(Diario de Ibiza, 13/12/2014)

El Ayuntamiento dice que la construcción a la que concedió permiso de reforma era una casa legal

j. ll. ferrer | ibiza. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, Pep Torres, afirmó ayer que la licencia otorgada en 2010 para la reforma de una construcción en un paraje de Cala d´Aubarca, en Sant Mateu, –denunciada por los ecologistas del GEN– se aprobó con informes técnicos favorables. Torres, que recuerda que este permiso lo autorizó el anterior equipo de gobierno, afirma que posteriormente él aprobó una modificación de ese proyecto, pero que «no implicaba ni más edificabilidad ni volumen».

A la pregunta de en qué normativa se amparó el Ayuntamiento para conceder un permiso de obras en una zona de máxima protección, el concejal explicó que el Plan Territorial Insular permite obras de conservación, restauración y consolidación de edificaciones e instalaciones existentes, siempre y cuando ello no conlleve aumento de volumen, y siempre que no sean ilegales. El terreno está calificado, según el Ayuntamiento, como Área Natural de Especial Interés (ANEI), en zona 1 y fuera de los 100 metros de Área de Protección de Costas.

«En este caso se trata de una vivienda legal existente, con licencia municipal concedida», afirmó Torres, quien añadió que las obras incluidas en el permiso otorgado están permitidas y no suponen aumento de volumen.

En cuanto a la posterior licencia de reforma, el promotor presentó primero un proyecto que incluía la ampliación de la vivienda, pero el Ayuntamiento le instó a modificarlo al no ajustarse a la ley. Posteriormente, se presentó otra versión adaptada a la normativa y se aprobó, añade.

En cualquier caso, y ante las denuncias efectuadas por los ecologistas, que consideran ilegal tanto un permiso como otro e instan a su anulación, Torres asegura haber solicitado un informe a los servicios técnicos y jurídicos «sobre la necesidad de revisar el permiso». «En cuanto el informe esté finalizado, obraremos en consecuencia y le daremos traslado al GEN del mismo», añadió el edil de Urbanismo.

Los ecologistas, por el contrario, no comparten que la construcción cuya reforma autorizó el Ayuntamiento en 2010 se encontrara en situación legal. El GEN opina que se trata de una infracción urbanística que debería haber sido perseguida por el Ayuntamiento, «y en vez de ello se dedica a darle licencias», señaló la semana pasada el presidente del GEN, Joan Carles Palerm.

La entidad ecologista ibicenca reiteró ayer mismo que la demolición en este caso es «obligatoria», puesto que ellos mismos denunciaron la vivienda en el año 2000 por tratarse de una obra ilegal y el propio Ayuntamiento abrió el correspondiente expediente sancionador.