(Última Hora, 19/07/2018)

A. Pol. La empleada municipal del Consistorio de Maria de la Salut que los dos últimos años debía encargarse de inspeccionar las obras ilegales presentó a principios de este mes un escrito en el que asegura que ignoraba que tenía esta función. El escrito lo hizo público el portavoz del PP (oposición) en el pleno celebrado este martes y desató un nuevo enfrentamiento con el equipo de gobierno.

La trabajadora mencionada es la aparejadora municipal, que, según explica ella misma en el escrito, tiene «un contrato de servicios» con el Ajuntament. El 16 de agosto 2016, el alcalde –Biel Mas (PI), que acababa de ser investido después de anunciar una moción de censura con el apoyo de la izquierda al anterior gobierno del PP– firmó un decreto por el cual la designaba «inspectora para la protección de la ordenación urbanística», lo que suponía quitar esta función a la Policía Local, que históricamente la había ejercido.

La empleada sostiene que no se le comunicó este decreto, que desconoce «la concreción de las funciones de la figura de inspectora para la protección de la ordenación urbanística» y que no ha realizado el trabajo en estos dos años. Asimismo, añade que la legislación vigente reserva este cometido a los «funcionarios de carrera» y que ella, al no serlo, no puede ejercerlo. Por último, la empleada comunica que, en caso de que pudiera hacer la función de celadora, no acepta la designación por «no disponer de tiempo material para asumir otras tareas añadidas, conjuntamente con las tareas que vengo desarrollando en este Ajuntament».

El portavoz del PP (único partido de la oposición), Jaume Ferriol, pidió explicaciones al equipo de gobierno (PI, PSOE y Més) en el pleno. El actual alcalde, Guillem Jordà, dijo que sí se le había comunicado el decreto a la empleada y que «solo ignoraba que las funciones de celadora fueran suyas», pero que ha seguido haciendo (desde 2007) los informes técnicos sobre infracciones urbanísticas. En cuanto a la imposibilidad de inspeccionar al no ser funcionaria de carrera, Jordà indicó que el Consistorio dispone de un informe jurídico que avala el nombramiento en casos excepcionales y que éste lo es. Interrogado sobre si alguien ha hecho el trabajo de celador desde 2016, el alcalde dijo que sí, que tanto los regidores del gobierno como los agentes de la Policía Local han advertido de las presuntas infracciones.