciplina Urbanística debería tener una oficina propia, una asignación presupuestaria anual y un funcionamiento autónomo, para no mezclar su trabajo con el general de la conselleria de Urbanismo», agrega la nota.
Los ecologistas señalan que este tipo de funcionamiento «es el que han elegido otros consells insulares, que han conseguido implantar en la sociedad una sensación de respeto a la ley, que es la única manera de conseguir que las normas se cumplan. Continuar con una sensación de impunidad y de falta de control hará inservible tanto el Plan Territorial Insular como los planes generales y cualquier otra normativa que busque una ordenación de nuestro castigado territorio».