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Sant Josep pide permiso al juez para echar abajo la casa de Puig d´en Serra |
(Diario de Ibiza, 13/02/2014)
Los abogados contratados por el Consistorio solicitan que se levante la suspensión del inicio de los trabajos
redacción | ibiza. Los abogados contratados por el Ayuntamiento de Sant Josep han solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma que levante las medidas cautelares de suspensión del decreto por el que se establecía el inicio de los trabajos de demolición de la vivienda ilegal de Puig d´en Serra.
El equipo de gobierno recordó ayer a través de una nota de prensa que la alcaldesa dictó dicho decreto el pasado mes de noviembre. En este se fijaba el día 29 del mismo mes como fecha para que la empresa contratada para ejecutar el derribo de la vivienda iniciara los trabajos. No obstante, un día antes el juzgado suspendió de manera cautelar el decreto debido a la interposición de un recurso especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de las personas presentado por la propiedad en contra del auto en el que se autorizaba la entrada en el domicilio. El recurso fue desestimado.
El Consistorio explicó que el auto hecho público hace dos días hacía referencia a un escrito presentado por el Grup d´Estudis de la Naturalesa el pasado verano y que establece que «una vez sea levantado el auto de suspensión de medidas cautelares [el de noviembre]», el Ayuntamiento deberá fijar fecha y hora para iniciar los trabajos de demolición. Por ello, indica la nota de Sant Josep, ahora se ha solicitado que se levante la medida cautelar del juzgado.
El proceso judicial empezó 12 años atrás (en 2002) a raíz de un recurso presentado por el Consell, y que fue estimado en 2004, en contra de la licencia concedida por el Consistorio. El TSJB confirmó en 2006 el primer fallo judicial de que las obras ejecutadas no eran legalizables, por lo que decretó su demolición. El exalcalde José Serra Escandell y los miembros de la comisión de gobierno que otorgaron la licencia fueron a juicio acusados de prevaricación, pero el tribunal los absolvió al resolver que el supuesto delito habría prescrito.