(Diario de Ibiza, 20/01/2010)

El entonces alcalde de Ibiza declara que en aquella época había muchas obras y que los servicios urbanísticos estaban bajo mínimos en cuanto a personal

IBIZA | NIEVES GARCÍA GÁLVEZ. El presidente del Consell Insular de Ibiza, Xico Tarrés, que en el año 2001 estaba al frente de la corporación municipal de Vila, afirmó ayer que, sin tener una denuncia previa, al Ayuntamiento le resultaba «muy difícil» controlar que obras como la reforma realizada en el edificio de Viajes Barceló se ejecutaban sin la correspondiente licencia municipal. «Sobre todo en aquella época, en que había muchas obras y los servicios urbanísticos [del Consistorio] se encontraban en una ínfima situación en cuanto a personal», afirmó.

Tarrés declaró ayer en calidad de testigo en la segunda sesión de la vista oral por el derrumbe del inmueble de Viajes Barceló, causa en la que se juzga al entonces administrador de Construcciones Saguri S. A., J. F. L., al director de la oficina siniestrada, J. S. P. F., y a A. D. B., quien era representante legal de Inmuebles de Baleares, propietaria del local. Para todos ellos, la Fiscalía solicita sendas multas de 27.000 euros como autores de un delito de daños, al tiempo que pide el pago de indemnizaciones por importe superior a 1,7 millones de euros para la veintena de vecinos del inmueble colindante que fue declarado en ruina tras los desperfectos sufridos.

Además relató que el día del hundimiento le llamaron por teléfono para comunicarle lo ocurrido y que, mientras que el entonces concejal de Urbanismo, Joan Boned, y un técnico municipal, entre otras personas, se desplazaron al lugar esa misma mañana, él acudió a visitar la zona por la tarde. «¿No es cierto que se enteró dos semanas después porque le llamó el presidente de la asociación de afectados?», le preguntó un abogado. «Me enteré el día en que cayó el edificio y yo no tenía conocimiento de nada antes», respondió Tarrés, que dijo que, tras el suceso, el Ayuntamiento «actuó correctamente en todo momento» e hizo «lo que debía legal y administrativamente».

Sobre si sabía que se ejecutaba la reforma del edificio sin tener licencia o que el Consistorio había pedido informes técnicos y de seguridad para autorizarla, el entonces alcalde de Ibiza afirmó que el no tenía conocimiento y que, en el caso de que algún técnico o responsable político hubiera sabido algo, no tendría por qué habérselo comunicado. «¿Al pasar usted alguna vez por allí como particular no vio esas obras tan voluminosas», le preguntaron. «No lo percibí, y si lo hubiera percibido habría sido como tantas otras [actuaciones]; se supone que las obras tienen su licencia y su autorización», respondió.

Otro letrado siguió en esta línea e insistió en cómo era posible que el Ayuntamiento, que tenía las competencias urbanísticas, nunca enviara a nadie a esta obra que estaba a la vista junto a una carretera principal para comprobar que tenían licencia. «En cualquier Ayuntamiento puede ocurrir esto perfectamente», opinó Tarrés, que explicó que en aquella época se disponía sólo de dos celadores y que éstos visitaban aquellas obras de las cuales se había recibido alguna denuncia. En este sentido, indicó que tampoco correspondía a la Policía Local hacer una labor de vigilancia de obras como sugerían algunos letrados: «La Policía Local no tiene entre sus funciones hacer de celador. Puede hacerlo cuando ve una infracción por ruido u ocupación de la calle; entonces lo primero que hace es pedir la licencia y si no la tiene, denuncia».

«¿Sabía usted que el entonces arquitecto municipal podía ser colaborador externo de Viajes Barceló o Inmuebles de Baleares?», le preguntó un abogado. Tarrés aseguró que no tenía conocimiento de ello y que creía que no era posible, al menos dentro del municipio, y el abogado no insistió más en la cuestión.

Según el presidente del Consell Insular, que fue alcalde de Ibiza entre 1999 y 2007, tras el derrumbe el Consistorio se puso a disposición de los perjudicados para «ayudarles» y conseguirles alojamiento en aquellos primeros días. «No era su obligación [del Ayuntamiento] pero entendimos que había que ayudar para que la gente no se quedara en la calle», dijo Tarrés. Explicó, como relataron ya algunos perjudicados, que se les alojó en un hotel, aunque a raíz de la pregunta de un abogado dudó sobre si el pago de la estancia, que se prolongó varios días, fue asumido por las arcas municipales o por Viajes Barceló.

Tarrés señaló que la corporación también medió entre esta última empresa y los afectados para que llegaran a un acuerdo tras el suceso, pero que finalmente no fue posible por motivos que desconocía. Asimismo, consultado sobre si se interesó por la situación de los perjudicados meses después del hundimiento, explicó que tenía relación con alguno de ellos, así como amigos comunes, y que sabía de su estado.

«Yo quiero lo que me pertenezca»

Un perjudicado relata que tuvo que trasladar su farmacia desde un local situado junto a la carretera a otra ubicación «en segunda línea», donde no le «ve nadie»

«Yo quiero lo que valga mi piso y lo que me gasté en alquiler; lo que sea mío, lo que me pertenezca», explicó ayer a la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, uno de los vecinos que perdió su casa tras el derrumbe del edificio Barceló. Este hombre relató que llevaba veinte años viviendo en este domicilio cuando ocurrió el siniestro y que después pasó «12 ó 13 meses» de alquiler hasta poder ocupar una nueva vivienda que había adquirido.

Otra perjudicada explicó que ella perdió un local que había arrendado a dos negocios: una farmacia y una empresa de excavaciones. Debido a ello dejó de percibir las rentas correspondientes, que sumaban casi 600 euros, lo que le supuso un importante perjuicio porque estaba separada y no trabajaba.

También declaró ayer el farmacéutico que ocupaba parte de este local, que dijo que llevaba sólo dos años ocupando el negocio después de comprar al anterior propietario la titularidad de la farmacia. «Tras el derrumbe tuve que buscar un local en la misma zona porque era donde se me estaba permitido [por la licencia adquirida]. Además, éste tenía que tener unas medidas determinadas y respetar unas distancias con los centros de salud y el resto de farmacias», contó el afectado, que dijo que tuvo que acondicionar completamente el espacio que encontró y que, junto a los consiguientes gastos –el alquiler es casi el doble del que pagaba–, esto le supuso un gran perjuicio porque pasó de tener su negocio junto a la carretera y a la vista de todos, a estar «en segunda línea», con lo que no le «ve nadie».

Otro testigo contó que él y su hermano perdieron la carpintería en la que trabajaban, por lo que, como en el caso anterior, tuvieron que mudarse a otro local. «Reclamo lo que teníamos y lo que hemos invertido en el nuevo [negocio]», dijo. «Aquel día llegamos a las nueve de la mañana [una hora después del suceso]. En los pisos había balcones que se caían. En mi local había una grieta de punta a punta», recordó.

Una pareja y la madre de ella fueron otras tres víctimas del derrumbe que se vieron obligadas a alquilar viviendas hasta que lograron comprar una nueva. Otras dos propietarias explicaron que el suceso les supuso dejar de percibir los alquileres que cobraban a sus inquilinos, y uno de éstos contó que, pese a estar arrendado, lo ocurrido le supuso perder la estabilidad de su hogar, en el que vivía con su mujer y sus dos hijos. «Aquella noche estábamos los cuatro durmiendo. Desalojamos prácticamente con lo puesto. En nueve años desde que pasó aquello hemos tenido siete mudanzas», declaró.