(Diario de Ibiza, 1/02/2016)

El proyecto de la pareja del hijo del exarquitecto municipal en ses Serretes sobrepasa en un 127,6% la superficie máxima construible y en un 233% el número de viviendas También verifica que se levantó una planta más de las tres autorizadas

eugenio rodríguez | ibiza. El peritaje del caso Huerta sobre el área de actuación 4.1 (subárea I) conocida como Ses Serretes, en Cala Carbó, constata, tal como denunció el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) en 2005, un importante exceso de edificación sobre el máximo previsto en el estudio de detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Sant Josep en 1995. En concreto, en esta zona, dividida en cinco parcelas (dos para edificar viviendas y tres para espacio libre de uso público y la instalación de viales y servicios), se han levantado 56 viviendas, cuando solo se podían construir 20, lo que supone un 180% de más.

El exceso de viviendas se traduce en un incremento de la edificabilidad por encima del doble de lo máximo permitido. Así, en esta zona se han construido un total de 8.171 metros cuadrados de superficie, cuado el máximo permitido era de 4.052 metros cuadrados, según el informe del perito.

El proyecto de edificación de la parcela número 1 está firmado por Pilar Fernández, la pareja del hijo del exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta, recientemente fallecido y al que la Fiscalía situaba al frente de una supuesta trama para monopolizar los proyectos urbanísticos que se desarrollaban en el municipio en el que desempeñaba su función pública. Fernández y el hijo de Huerta están imputados en la causa.

La promotora obtuvo licencia el 3 de febrero de 2005, con informe favorable de Huerta, para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex y tres estudios, aparcamientos y piscina, a pesar de que incumplía los parámetros urbanísticos del estudio de detalle. En concreto, en esta parcela se podía edificar una superficie máxima de 1.289 metros cuadrados y un global de seis viviendas.

14 viviendas más de lo permitido

Pese a ello, la superficie construida computable se sitúa en 2.933,4 metros cuadrados, lo que supone un exceso de 1.644,5 metros cuadrados, un 127,6% más de lo previsto en el estudio de detalle.

El informe también advierte de que se incumple el número máximo de viviendas permitido, que era de seis. El perito constata que las densidades ejecutadas no corresponden a 14 apartamentos, ocho dúplex y tres estudios como indica el proyecto autorizado, sino que, al amparo del punto 1.3.3 de las Normas Subsidiarias (establece el número de habitaciones y la superficie de lo que se considera una vivienda, un apartamento y un estudio), contabiliza 20 viviendas, 14 más del máximo (un 233,3%).

Según el estudio de detalle, la parcela 1 tiene un total 4.860 metros cuadrados, pero el proyecto tramitado apunta una superficie neta de 7.930,5 metros cuadrados, lo que supone un exceso del 63,2%. Además, la parcela invade y ocupa una franja de terreno de una zona calificada como suelo rústico forestal y que actualmente forma parte de un Lugar de Interés Comunitario (LIC), de la Red Natura 2000.

El perito también constata que el edificio supera el número de plantas permitido (tres), ya que «el semisótano cuenta como planta edificada por sobrepasar en más de un metro el terreno natural». También supera en un metro la altura máxima de la cornisa (11 metros).

En la otra parcela (la número 2), en la que se desarrollaron otros dos proyectos de viviendas, no firmados por Fernández, el perito también constata un exceso en el global de la parcela (990 metros cuadrados de más) de construcción y viviendas. En uno de los proyectos, el informe revela un exceso de edificabilidad de 857,2 metros cuadrados (78%) y la construcción de 6,7 viviendas más de las 5,5 máximas previstas en el estudio de detalle (122,1%). El perito apunta que tras certificarse el final de obra del 81 y el 19% de las obras, el promotor tramitó un modificado del proyecto para legalizar viviendas no previstas inicialmente.

En el otro proyecto de la parcela 2, se constata, según el peritaje, un exceso de 2.949 metros cuadrados (un 58,6%) de la superficie de la parcela, a lo que se agrega un aumento ilegal de la superficie edificada de 1.616,8 metros cuadrados (121,2%) y la construcción de 15,2 viviendas más del máximo posible (6,75), lo que supone un 225,9% de más. A diferencia del edificio de la parcela 1, las dos de la número 2 poseen menos de tres plantas y no sobrepasan la altura de cornisa, según el peritaje.

Huerta avaló que se levantara la paralización de obras
El exarquitecto municipal dio por buenos los argumentos de la pareja de su hijo sobre la edificación de una planta ilegal

e. r. / j. ll. f. | ibiza El desarrollo del proyecto de Pilar Fernández (Keltike S.L.) para construir 14 viviendas, ocho dúplex, tres estudios y piscina común fue paralizado a raíz de una denuncia vecinal y del grupo ecologista GEN, que aseguraba que la promotora incumplía el proyecto y estaba edificando cuatro plantas, una más de lo autorizado y del máximo previsto en el estudio de detalle. El exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta emitió un informe (mayo de 2005) en el que constataba que se estaba levantando una altura no permitida, lo que provocó que se ordenara la paralización de las obras.

Apenas dos días después, el 2 de junio, el Ayuntamiento recibió tres escritos (del constructor, el promotor y la arquitecta) en contra de la suspensión de las obras. En sus alegaciones, Fernández argumentaba que por «razones de seguridad estructural» había sido necesaria «una mayor excavación de la proyectada inicialmente para encontrar el firme adecuado... causando desde el exterior la falsa imagen de una planta de más en el conjunto». «En ningún momento se sobrepasa la altura máxima», decía.

Cuatro días después, Antonio Huerta emitió un nuevo informe en el que daba por buenos los argumentos de la pareja de su hijo y concluía que procedía «levantar la suspensión cautelar de las obras». El 8 de junio, el exalcalde del PP José Serra Escandell dictó un decreto para que se reanudaran los trabajos.

Para la obtención de la licencia de obra, en enero de 2005, Antonio Huerta emitió un informe favorable en el que indicaba que el proyecto cumplía la normativa en vigor y que «no altera la superficie autorizada en el proyecto inicial», puesto que se trataba de la modificación de uno antiguo.