(Última Hora, 10/09/2015)

Nekane Domblás. La polémica amnistía urbanística en suelo rústico que aprobó el Govern de Bauzá la pasada legislatura se ha saldado con un total de 700 peticiones de legalización de las 30.000 edificaciones ilegales que se estima hay en las Islas. La cifra la dio ayer el conseller de Territori, Joan Boned, en su primera comparecencia en el Parlament [Nota de Disúrbia: s'hauria d'aclarir com s'ha arribat a conèixer aquesta xifra, que només es pot determinar amb dades procedents dels ajuntaments, però mai del Govern].

El conseller anunció cambios en está normativa. No concretó en qué consistirán, pero sí afirmó que el Ejecutivo no está de acuerdo en aprobar normas que premien a los infractores, en referencia a las leyes del PP. Boned informó de que el Govern ya se ha puesto a trabajar para modificar la Ley del Suelo y todas aquellas leyes que se aprobaron en la anterior legislatura que introducían «desregulaciones» urbanísticas, como la Ley Agraria o la del Turismo.

«El PP cambió la normativa para seguir fomentando la especulación», afirmó Boned. El conseller explicó que su departamento está trabajando, además, en una futura ley del paisaje. Habrá una nueva ley de vivienda en la que se incluirán medidas correctoras para evitar abusos en el precio de los alquileres. Joan Boned anunció también una ley de movilidad sostenible y reiteró que la voluntad del Ejecutivo es electrificar todas las líneas del tren y ampliar la línea de ferrocarril hasta Artà.

No habrá autorizaciones para nuevos puertos deportivos ni se permitirá la ampliación de aquellos que supongan una transformación radical de la infraestructura, según adelantó el conseller.