(Diario de Ibiza, 16/01/2010)

Un vecino que promueve una asociación de afectados denuncia que en la normativa en la que se ampara «no cabe esta obra faraónica»

IBIZA | E. RODRÍGUEZ. Un vecino que promueve la constitución de una asociación de afectados por el edificio del Centro de Trasferencia Intermodal y de Servicios (Cetis), en sa Colomina, solicitará la próxima semana en el Ayuntamiento ejercer la acción pública contra estas instalaciones, partes de las cuales están aún en construcción, al entender que son nulas de pleno derecho. Al mismo tiempo, se pedirá la nulidad de todas las licencias otorgadas. La acción pública es el paso previo a la interposición de un contencioso administrativo en los tribunales. Desde hace casi un mes los juzgados de Primera Instancia número 1 y 2 de Ibiza trabajan en las dependencias de una de las dos torres del Cetis a pesar de que todavía no se ha tramitado el final de obra.

Ramón Conde, abogado de este vecino afectado por «la alteración en la movilidad» que provoca el edificio, sostiene que el solar en el que se ha levantado el edificio del Cetis no admite el uso de estación de autobús y que, en todo caso, para legalizar la situación se debería haber tramitado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987, sobre el cual en 2005 se concedió la licencia de obra.

El letrado recuerda que inicialmente se preveía otra ubicación para construir la estación de autobuses y que, «por arte de magia», ya que «no se justifica», se pasó a otro lugar, el sector 5, el emplazamiento actual. «Sólo hay una frase en el expediente que dice que el Ayuntamiento decide el cambio», dice Conde, que insiste en que, sin una modificación puntual del planeamiento urbanístico, todos los actos administrativos son «nulos de pleno derecho».

Conde sostiene que en la normativa que se aplicó para conceder la licencia de obra (PGOU de 1987) «no cabe esta obra faraónica», en referencia a las dos torres de oficinas y locales comerciales, «el 90 por ciento de todo el complejo concebido como estación de autobuses». Además, explica que se han introducido «cambios sustanciales» en el proyecto «sobre la marcha» que se tramitaron a través de una modificación de licencia, cuando, a su entender, merecían un nuevo permiso de obra. Pone como ejemplo que se aumentó el coeficiente de edificabilidad, de modo que «una estación de autobuses que debía tener 1.800 metros pasó a más de 3.000 metros cuadrados». La estación de autobuses proyectada ocupa una superficie de 3.202 metros cuadrados y el resto (las torres y la gasolinera), 36.790 metros cuadrados. Lo mismo ha sucedido, según el abogado, en cuanto al aforo de la infraestructura pasando de «algo más de 200 personas a más de mil».

Al ser preguntado por la supuesta ilegalidad que denuncia el promotor de la asociación de afectados, el concejal de Urbanismo, Vicent Torres, aseguró a este periódico que el edificio del Cetis «cumple tanto la normativa del anterior plan urbanístico como el actual» y recordó que el sector en el que se ha levantado el Cetis es un Área de Planeamiento Integrado (API), para la cual la normativa urbanística en vigor recoge las mismas condiciones del planeamiento anterior, del 87.

La Asociación de Empresas de Transporte Regular de Viajeros de las Pitiusas (Apebus) ha asumido, según su presidente, Alfonso Ribas, el informe de un arquitecto (Bartomeu Marc Obrador) en que pone de manifiesto múltiples deficiencias, según su parecer, en la tramitación de las licencias y en el diseño de la futura estación de autobuses, sobre todo en cuanto a su operatividad.

Renuncia a indemnizaciones

Este informe señala, por ejemplo, que el arquitecto que emitió en su día el informe técnico favorable a la concesión de la licencia de obra apuntaba que previamente se debía obtener la licencia de actividad, tal como determina la ley. Pese a ello, el Consistorio autorizó las obras sin obtener previamente dicha licencia (concedida el pasado verano).

Para salvar este escollo, el informe que obra en manos del colectivo de empresarios del transporte de autobuses apunta que se otorgó la licencia de obra con siete condicionantes, y que uno de ellos decía que la empresa concesionaria debía renunciar a reclamar indemnización alguna e iniciar los trámites para la obtención de la de instalación.

Marí: «No seremos cómplices de ilegalidades»

IBIZA | E. R. La portavoz del PP de Vila, Virtudes Marí, advirtió ayer a la alcaldesa, Lurdes Costa, que su grupo «no será cómplice de las marrullerías e ilegalidades» que cometa el equipo de gobierno, en referencia al hecho de que los juzgados de Primera Instancia número 1 y 2 trabajen desde hace un mes en una de las torres del Cetis, en sa Colomina, sin el final de obra. «La alcaldesa no debería prestarse a este tipo de actuaciones. Es incalificable querer tapar la ilegalidad diciendo que el juzgado es una necesidad», recalcó, para agregar acto seguido: «Primero porque sonroja la excusa barata [que el traslado se efectúe un mes antes o después no arregla ningún problema] y, en segundo lugar, porque estamos dando un mal ejemplo a la ciudadanía».

En este sentido, Virtudes Marí aseguró que «no se pueden poner multas a la gente porque no tenga un permiso, si al final se acaba concluyendo que son sólo un papelito...». «Un responsable político no puede lanzar este mensaje a la ciudadanía. Y eso es lo que exactamente estamos haciendo. Allí no nos encontrará y la alcaldesa tendría que explicar por qué la encontramos siempre metida en este tipo de temas», indicó.

La portavoz del PP informó de que en el Cetis durante los últimos días se han producido cortes de luz, «de dos o tres horas», por no contar con suministro de la red eléctrica. Varios funcionarios de los juzgados han explicado que sólo hubo un corte, y previamente anunciado, el jueves, pero que no duró mucho.

Así respondió Marí a las críticas de Costa de hace unos días en las que manifestaba que la portavoz del PP es «la candidata del ´no´ y siempre plantea problemas». «Ella [Costa] tendría que explicar por qué no es la alcaldesa del ´no´ a la propia actuación ilegal del Ayuntamiento, de la empresa pública Imvisa y la concesionaria municipal [del Cetis] porque es su obligación», recalcó Marí.

Por otra parte, la portavoz popular anunció que pedirá una reunión urgente del consejo de administración de Imvisa para pedir explicaciones sobre el informe técnico que obra en manos de la Asociación de Empresas de Transporte Regular de Viajeros de las Pitiusas (Apebus) y que pone de manifiesto unas supuestas ilegalidades en la tramitación y construcción del edificio. «Alguien debería estudiar en profundidad este informe para ver si es cierto o no lo que dice», dijo Marí, al tiempo que insistió en que fue «un error» no contar con los transportistas en la construcción de la estación de autobuses. La portavoz del PP recordó que las obras debería haberse entregado en 2007.