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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears | |
Eivissa: la Fiscalía pide al juez que archive el caso de la cantera de Can Capità(Diario de Ibiza, 19/04/2010)Argumenta que no puede exigir responsabilidades penales por un supuesto delito contra el medio ambiente al propietario después de que una sentencia del TSJB del año 2000 avalase su actividad mientras se legalizaba IBIZA | E. RODRÍGUEZ La Fiscalía pide al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza que decrete el archivo del caso de la cantera Canal d´en Capità, que se encuentra en el término municipal de Ibiza, al entender que no puede exigir responsabilidad penal (la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente) a un particular (el propietario de la explotación) que «se comporta con arreglo a lo declarado acorde con el ordenamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Balears». Se refiere a una sentencia de dicho tribunal del año 2000 que avalaba el levantamiento de la orden de cierre de la cantera para conceder un plazo mayor al propietario para regularizar la situación de la explotación a través de la iniciada adaptación al Plan Sectorial de Canteras del Govern balear. Cabe tener en cuenta que entonces la cantera carecía de las correspondientes licencias de instalación, apertura y funcionamiento y sólo disponía de una autorización minera otorgada en 1967. El Ministerio Público recuerda que el Ayuntamiento de Ibiza se vio «obligado» a intervenir después de que en los años 1995 y 1996 se presentaran diversas denuncias. La cantera está situada en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) de Vila, lo que supone «una contradicción con el Plan General de Ordenación Urbana» entonces en vigor, que no permitía conceder licencia para canteras, según explica el fiscal, que agrega: «Volvemos a encontrarnos con la pasividad y tolerancia de la Administración local, la cual incumple de forma sistemática tanto sus propias normativas como las generales». No obstante, a raíz de las denuncias, el Consistorio actuó, «aunque parcialmente», según la Fiscalía, y requirió a la propiedad de la explotación minera a que en el plazo de dos meses presentase una solicitud de licencia. El Ministerio Público entiende que el Ayuntamiento debería haber ordenado el cierre inmediato de la cantera: «La letra de la ley es clara y no es obstáculo para ello que se esté tramitando el Decreto que regulará el Plan Director Sectorial de Canteras, que no se aprobó definitivamente hasta 1999». Finalmente, en junio de 1997 se acordó por decreto el cierre y la paralización de la actividad, pero cinco días después fue revocado para conceder un plazo mayor a la propiedad de la cantera para regularizar su situación a través de la iniciada adaptación al Plan Sectorial de Canteras. El fiscal considera «insólita» dicha autorización, que fue refrendada posteriormente en los tribunales mediante la sentencia aludida. Sobre esta resolución judicial, el fiscal apunta que le «llama la atención» que ésta dé prioridad «a la aplicación de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica frente a las normas con rango de ley mencionadas [la de disciplina urbanística] y cuya redacción es bastante clara». El entonces alcalde de Vila, Xico Tarrés, fue citado a declarar en calidad de imputado en julio de 2005 por permitir la actividad de la cantera pese a carecer de licencia municipal. Sin embargo, posteriormente el juez dio marcha atrás al no apreciar indicios de delito en la actuación del Consistorio. El juez instructor, Juan Carlos Torres, avalaba su decisión en el hecho de que existían «actos administrativos» que corroborarían la actuación municipal, como el decreto de alcaldía aprobado en 1997 que anulaba el cierre y que fue confirmada por los tribunales. |