(Diario de Ibiza, 15/05/2015)

La Justicia admite la petición del GEN de reactivar el expediente sancionador contra Serra Escandell y los otros ediles que aprobaron el permiso del Puig d´en Serra | Antes de un año deberá haberse concluido la tramitación del proceso

joan lluís ferrer | ibiza. ­El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Josep que reactive los trámites para la posible sanción a los cinco concejales del PP que en 1992 aprobaron la licencia ilegal otorgada a la vivienda –ahora demolida– del Puig d´en Serra, en es Cubells. El Ayuntamiento acordó en 2006 suspender este expediente, pero tras un recurso interpuesto por los ecologistas del GEN, dicho juzgado ordena ahora continuar con su tramitación y obliga al Ayuntamiento a concluirlo en el plazo máximo de un año.

La sentencia que ordenó derribar la vivienda del Puig d´en Serra establecía también que los concejales que aprobaron este permiso debían ser sancionados económicamente. Se trata del propio exalcalde, José Serra Escandell, y de los exconcejales José Ribas Marí, José Torres Cardona, Francisco Bonet Roig y José Marí Prats, este último padre de la actual alcaldesa, Neus Marí.

El propio Serra Escandell, siendo aún alcalde, fue el que decretó la suspensión del expediente sancionador que le afectaba.

Ahora, el auto emitido por la juez Núria Ramos Magem admite el recurso de los ecologistas del GEN, desestima las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Sant Josep para impedir la sanción a los autores de la licencia y establece plazos concretos para que se impongan estas multas.

«Ordeno al Ayuntamiento de Sant Josep que alce la suspensión del expediente sancionador incoado contra los responsables de la concesión de la licencia de obras», afirma la juez, que exige que «continúe su tramitación hasta dictar una resolución que ponga fin al referido expediente». El Ayuntamiento, «en el plazo de un mes, deberá comunicar al juzgado el estado del procedimiento en cuestión» y habrá de comunicar su finalización «en el plazo máximo de un año».

Prescripción de la infracción

El equipo de gobierno alegó ante el juzgado que las posibles infracciones cometidas por los ediles que aprobaron la licencia «habrían prescrito», por lo que el Ayuntamiento considera ya «cumplida la sentencia».

En un comunicado, los ecologistas del GEN lamentaron que «el Ayuntamiento, pese a estar obligado por sentencia a sancionar a los responsables, decidió gastar recursos públicos para defender a los responsables [de esta licencia], con lo cual pretendía que fuera el pueblo de Sant Josep el que terminara pagando los actos ilegales de los concejales implicados». En cambio, «el GEN ha tenido que destinar sus recursos económicos a defender el interés público y al pueblo de Sant Josep, mientras el Ayuntamiento defendía los intereses particulares de antecesores en los cargos municipales», añade la nota.

En 2008, el Ayuntamiento, basándose en un informe externo encargado a un abogado de la isla, consideró que el equipo de gobierno no había incurrido en ninguna responsabilidad y también desestimó el pago de las indemnizaciones que exigía el propietario de la vivienda ahora derribada. Dicho informe se basaba en que el promotor no respetó las condiciones de la licencia, si bien este dictamen pasaba por alto que, en todo caso, el permiso de obras concedido seguía siendo ilegal.

Caso Cretu en Sant Antoni

Por otra parte, Reinicia Sant Antoni emitió ayer una nota en la que aprovechó la noticia sobre el caso de Puig d´en Serra para preguntar al equipo de gobierno qué ha hecho para cobrar la sanción de 10.000 euros más costas impuesta al promotor musical rumano Michael Cretu por la Audiencia Provincial de Palma. «Nos gustaría saber qué tipo de diligencias o actuaciones ha puesto en marcha el Consistorio de Sant Antoni para hacer efectivo el cobro de estas cantidades», señala Reinicia.

«Teniendo en cuenta que el equipo de gobierno ha llegado a decir en pleno que no tienen suficiente dinero para comprar un bote de pintura para los pasos de cebra, estos 10.000 euros más le habrían venido muy bien al municipio de Sant Antoni», señala la nota de Reinicia. El Ayuntamiento también está pendiente de cobrar la multa por el exceso de construcción realizada por Cretu.

El Ayuntamiento afirma que ya cumple con la orden

j. ll. f. | ibiza El Ayuntamiento de Sant Josep reaccionó a la noticia dada a conocer por el GEN con un comunicado en el que confirma que el juzgado emitió este auto el 20 de febrero. El Consistorio señala que «en la junta de gobierno local del 12 de marzo de 2015 se levantó la suspensión del expediente sancionador y continuó con la tramitación del mismo», tal y como le ordenó el juzgado. «Actualmente, este expediente, como cualquier otro expediente sancionador del Ayuntamiento, continúa con su tramitación y quedará resuelto dentro del periodo legalmente establecido para ello», añade el PP municipal, que añade: «Este equipo de gobierno quiere dejar claro que en ningún momento elude el cumplimiento de las sentencias judiciales, ni esta ni ninguna otra». Aprovecha la nota para señalar que ha sido el actual equipo de Neus Marí «el que ha procedido a la demolición de esta vivienda construida ilegalmente y no otro». El concejal de Urbanismo, Javier Marí, dijo «lamentar profundamente la utilización del GEN de la información sobre una sentencia del mes de febrero, que el Ayuntamiento acató de forma inmediata» y criticó que lo haga «a una semana de las elecciones». «Es un acto claramente electoralista y malintencionado», concluye el comunicado del Consistorio de Sant Josep.