(Diario de Ibiza, 12/09/2015)

El procedimiento por la infracción se inició hace diez años

redacción | ibiza. El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado el procedimiento para ejecutar la demolición parcial de una vivienda de la urbanización Roca Llisa. El derribo se hace por orden judicial después de que la propiedad no lo hubiera acometido de forma voluntaria, y es el resultado de la denuncia que el Consistorio presentó ante unas obras ilegales tras reiterados incumplimientos de los propietarios a diferentes órdenes municipales de paralización y desmantelamiento de las obras, según informó ayer el Consistorio en una nota.

El Juzgado Penal número 1 de Ibiza ha notificado ya al Ayuntamiento que debe ejecutar de forma subsidiaria la demolición de parte de los elementos anexos a la vivienda ubicada en la calle Lluís Grasset de Roca Llisa, conocida como Cas Calero. El Consistorio reclamará a los propietarios de la casa el dinero que cuesten los trabajos de demolición.

El Consistorio ha pedido presupuestos a distintas empresas y, una vez tenga una valoración clara de lo que pueden costar los trabajos, procederá a la contratación.

Las actuaciones previstas son la eliminación de pavimento de hormigón de la rampa de acceso y la zona de estacionamiento, la eliminación de la base de hormigón y la cubierta de gres del camino de acceso a la caseta de calderas y desaladora; la demolición de la caseta de la desaladora; el desmantelamiento de una casa de madera; la demolición de unos bloques con dormitorios y baños; la desaparición de un estanque ornamental; la eliminación del muro de contención de la terraza, de la fosa séptica y las canalizaciones necesarias, así como el local para la maquinaria de la piscina y otras instalaciones de servicio entre otros trabajos.

Además, se deben retirar restos de obra depositados en el torrente de Cala Espart. Estas demoliciones son parte de la sentencia que condenaba también a un año de cárcel a la propietaria, S.D.K., por delitos contra el medio ambiente y desobediencia al Consistorio.

La resolución judicial tiene fecha de abril de 2010, aunque el procedimiento se inició en 2005, cuando el Consistorio emitió un decreto de Alcaldía para paralizar los primeros trabajos. Después, se constató que se fueron comenzando distintas construcciones, todas justificadas con licencias de obra menor y para las que el Ayuntamiento cursó una orden de paralización. El Ayuntamiento finalmente presentó una denuncia ante la Fiscalía, lo que motivó que el procedimiento sancionador administrativo quedara en suspenso.

El concejal de Urbanismo y Obras, Mariano Juan, expresó su satisfacción por que la Justicia haya avalado al Consistorio «en defensa de la legalidad y «al fin se puede actuar y restituir a la legalidad los terrenos».