(Diario de Ibiza, 4/07/2016)

El dueño pretende volver a construir después en el mismo solar, pero el Ayuntamiento se lo deniega

j. ll. ferrer | ibiza ­El derribo de más de 1.100 metros cuadrados de construcción en la finca caballar Los Olivos, de Sant Rafel, se encuentra bloqueado después de que el Ayuntamiento de Sant Antoni haya denegado al propietario la solicitud presentada para reconstruir, una vez demolida la obra, prácticamente lo mismo ahora existente sobre el solar.

La sentencia de derribo que pesa sobre esos edificios se basa, en gran parte, en el uso indebido que se ha dado a los mismos.

El concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, ha dado a conocer ahora que, junto con la petición de demolición presentada por el propio dueño de la finca –que sí fue aprobada por el Ayuntamiento hace meses– había presentado otra para reconstruir «casi lo mismo, una vez hecho el derribo».

Esta última petición ha sido denegada por el Ayuntamiento y, como consecuencia de ello, la propiedad ha interpuesto un recurso ante el Consistorio, que seguramente será rechazado.

Instrucción judicial

Mientras tanto, el juzgado que lleva la demolición sigue instruyendo el caso y ha preguntado al Ayuntamiento qué acciones está llevando a cabo para garantizar la ejecución de la sentencia que obliga a ello.

El Consistorio, explicó Ferrer, «le ha explicado al juez la situación». «Creo que estamos actuando lo bien y lo rápido que podemos, pero ahora la pelota está en el tejado de la propiedad y supongo que el juzgado les obligará en un momento u otro a ejecutar la sentencia», añadió. [Nota de Disúrbia: l'obligat a executar la sentència és l'Ajuntament, no ho oblidem.]

Si el equipo de gobierno hubiera accedido a otorgarles el permiso de edificación que pedía el dueño, «ello podría haber supuesto incluso una forma de burlar la sentencia de derribo, y no queremos participar en esto, evidentemente», señaló el concejal de Urbanismo.

Al parecer, el particular cuyas denuncias iniciaron todo el proceso, ha pedido ya al juzgado que obligue a la propiedad de Los Olivos a ejecutar la sentencia de derribo.

«Imagino que el juez les puede decir que, si no lo derriban, empezarán a caerles a los dueños multas coercitivas hasta que se complete la demolición», opinó Juanjo Ferrer, quien recordó que lo mismo sucedió con el caso Cretu, aunque en esa ocasión las multas fueron para el entonces alcalde, José Sala, por demorar sin justificación alguna la orden de derribo. [Nota de Disúrbia: com passarà també aquí...]