(Diario de Ibiza, 28/11/2014)

El Ayuntamiento abrió expediente sancionador en 2006 pero todavía no ha terminado su tramitación

j. ll. f. | ibiza. El Ayuntamiento de Sant Josep informó ayer de que está cumpliendo con lo requerido en la sentencia judicial de 2004 para sancionar al exalcalde José Serra Escandell y a los cinco concejales que en 1992 aprobaron la licencia de obras ilegal del Puig d´en Serra. Esta resolución judicial, además de ordenar el derribo de la obra, obligaba al Ayuntamiento a abrir expediente sancionador contra estos ediles.

En un comunicado emitido ayer, el equipo de gobierno desvela que «en prueba una vez más del acatamiento por parte del Ayuntamiento de las sentencias judiciales, en el año 2006 se inició expediente sancionador», pero éste, después de ocho años, no ha sido aún concluido. Por el contrario, la nota municipal afirma que «el equipo de gobierno continuará tramitándolo y dará cuenta al juzgado de su resolución». El citado comunicado no aporta datos sobre la fase en que se encuentra la instrucción del expediente ni ningún otro detalle sobre el mismo.

Se da la circunstancia de que en 2006 era alcalde de Sant Josep el propio José Serra, contra el que el juzgado ordenaba abrir expediente sancionador.

La nota emitida por el Ayuntamiento afirma que, tal y como establecían las sentencias judiciales, se está procediendo a la demolición obligada en ellas.

«Se está derribando»

«El Ayuntamiento ha procedido en todo momento y durante los últimos diez años de manera correcta en el caso de la vivienda del Puig d´en Serra», señala el comunicado. «La prueba es que a día de hoy se está ejecutando la demolición de la vivienda en cumplimiento de la sentencia impuesta, a pesar de las múltiples trabas y numerosas paralizaciones del procedimiento por parte de distintos juzgados», señala.

El equipo de gobierno destaca que «hasta cuatro veces el Ayuntamiento ha fijado fecha para el inicio de la demolición de la vivienda».

Esta nota se produce después de que los ecologistas del GEN recordaran que la sentencia que obliga a demoler la casa del Puig d´en Serra incluye también el mandato judicial expreso de que se sancione a los ediles que votaron esa licencia.

El GEN ha anunciado que acudirá a la vía judicial para garantizar el cumplimiento de esta sanción, así como para asegurar que el pago de todos los gastos derivados de posibles indemnizaciones por este derribo corran a cargo de las personas que votaron a favor de esa licencia en la junta de gobierno de 1992. Los ecologistas sostienen que las arcas municipales no deben hacer frente a irregularidades cometidas por políticos concretos.