(Diario de Ibiza, 22/06/2011)

El escrito de acusación de la Fiscalía solicita tres años de prisión para el aparejador de Sant Antoni, ocho meses para Cretu y para el arquitecto Josep Torres e inhabilitación para el exalcalde Antonio Marí Tur - Quiere que paguen el derribo de la casa

JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA La Fiscalía de Ibiza ha enviado al juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza el escrito mediante el cual pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma sobre el caso Cretu, es decir, la concesión de una licencia ilegal en la cima de un monte protegido por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni cuando era alcalde Antonio Marí Tur. En la misma causa se estudian las posibles responsabilidades penales del propio Michael Cretu y su arquitecto por haber construido más de lo que permitía esa licencia.

En su escrito de acusación, el fiscal Antoni Torres pide penas de prisión o multas económicas –o ambas cosas a la vez, según el caso– para los cinco principales implicados. En concreto, se considera que el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella, son autores de un delito de prevaricación urbanística y por ello el Ministerio Público solicita que se les impongan penas de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de 33.600 euros de multa.

Al aparejador municipal, Miguel Ángel Martí Miralles, autor de los informes que avalaron el final de obra, se le acusa de un delito de falsedad cometido por funcionario público, por lo que se le piden tres años de prisión, multa de 21.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.

Por último, al promotor de la obra, Michael Cretu, y a su arquitecto, José Torres, se les considera responsables de un delito contra la ordenación del territorio, y por ello el fiscal pide penas de ocho meses de prisión, multa de 31.500 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción o el urbanismo durante un año.

El mismo escrito precisa que Michael Cretu y José Torres «decidieron sobrepasar los límites de la licencia y procedieron a construir 1.864 metros cuadrados más de lo permitido según el proyecto aprobado. La licencia preveía una construcción de solo 864 metros cuadrados.

El fiscal pide también que Marí Tur y Blanca Castiella sean condenados, solidariamente, a indemnizar al Ayuntamiento de Sant Antoni por los gastos ocasionados por el derribo de la parte de la vivienda que estaba amparada en licencia. La empresa constructora cobró 346.000 euros por derribarla. El escrito de acusación solicita que cada uno de los dos pague una quinta parte de la totalidad de los costes, incluyendo honorarios de abogados y otros gastos. En cuanto a Cretu y Torres, deberían pagar al Ayuntamiento todos los gastos de derribo de la parte no amparada en licencia, con lo que se les cobraría el 68,3 por ciento de los gastos de demolición de toda la obra.

«Hicieron absoluto caso omiso a la ley»

J. LL. F. | IBIZA El escrito del fiscal afirma que Antonio Marí Tur y Blanca Castiella, «siendo plenos conocedores de lo dispuesto» en la Ley de Espacios Naturales, «hicieron absoluto caso omiso de dichos preceptos» y votaron a favor de la concesión de licencia para la vivienda de Michael Cretu «en un terreno catalogado como ANEI y, por tanto, protegido de forma especial en atención a sus valores medioambientales y paisajísticos, en la cúspide de una montaña y en el punto más alto de la finca en la que se iba a levantar».

Por su parte, el técnico municipal Miguel Ángel Martí Miralles emitió en junio de 2000 un certificado de final de obra en el que decía que «la edificación se ajustaba a las licencias concedidas». Sin embargo, según el fiscal, esto «no era así», puesto que la casa proyectada debía tener 864 metros cuadrados, pero «lo verdaderamente construido superaba en 1.864 metros lo autorizado, un 68,32 por ciento más». «Miguel Ángel Martí Miralles, cuando emitió los anteriores informes, lo hizo pese a conocer que no se ajustaban a la realidad», añade el escrito del Ministerio Fiscal.

Cretu y su arquitecto, José Torres, «decidieron sobrepasar los límites de la licencia», pese a «ser conscientes y sabedores» de las condiciones legales que pesaban sobre el lugar en el que se desarrollaron estos hechos.