(Diario de Ibiza, 8/05/2019)

El magistrado sostiene que «no se ha cumplido en su totalidad» el derribo de un garaje ilegal en Can Fita

Eugenio Rodríguez. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma, Pedro Antonio Mas, ha emitido una providencia en la que apercibe al primer teniente de alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, para que presente, si lo estima, alegaciones contra la multa coercitiva que, según prevé la ley, se le puede imponer (entre 150 y 1.500 euros) por no haber dado cumplimiento «en su totalidad» a la orden de demolición de un garaje ilegal en la zona de Can Fita, que ocupa la vía pública e impide el paso a la parcela, sin construir, de otra propietaria.

El pasado mes de marzo, el magistrado emitió un auto en el que anunciaba la imposición de una sanción a los responsables municipales de que no se hubiera ejecutado la sentencia, firme desde 2015. Entonces, solicitó al Ayuntamiento que identificara a dichas personas.

Pocos días después se ejecutó el derribo del garaje (también otro colindante, que cierra el paso a la propiedad de la denunciante), pero, al mantener en pie la pared y la barrera, no se abrió el paso. En concreto, la celadora municipal constató, en una visita a la zona, el pasado 26 de marzo, que, hasta que no se derribase la pared de 1,20 metros, la denunciante no podría acceder a su propiedad.

Antes de la última providencia, el Consistorio remitió al juez un informe, con todas las actuaciones llevadas a cabo (desde octubre de 2010, cuando se abrió el expediente de disciplina urbanística, hasta el informe de la celadora sobre el derribo parcial de la construcción), en el que, además, identificaba al primer teniente de alcalde como responsable de la ejecución de la sentencia, al tener delegadas las competencias de urbanismo y actividades. En el mismo documento, el Consistorio informa de que el mismo 26 de marzo, el Ayuntamiento requirió a los propietarios de los garajes ilegales a que derribasen la pared que cierra el paso (que aún no han hecho), con la advertencia de que se les impondría una multa coercitiva, la segunda. Anteriormente, el Ayuntamiento ya les multó por el retraso en la ejecución del derribo.