(Diario de Ibiza, 9/01/2010)

El fiscal pide una pena de cuatro años y tres meses de prisión para el anterior alcalde de Santa Eulària por un delito de prevaricación y otro contra el medio ambiente

IBIZA | E. R. La sección segunda de la Audiencia Provincial se desplazará a la isla el 17 de mayo para juzgar al ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch y los propietarios de la cantera de ses Planes, acusados de un presunto delito contra la ordenación del territorio por el funcionamiento ilegal de la explotación minera durante casi tres décadas. A Guasch se le acusa además de un delito de prevaricación por permitir el funcionamiento de la cantera sin la correspondiente autorización. La asociación Hábitat y Basuras, que lucha desde hace años contra esta instalación, ejerce la acusación particular.

El Ministerio Fiscal pide una pena de cuatro años y tres meses de prisión para el ex alcalde, aparte de una multa de 9.000 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años. Solicita la misma pena para los dos propietarios de la explotación minera situada en Jesús, que funcionó sin licencias desde el 25 de enero de 1979 hasta el 14 de diciembre de 2007, cuando el actual equipo de gobierno de Santa Eulària aprobó su legalización.

El juicio se celebrará entre los días 17 y 19 de mayo. La Audiencia citará a declarar a más de 15 testigos y 14 peritos.

En su escrito de acusación, el fiscal pone de manifiesto una serie de consecuencias negativas para la población y el medio ambiente que ocasionó la cantera durante los años en que funcionó de forma ilegal y sin ningún control. Entre otras cosas, menciona que existió la posibilidad de daños o lesiones para las personas y vehículos que circulaban por la zona, en especial por el camino de acceso a la cantera como consecuencia de la caída de materiales «o por el simple sobresalto causado por las explosiones, que pudieron causar accidentes».

La actividad en la cantera produjo grietas en muros, suelos y techos de una vivienda, además de temblores en otros domicilios particulares causados por las explosiones en la cantera. Los vecinos también denunciaron que el nivel de ruido en un radio de 500 metros de la explotación se excedía del máximo permitido. Asimismo, el fiscal señala la existencia de un riesgo para los trabajadores de la cantera, ya que la mayoría de las pendientes existentes en la explotación son casi verticales.

Cita también la desaparición de hábitats forestales en terreno calificado como suelo rústico protegido «con la destrucción casi completa de una montaña». Se alteró, según el escrito de la Fiscalía, la dinámica hidrológica superficial y se produjo un aumento de la escorrentía por la desaparición de la superficie arbolada que retiene el agua.