(Diario de Ibiza, 21/09/2018)

No se ha iniciado un expediente para restituir la zona de Cala Molí afectada a su estado original. El GEN apunta la necesidad de que haya un consorcio de disciplina para evitar esta parálisis

Eugenio Rodríguez. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, reconoce que las obras de la urbanización de Cala Molí que invaden un Área Natural de Especial Interés (ANEI) «se deben derribar». El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) confirmó en 2008 la validez del acuerdo de la junta de gobierno en 2005 de anular la licencia otorgada tres años antes (para edificar 12 apartamentos, 16 estudios, dos viviendas, 15 piscinas, dos locales y aparcamientos y trasteros). Sin embargo, el Consistorio no ha iniciado ningún expediente para forzar el derribo de la estructura que quedó a medias (la parte que invade la ANEI) y que se restituya la zona a su estado original.

«Se debería hacer para culminar el proceso», apunta el alcalde, que, por otra parte, ayer expresó su satisfacción por la reciente sentencia, también del TSJB, avanzada por este diario, que exime al Consistorio del pago de la indemnización por daños y perjuicios, de algo más de seis millones de euros, que reclamaba la promotora. «Estoy muy contento, como no puede ser de otra manera», resaltó.

Durante el primer gobierno progresista en Sant Josep, cuando el tribunal balear confirmó que la licencia no se podía ejecutar, al invadir un espacio inedificable, el entonces concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, ya dijo que esa parte de la urbanización, inacabada, se debía echar abajo. «Si quedan sin licencia, seguramente habrá que instar a los propietarios a restaurar este espacio», dijo Prats.

Por su parte, el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), que fue quien denunció los hechos, sostiene que, al margen de lo que especifique la sentencia, la estructura inacabada se tiene que derribar «en cumplimiento de la normativa de disciplina urbanística. «Una zona ANEI es inedificable y lo que toca es restaurar ese lugar a su estado original», recalca la portavoz del GEN, Neus Prats.

Consorcio de disciplina

La ecologista ibicenca indica, además, que en el caso de que el promotor se negase a demoler la estructura levantada en un espacio protegido, el Consistorio debería hacerlo y «pasarle luego la factura» al responsable. «Lo que no puede ser es que se quede eternamente así. Estamos perdiendo una cantidad de espacios en el municipio que no se puede asumir», agrega Prats, al tiempo que reitera que en Ibiza debería haber, como sí se da en el caso de Mallorca y Menorca, un consorcio de disciplina urbanística que «se encargara de estas cosas». «Se persiguen a veces minucias como la apertura de una ventana y barbaridades como ésta parece que no se ven», critica.