(Diario de Ibiza, 23/12/2019)

Los propietarios tendrán que pagar una sanción de entre el 50 y el 250% del valor

Joan Lluís Ferrer. En una acción encaminada a llamar la atención sobre las consecuencias de construir piscinas sin la preceptiva licencia de obras, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha obligado a derribar cinco de estos elementos en diferentes partes del municipio. A pesar de que todas ellas han sido ya eliminadas por los propios dueños de las obras, ello no les eximirá de la correspondientes sanciones económicas, que pueden ser especialmente elevadas en suelo rústico y suelo protegido, tal y como prevé la vigente Ley de Urbanismo de Balears.

Las cinco primeras piscinas expedientadas y demolidas se encontraban en las zonas de Santa Gertrudis, Can Fornet, Can Ramon y Roca Llisa, «y han sido motivadas tanto por denuncias vecinales como por inspecciones de los propios servicios municipales, que detectaron las obras ilegales y abrieron el respectivo expediente sancionador».

En el caso de obras ilegales como esta, el primer paso es ordenar a los propietarios que las derriben por completo, para que «no puedan beneficiarse de su acción ilegal» y, acto seguido, se procede a tramitar la sanción económica.

Multas del 250%

Las multas tienen una cuantía que varía en función del coste invertido en la obra ilegal y del tipo de terreno donde se ha edificado. En los casos de viviendas en zonas urbanas, el importe de la sanción puede ser equivalente a entre el 50% y el 100% de la obra realizada, mientras que si en suelo rústico común la multa va desde el 100% al 250% del coste. En el supuesto de encontrarse en un suelo protegido, el expediente se traslada al Consell Insular, que es competente para las infracciones en este tipo de terrenos, según añade la nota emitida por el equipo de gobierno municipal.

La plaga de las piscinas

La construcción de piscinas sin la preceptiva licencia de obras se ha convertido en un fenómeno frecuente en Ibiza, especialmente en los municipios de Santa Eulària y, sobre todo, Sant Josep, donde apenas hay vivienda en suelo rústico que no disponga de este elemento, unas veces amparado en licencia y otras veces sin ella. La habitual indolencia institucional en la persecución de estas infracciones ha estimulado también su proliferación. La comercialización cada vez más habitual de casas para la temporada turística impulsa a muchos propietarios a añadir este elemento, a pesar de no disponer permiso para ello.

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha dado el primer paso para terminar con esta situación mediante unos primeros expedientes que podrían ir seguido de otros en el futuro, al objeto de restablecer la legalidad urbanística infringida.