(Diario de Ibiza, 5/06/2018)

El segundo expediente abierto contra el complejo recibe el respaldo judicial, al ser desestimado un recurso de la promotora

Joan Lluís Ferrer. Los trámites para el derribo de las obras ilegales de Casa Lola (prácticamente todas las que hay en esa finca) siguen abriéndose paso dentro de la maraña judicial en la que está inmerso el proceso. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha rechazado un recurso presentado por la promotora, Francisca Sánchez Ordóñez, contra la orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Sant Josep en enero de 2011 y que afectaba a unas obras construidas sin licencia, después de que ya se hubiera abierto un expediente similar contra las edificaciones originalmente levantadas, igualmente sin permisos.

De estas dos tandas de obras ilegales han surgido dos expedientes sucesivos, uno de los cuales está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), una vez que se ha solventado la traducción al castellano.

La segunda tanda de obras sin permiso ha generado ahora esta sentencia por parte del juzgado de lo Contencioso Administrativo, que rechaza el recurso de la promotora en el que se alegaban defectos de forma, sobre todo, una supuesta deficiente notificación de las comunicaciones municipales. La resolución considera probado que el Ayuntamiento hizo todos los intentos necesarios para notificar la orden de paralización a la dueña, e incluso cita una pericial caligráfica para demostrar que la propia Sánchez Ordóñez firmó una de estas notificaciones.

Posible recurso

El juzgado impone a la promotora el pago de las costas procesales y recuerda que puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

Las obras que deben demolerse rondan los 400 metros cuadrados de superficie y consisten en una piscina y terraza anexa, un porche y edificación anexa de 50 metros cuadrados, cimientos de una edificación de 30 metros, una construcción de 50 metros, dos estructuras en forma de L con una superficie conjunta de 200 metros cuadrados y una estructura de piscina y depósito de agua de 52 metros.

Todas ellas han de sumarse a las obras cuya demolición se ordenó en el primer expediente abierto.

El equipo de gobierno mostró su satisfacción por esta nueva resolución y confió en que, progresivamente, vayan agotándose las vías para evitar el derribo de estas estructuras, que continúan en funcionamiento verano tras verano para el alojamiento de turistas, también sin los correspondientes permisos de las administraciones competentes en esta materia.

Un imperio ilegal que no para de crecer

Francisca Fernández Ordóñez no parece tener freno en la espiral de infracciones urbanísticas en la que se halla inmersa desde que puso el pie en la isla. El reguero de obras ilegales que delata su trayectoria se inició en sa Caleta, con un edificio con orden de derribo, siguió en es Codolar con construcciones en la zona de Costas, continuó en Casa Lola y prosiguió en la contigua Casa Paola. Recientemente, los vecinos han denunciado que vuelve a hacer nuevas obras ilegales en otros parajes de esta zona de Sant Josep.