(Diario de Ibiza, 21/09/2017)

El Consell asume la indemnización fruto de las licencias mal dadas en 2005 por el gobierno del PP-GUIF-PREF

Carmelo Convalia. El Consell de Formentera ha decidido acatar la sentencia del 17 de junio de 2016 que le obliga a pagar a la empresa promotora, Plaça de Sant Ferran S.L. una indemnización de más de 1,5 millones de euros «por los perjuicios sufridos como consecuencia de la demolición de los edificios de locales comerciales de planta baja y piso...». Se trata de los tres edificios del desaparecido centro comercial Sant Ferran, en el solar de Ca ses Castellones, que fueron demolidos en noviembre de 2012, de forma subsidiaria, por el Consell de Formentera por orden judicial.Esto quiere decir que las arcas insulares tendrán que asumir este pago extra por la mala gestión que en 2005 se llevó a cabo desde la administración local.

La consellera insular de Territorio, Alejandra Ferrer, explicó que el Consell pidió una aclaración de sentencia «que fue desestimada» y que ante los informes de los servicios jurídicos externos del Consell que llevan el caso, el equipo de gobierno decidió no seguir con la vía judicial y acatar la sentencia. Es decir, pagar.

Esta reclamación patrimonial era el fleco que quedaba por resolver para cerrar este caso que comenzó en 2005 cuando el gobierno del PP-GUIF-PREF, en el Ayuntamiento de Formentera, presidido por Juanma Costa (PP), otorgó las correspondientes licencias de obras antes de sufrir una moción de censura anunciada semanas antes.

Esas licencias permitieron demoler la antigua casa payesa catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), según la Ley de Patrimonio, extremo que entonces negaba el PP, y luego levantar los citados locales comerciales en un solar estratégico situado en el centro de esta localidad.

Ambos permisos fueron anulados por los tribunales al considerar que vulneraban la Ley de Patrimonio, al margen de los informes preceptivos pero no vinculantes que fueron emitidos de forma favorable por la extinta Comisión Insular de Territorio y Patrimonio (Ciothupa) del desaparecido Consell Insular de Ibiza y Formentera y del Consell Consultiu. El entonces alcalde, Juanma Costa, se escudó en esos informes (no vinculantes) para otorgar dichas licencias cuando sabía que iba a dejar de ser alcalde ante el anunció de una moción de censura (COP-PREF) que le obligó a abandonar la alcaldía.

La reclamación patrimonial de la empresa Plaça de Sant Ferran fue interpuesta por la vía del contencioso administrativo el 4 de febrero de 2010, cuando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ya había declarado nulas las licencias de obras otorgadas. El caso Ca ses Castellones fue denunciado hace 12 años por el arquitecto ibicenco Salvador Roig.