(Diario de Ibiza, 14/05/2014)

Juan asegura que no sabe cómo se hará si la juez lo pide y no descarta que se tenga que contratar a alguien

e. r. | ibiza. El vicepresidente y conseller de Territorio, Mariano Juan, advierte de que la revisión de los expedientes del caso Huerta apuntados en el informe del Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Guardia Civil supondría «una carga» para la institución. Cuando el Ayuntamiento de Sant Josep tenía prácticamente hecho el informe solicitado por la juez instructora en noviembre del año pasado, la Audiencia Provincial, estimando parcialmente el recurso presentado por el exarquitecto municipal de Sant Josep y otros imputados en la causa, ordena ahora que lo haga cualquier otro ayuntamiento de la isla o el Consell.

Sant Josep está personado en la causa motivo por el cual la defensa de Huerta alegó que esta Corporación no podía actuar como un perito imparcial. La juez instructora debe decidir a qué Administración encarga el informe.

Mariano Juan asegura que actualmente el departamento de Territorio está bajo mínimos por la baja de una de las dos personas que ocupan las plazas de arquitecto. «Si nos lo solicitan lo tendremos que hacer, pero en este momento no sabemos cómo», dijo el vicepresidente, quien no descartó la posibilidad de contratar a otra persona. El conseller asegura que el trabajo del departamento se lleva a cabo «en tiempo», pero «se nota» la baja que se ha producido en la plantilla.

No obstante, pese a que el informe de la Guardia Civil hace referencia a 45 expedientes distintos, el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial apunta que no se han de revisar todos ellos, en contra de lo ordenado inicialmente por la instructora, sino solo aquellos que hubieran sido informados por Huerta o aquellos casos en los que se concedió licencia de obra sin previo informe municipal.

De hecho, en su recurso, Huerta advertía de que 15 de los 45 casos fueron informados desfavorablemente y no obtuvieron licencia. A Huerta se le imputan una serie de delitos por supuestamente aprovechar su cargo de arquitecto municipal para controlar a través de empresas de su entorno familiar proyectos ejecutados en Sant Josep. El grupo ecologista GEN destapó la supuesta trama de corrupción y posteriormente el Colegio de Arquitectos amplió la denuncia.