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Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears
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Defensa del Territorio ha demolido 592 obras ilegales desde 2017

(Diario de Mallorca, 1/09/2022)

Guillem Porcel. La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha ejecutado durante el primer semestre de 2022 la demolición de 51 obras ilegales en toda Mallorca, lo que supone una disminución del 16,4% respecto a 2021, cuando se demolieron 61 construcciones en el mismo periodo.

Desde la Agencia notifican que desde 2017 -hasta ese momento se llamaba Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca- se han contabilizado 592 demoliciones de las obras ilegales.

Un dato importante es que los municipios de Algaida y Marratxí, que están adheridos a la Agencia desde el principio, son los que registran más demoliciones con 83 y 54 respectivamente. Además, apuntan que están aumentando los derrumbamientos en localidades incluidas en los últimos cinco años: Felanitx (43), Montuïri (31), Selva (27), Artà (26), Pollença (22) y Andratx (18).

Asimismo, en Mancor de la Vall y en Campos ha habido 16; en Capdepera, 15; en Puigpunyent, Santa Maria y Manacor han sido 14 entre 2017 y 2022; 13 en Llubí; y en Campanet, Sóller y Son Servera van 12; en Sa Pobla, 11; en Sencelles y Bunyola llevan 10, entre los municipios con más de una decena de derribos de obras ilegales.

708 denuncias en 2021

En la memorial anual de 2021 relatan que se efectuaron ante la Agencia un total de 708 denuncias (por 446 en 2020), de las cuales 383 provenían de varios organismos públicos (ayuntamientos, Govern balear, otras unidades y departamentos del Consell de Mallorca o Seprona) y el resto (325) de particulares.

Destacan que se produjo un incremento espectacular del número de denuncias recibidas por la Agencia: 325 fueron recibidas de particulares, la cifra más alta nunca registrada, con mucha diferencia en relación en los años en que hasta ahora se habían presentado más (191 en el 2020).

Este incremento, argumentan desde la Agencia, denota un importante paso adelante de la ciudadanía a la hora de denunciar ilegalidades urbanísticas en suelo rústico de la isla, fruto de la credibilidad que ofrece la Agencia en cuanto a la efectiva tramitación de las denuncias hasta llegar, si es necesario, a la ejecución material de la demolición, además de la garantía del anonimato de las personas denunciantes.

Resaltaban que el incremento del número de denuncias enviadas por organismos públicos (ayuntamientos, agentes de medio ambiente de la CAIB, Seprona, etc.), que fue de 383 en el 2021, era la cifra más alta nunca registrada, muy por encima de las 255 de 2020 o las 166 de 2019. Esto se debía al incremento constante de municipios adheridos a la Agencia y a la mejora constante de la colaboración entre Seprona, agentes de medio ambiente y la Agencia.

Un apunte reseñable es que el ayuntamiento de Palma no tiene delegadas en la Agencia sus competencias en disciplina urbanística en suelo rústico, aunque afirman que por ley la Agencia debe actuar en el suelo rústico protegido ANEI, ARIP y APT de Costas de toda la isla, Palma incluida, y apuntan que algunas demoliciones ordenadas en suelo rústico protegido de Palma ya se encuentran en proceso de ejecución.

Hace unas semanas el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) presentó una denuncia ante la Agencia de Defensa del Territorio por varios aparcamientos ilegales promovidos desde el ayuntamiento de Alcúdia en suelo rústico común y protegido, perteneciente a la zona de Pollèntia.

El ayuntamiento de Andratx también dictó esta semana el precinto cautelar de la zona verde pública de la calle Castañetes en Cala Llamp y la Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. El Consistorio estudia ahora dar cuenta a Fiscalía de los daños ocasionados.

Siete millones en multas

El Consell de Mallorca impuso en 2021 un total de 7 millones de euros en multas por obras urbanísticas ilegales en suelo rústico de la isla. La cuantía de las multas se incrementa año tras año y van de 30.000 a 60.000 euros, y alguna de ellas hasta los 250.000 euros, mientras que la media de demoliciones superan las cien en cada ejercicio.

La consellera de Territori del Consell, María Antonia Garcías, y el gerente de la Agència de Defensa del Territori, Tomeu Tugores, afirmaron hace unas semanas que las denuncias y sanciones no tienen un «afán recaudatorio» sino de protección del territorio y defensa de la legalidad urbanística.

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