(Diario de Ibiza, 10/06/2017)

El Ayuntamiento obliga a derribar el 30% de la vivienda

Joan lluís ferrer, eugenio rodríguez. El propietario del chalé patera de Sant Antoni donde se alojan hasta 140 personas simultáneamente (pese a que tiene cédula de habitabilidad para seis) se enfrenta a una multa de más de un millón de euros y a la demolición de gran parte de la vivienda (el 30% del total), situada en el número 2 de la calle General Gotarredona. Después de un periodo de desconcierto, en el que las instituciones competentes aseguraron no saber cómo actuar ante tan flagrante ilegalidad, el Ayuntamiento anunció ayer a través de un comunicado las consecuencias concretas del expediente abierto sobre este tema.

La cuantía de las multas en los casos de infracciones urbanísticas se calculan siempre a partir del valor de lo edificado ilegalmente, lo que da idea del volumen que deberá ser demolido en este caso. El Ayuntamiento ya dispone del informe que han elaborado sus servicios técnicos sobre esta vivienda y ahora se procederá a abrir un expediente para el restablecimiento de la legalidad infringida, que consistirá en la citada demolición, «puesto que las obras detectadas son incompatibles con la ordenación urbanística», es decir, no pueden ser legalizadas.

Sin embargo, no terminarían aquí las consecuencias que podrían recaer sobre este promotor, puesto que el informe elaborado por el Ayuntamiento se ha remitido a un sinfín de organismos y administraciones por si aprecian otros incumplimientos. En concreto, se ha enviado a la Agencia Tributaria del Estado, a la de Balears, al Consell, a la Fiscalía de Ibiza, al Govern y a la Agencia de Protección de Datos.

El equipo de gobierno municipal recuerda que sobre esta casa se abrieron al menos tres boletines de denuncia (en 2001, 2002 y 2004), por los que se llegó a dictar orden de precinto al menos en dos ocasiones, sin que la medida se llevara a cabo y sin que continuara la tramitación del expediente.

Otro hotel ilegal en Sant Rafel

El Ayuntamiento de Sant Antoni, coincidiendo con la emisión de un reportaje televisivo que dio a conocer este caso, parece haber dado un vigor desconocido a su labor inspectora en materia urbanística. Prueba de ello es que está investigando una segunda casa patera en funciones de hotel ilegal en Sant Rafel, a pocos metros de distancia de la discoteca que hay en esta localidad. Además, se han abierto expedientes a otros tres propietarios por instalar casetas de madera prefabricadas sin licencia, dos en las inmediaciones de Cala Salada y un grupo de ocho en Sant Rafel.

En cuanto al nuevo «hotel ilegal» –como lo definió el concejal Juanjo Ferrer–, el Ayuntamiento parece no tener ninguna dificultad en probar su actividad clandestina, «pues se está anunciando por internet». Aunque sólo tiene cédula de habitabilidad para ocho personas, está albergando a más de veinte, según las averiguaciones practicadas.

También aquí se han realizado ampliaciones ilegales, como el aumento de las habitaciones, construcción de piscina, porche y otras dependencias.

Justo al lado hay un grupo de ocho casetas de madera que deberán ser desmanteladas, dado que precisan de la misma licencia que una vivienda convencional.

En Cala Salada, se ha denunciado también una caseta de madera en una parcela donde ya hay una construcción convencional, y en el camino que lleva a dicha cala los celadores han descubierto otra, que también ha sido expedientada, manifestó el concejal de Urbanismo.