(Diario de Ibiza, 2/01/2015)

Tanto Mallorca como Menorca tienen agencias de protección de la legalidad en suelo rústico, dependientes de sus consells y con presupuesto propio Mariano Juan apoya la iniciativa y señala que los municipios recibirían el dinero recaudado

joan lluís ferrer | ibiza. El Consell de Ibiza es la única isla de Balears –si se exceptúa Formentera, municipio único– que carece de un consorcio de disciplina urbanística de carácter insular, pese a que es la isla con más obras ilegales en proporción a su superficie, según ponen de manifiesto las estadísticas. El equipo de gobierno del Consell ve con buenos ojos esta figura y de hecho se planteó crearla a principios de la presente legislatura, pero la oposición de los ayuntamientos dio al traste con la iniciativa, que habría unificado la gestión de esta materia en una sola oficina insular.

En Mallorca funciona desde 2009 la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que desde entonces y hasta 2013 ha recaudado más de 10,5 millones de euros en sanciones urbanísticas. Es un órgano que depende del Consell de Mallorca, que tiene presupuesto y personal propio, y se encarga de hacer cumplir la Ley de Disciplina Urbanística en todos aquellos ayuntamientos con los que tiene convenios para que sea el Consell el que asuma estas competencias. Dispone de una completa página web –www.agenciaprotecciourbanistica.net– en la que, además, se informa a la ciudadanía de los trámites necesarios para obtener licencia y qué hacer en caso de ser objeto de un expediente sancionador.

En Menorca, por su parte, existe el llamado Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sol Rústic a l’illa de Menorca, también de carácter supramunicipal e igualmente dependiente del Consell.

Menorca es la isla balear con menos infracciones, debido entre otras cosas a la escasa actividad constructora en su suelo rústico.

Sin embargo, Ibiza carece de cualquier órgano de estas características y son los ayuntamientos, cada uno de ellos con su propio personal, sus propios servicios jurídicos y su propio criterio –a menudo divergente–, los que asumen esta tarea.

Consell: «Sería algo bueno»

El conseller de Urbanismo del Consell ibicenco, Mariano Juan, admite las ventajas de un órgano supramunicipal que centralice los expedientes sancionadores urbanísticos y la vigilancia de las obras ilegales, aunque reconoce que difícilmente podrá llevarse a cabo en lo que queda de legislatura. «Sería algo bueno. Habría uniformidad de actuación y un control más estricto. Ya se intentó en otra legislatura y no pudo haber acuerdo. Espero que, a medio plazo, cuando se vea que en otros sitios da resultado, se pueda hacer».

Al parecer, el problema reside en la oposición de algunos ayuntamientos, que quieren seguir conservando la potestad recaudadora de las sanciones que imponen en esta materia, si bien en algunos casos, como Sant Josep, esas cuantías son marginales: entre 8.000 y 12.000 euros en los últimos años.

El dinero, a los municipios

Sin embargo, Mariano Juan desmiente este temor: «Esto no ha de ir en detrimento de los ayuntamientos, pues evitaría que hubiera tantos técnicos dedicados a esto y, además, el consorcio retornaría a cada ayuntamiento la cuantía recaudada de manera proporcional a sus kilómetros cuadrados o en función de las sanciones impuestas» en su territorio [Nota de Disúrbia: cosa impossible en la pràctica, si és que els treballadors del consorci han de cobrar per la seva feina... El cobrament de sancions urbanístiques ni és automàtic ni és senzill, ni tan sols és la part més important de la disciplina urbanística, que són les demolicions, i que algú ha de costejar].

El conseller destacó que este no debería ser ningún impedimento, dado que los municipios no perderían ingresos y, en cambio, se ahorrarían trabajo.

«Ya hay otras materias consorciadas en Ibiza»

Los municipios ahorrarían dinero en celadores y personal administrativo, recuerda el Consell

j. ll. f. | ibiza El conseller de Urbanismo del Consell de Ibiza reitera que, de crearse una agencia insular de disciplina urbanística, evitaría a los ayuntamientos gastar en personal como celadores o administrativos, que ahora han de dedicar gran parte de su tiempo a tramitar expedientes sancionadores. «Los celadores tendrían ámbito insular y se seguiría un criterio homogéneo en toda la isla», afirma Juan.

El conseller recuerda que no sería esta la primera materia que se mancomunara en el conjunto de la isla, «pues ya lo están el matadero o las deixalleries», que son gestionadas de forma centralizada por el Consell.

«Es cierto que los ayuntamientos no querían perder unas competencias que consideran suyas, pero se ha de mirar si eso será mejor o será peor», añade el responsable de Urbanismo, quien opina que las ventajas superarían holgadamente a cualquier posible inconveniente.

Tanto la oposición del PSOE-Pacte como los ecologistas siempre se han mostrado a favor de unificar la gestión de la disciplina urbanística, al objeto de evitar la dispersión actual de criterios y aumentar la eficacia de este cometido.

La legislación vigente atribuye directamente a los ayuntamientos la competencia sobre el control de obras ilegales, por lo que sería necesario elaborar un convenio, renovable periódicamente, para que éstos las cedieran expresamente al Consell.