(Diario de Ibiza, 29/06/2019)

El estudio encargado por el Consell de Ibiza para revisar el PTI considera «necesario frenar el proceso de transformación del suelo rústico y la ocupación global de la isla» | Las construcciones ilegales suponen «una presión redoblada sobre el medio»

Eugenio Rodríguez. El diagnóstico territorial encargado por el Consell de Ibiza constata que el Plan Territorial Insular (PTI), en vigor desde 2005, «no ha evitado el incremento de la presión sobre el suelo rústico que ha generado una alta indisciplina urbanística» y, a tenor del suelo vacante para edificar en suelo urbano o urbanizable (17.202 viviendas con un incremento de población de más de 51.000 habitantes), considera que hay que reflexionar sobre «la falta de sentido de autorizar viviendas unifamiliares en suelo rústico».

El suelo rústico, que representa en torno al 94% de la isla, ha sufrido en las últimas décadas una profunda transformación por el uso residencial y turístico. «Este fenómeno ha sido de tal envergadura que ha supuesto pasar de un territorio con una población rural dispersa de subsistencia agrícola, a las 12.854 viviendas en rústico actuales, según los datos de catastro, con un incremento relevante en las décadas de los 80 y 90 y un menor desarrollo en los últimos años por la puesta en marcha de limitaciones urbanísticas», señala la documentación del diagnóstico que ejecuta la empresa Cotesa y cuyas conclusiones aún no se han entregado.

Este parque de viviendas en el campo no se destina mayoritariamente a la ocupación por residentes, sino que se comercializa en el mercado turístico de «alto valor», cuyos precios introducen «una nueva presión sobre el precio de la vivienda global para todo el año que sufre la población autóctona». De hecho, el diagnóstico agrega que «los altos precios del alojamiento han generado una tensión sobre el precio de la vivienda que no es asumible para los residentes ni los trabajadores de temporada».

Presión hídrica «insostenible»

El análisis territorial destaca que el nivel de explotación de las masas hídricas subterráneas es «alto e insostenible», al tiempo que indica que el índice de presión humana «se ha incrementado y el nivel global de saturación estacional es muy alto». «Se producen conflictos de confort y compatibilidad de usos (ruidos, congestión...) de forma estacional en algunas zonas», indica el diagnostico, que, asimismo, alerta de «la alta presión» que sufre la costa y «el impacto ambiental que provocan sobre la posidonia los vertidos y amarres».

Sobre la presión urbanística sobre rústico, el estudio incide en que se produce «una alta presión» incluso sobre áreas con «valores ambientales». Acto seguido, apunta que «la presión descrita y la inestabilidad de la regulación [normativa], así como la complejidad de la tensión territorial han incentivado una indisciplina urbanística con procesos de construcción y usos no autorizados que suponen una presión redoblada sobre el medio».

La modificación puntual del PTI

Por ello, el diagnóstico plantea que el Consell asuma la competencia de disciplina urbanística y considera necesario «frenar el proceso de transformación de suelo rústico y ocupación global», ya que consume territorio, recursos hídricos, transforma el paisaje y causa «problemas crecientes de movilidad y disfunciones en la prestación de servicios». También defiende la Norma Territorial Cautelar, que se ha incorporado en el PTI a través de una modificación puntual, que supone «un hito en el refuerzo de la protección del suelo rústico».

El diagnóstico destaca un estudio anterior de suelo vacante que hizo el Govern balear, que determina que en la isla queda una capacidad para construir 17.202 viviendas (4.244 en Ibiza, 3.350 en Sant Antoni, 4.533 en Sant Josep y 3.774 en Santa Eulària) en suelo urbano o urbanizable que permitirían cubrir «la mayor parte de las previsiones de crecimiento de población en un periodo de 20 años». De todos modos hay una situación de bloqueo urbanístico que limita su viabilidad y que, en muchos casos, «salvo una acción decidida de los ayuntamientos, este suelo no llegará al mercado».

Casi 11.000 viviendas, una cifra «muy alta», se pueden construir en suelo urbano consolidado con «licencia directa», sobre todo en Santa Eulària y no tanto en Sant Joan.