(Diario de Mallorca, 22/10/2013)

Nota de Disúrbia: perillosa notícia que transmet a la ciutadania un missatge del tot equivocat, i segurament interessat. Cedir en el compliment de la Llei per motivacions econòmiques és un fet que es troba castigat en el Codi Penal. I no perquè una mentida es repeteixi mil vegades arriba a convertir-se en veritat.

La Ley del Suelo del Govern, que regulariza inmuebles en el campo de más de 8 años, obliga a redactar un proyecto y al pago de una tasa del 15% del valor de la obra a los ayuntamientos

MIQUEL ADROVER. Palma La amnistía urbanística aprobada por el Govern dentro de la nueva ley del Suelo, con el objetivo de regularizar las viviendas ilegales en suelo rústico de más de 8 años de antiguedad, tendrá un importe efecto recaudatorio para los ayuntamientos mallorquines que puede superar los 1.000 millones de euros en los próximos años. La legalización de las viviendas fuera de ordenación precisarán la redacción de un proyecto y el pago de una licencia de obras y tasa municipal que va del 15% al 25%. Según los técnicos consultados por este periódico, el coste de la regularización estará entre los 40.000 y los 60.000 euros. Estas cifras supondrán millones de euros de ingresos para los ayuntamientos, además de incrementar el trabajo a arquitectos y aparejadores.

La nueva normativa urbanística puede significar la regularización de más del 50% de las obras ilegales que están en estos momentos en suelo rústico [Nota de Disúrbia: i d'on surten aquestes xifres?]. Según fuentes del Consell, se calcula que en Mallorca están asentados en el campo en torno a los 40.000 inmuebles. Desde principios de los 80, fecha en que la institución insular cuenta con competencias para regular estas edificaciones [Nota de Disúrbia: mentida, des de 1990], solo se han dado licencias par unas 10.000 casas. Por consiguiente, ello significa que el campo mallorquín alberga unas 20.000 obras ilegales.

En caso de legalizarse todas a lo largo de varios años, el volumen de negocio que generaría, solo de proyectos y tasas municipales, podría superar los 1.000 millones de euros. El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, explicó que los propietarios deberán pagar un recargo del 15% del valor de las obras a legalizar si el trámite se realiza durante el primer año, del 20% si se realiza en el segundo año y del 25% si se espera al tercero. Este paulatino aumento de la sanción tiene la finalidad de agilizar estas regularizaciones. Este dinero lo cobrarán los ayuntamientos, lo que les permitirá aumentar su recaudación que tiene como principal fuente económica las licencias y trámites urbanísticos.

La condición de que los propietarios garanticen una antigüedad superior a los 8 años es porque a partir de esa edad los ayuntamientos ya no pueden imponer sanciones ni dictar órdenes de demolición contra las infracciones urbanísticas, tanto en suelo rústico como en suelo urbano. Fuentes consultadas apuntaron que el Govern quiere aplicar un concepto similar al llamado "silencio administrativo positivo". Este concepto se basa en que si la administración no ha resuelto la infracción administrativa en estos 8 años, se entiende que la actuación del administrado ha sido correcta. [Nota de Disúrbia: bajanada majúscula que només pot sortir de qualcú completament ignorant en materia urbanística]

Dentro de este grupo de obras que podrán legalizarse se encuentran aquellas que se levantaron en Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) antes de que se aprobara la Ley de Espacios Naturales (LEN) en el año 1991. Las posteriores a este año deberán regularse en función de las restrictivas normas que marca la LEN sobre las irregularidades urbanísticas en espacios naturales.

Los consells insulares deberán redactar un reglamento para la legalización de las citadas viviendas. Pese a ello, no deja de ser una rebaja de las competencias de las instituciones insulares que, hasta el momento, tenían total potestad sobre el suelo rústico.

Una de las obras irregulares que se podrían haber regularizado con este sistema es la casa del tenista Boris Becker en Artà. Asimismo, hubiera significado una vía para poder resolver el entramado de los demolidos apartamentos de ses Covetes [Nota de Disúrbia: ni remotament. Dir això és no tenia ni idea del que s'està xerrant]. En este caso, la nueva norma del Govern llega tarde.

No contempla la Ley del Gobierno central

La nueva Ley del Suelo que ha aprobado el Gobierno central no contempla la norma que está ultimando el Gobierno central del Partido Popular. En ella se especifica que los terrenos deben estar "legalmente integrados en una trama urbana y haber sido urbanizados con el correspondiente instrumento de ordenación". Esta premisa es fundamental, ya que podría paralizar las intenciones del Govern de legalizar las urbanizaciones y parcelaciones. Las normas del Govern mantienen que los suelos transformados se pueden considerar urbanos, mientras que la ´Ley Rajoy´ solo contempla actuaciones en tramas urbanas.