(Diario de Ibiza, 21/06/2017)

Un particular amplió una vivienda y añadió estructuras nuevas y una piscina con una simple licencia de obra menor. Tras el derribo, se fijará la cuantía de la sanción que deberá pagar

El Ayuntamiento de Sant Josep anunció ayer, a través de una nota de prensa, que ha ordenado la demolición de varias construcciones ilegales en una finca de Porroig, «en la que se realizaron varias ampliaciones y se construyó una piscina sin licencia». La infracción tiene la consideración de grave según la Ley de Ordenación y Uso del Suelo, «por lo que se exige a la propiedad que elimine todos los elementos ilegales y se le comunica la apertura de un expediente sancionador por estos hechos».

En concreto, las obras consisten en la reforma integral de una vivienda, incluyendo el derribo y construcción de elementos estructurales, ampliaciones de una vivienda (tanto anexos al volumen principal como nuevas edificaciones en diferentes volúmenes y niveles), construcción de una casa de madera con varios volúmenes, una piscina y un depósito semi-soterrado, además de aportación de áridos.

Denuncia de 2013

El expediente abierto por el Ayuntamiento data de 2013, cuando a raíz de una visita del celador municipal de obras, se detectó en esta finca la realización de trabajos no amparados en la licencia de obra menor que habían solicitado los propietarios.

Los dueños presentaron proyectos para intentar legalizar las obras, que están en suelo urbano, pero pendiente de ordenación, según las explicaciones del equipo de gobierno. Además, las construcciones se excedían en altura respecto a lo que permitían los parámetros urbanísticos de ese terreno. «Por esos motivos, el Consistorio concluyó que eran contrarias a la ordenación urbanística y constituían una infracción grave de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo», afirma el Ayuntamiento. Los promotores también presentaron varias alegaciones, que finalmente fueron desestimados por la Junta de Gobierno local.

Demolición

Después de la correspondiente tramitación del expediente abierto, el Consistorio ha resuelto el caso y ha ordenado a los propietarios la restauración de la legalidad infringida, demoliendo las construcciones ilegales.

Una vez que ello haya sucedido, se iniciará el correspondiente expediente de sanción económica, que se calculará a partir del coste de las obras construidas sin permiso, tal y como establece la legislación vigente.

En caso de que el promotor no lleve a cabo el derribo, el Ayuntamiento puede hacerlo de forma subsidiaria pasando luego la factura al propietario, que se añadirá al importe de la multa que se determine.