(Diario de Ibiza, 1/07/2009)

El Ministerio Público considera probado que el ex alcalde Vicent Guasch, el teniente de alcalde, Vicent Riera, el asesor del edil y el aparejador municipal colaboraron para ahorrar cesiones al promotor de la urbanización

IBIZA | A. F. F. La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia del caso ses Torres que en primera instancia absolvió al ex alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, al teniente de alcalde Vicente Riera, al aparejador municipal, Vicent Marí, y al asesor legal del alcalde, José María Roig Vich, del delito de prevaricación urbanística del que se les acusaba tras una instrucción que ha durado casi diez años. En un escrito que pone en evidencia el fallo emitido por la juez Clara Ramírez, el Ministerio Público insiste en que los cuatro encausados perjudicaron conscientemente a los ciudadanos en ses Torres, ya que «al no haber plan parcial, lo que se conseguía era eludir las cesiones obligatorias a favor del Ayuntamiento».

La Fiscalía no duda de que todos los implicados conocían lo que hacían, a pesar de lo que recoge la magistrada en su sentencia. Incluso apunta al interés que podían tener en mantener un instrumento urbanístico como el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano que, reitera el Ministerio Público, era nulo sin ninguna duda. «Con un proyecto de delimitación, el Ayuntamiento de Santa Eulària podía actuar libremente, sin control del Consell», se comenta en el recurso sobre el empecinamiento de los acusados en seguir aplicando el PDSU.

A pesar de saber que se estaban avalando actos «ilegales», el fiscal considera que los acusados desoyeron conscientemente «todos los requerimientos del Consell» por expreso consejo del asesor legal, que en la vista oral reconoció haberlo recomendado «para evitar las consecuencias económicas que supondría anular las licencias concedidas e indemnizar a los perjudicados». En definitiva, la acusación pública sostiene que «no se puede alegar desconocimiento en los acusados», cuando actuaron de acuerdo para incumplir una resolución judicial, «una evidente desviación de poder», que declaró nula la delimitación urbana del municipio. Sobre este punto, y de acuerdo con la sentencia de marzo de este año que avalaba la urbanización de ses Torres, el Ministerio Público mantiene que no llega a la conclusión de que el PDSU sea legal, como sostuvo la juez en su fallo, sino que constata la consolidación urbanística de la zona y no entra en la cuestión: «Ni siquiera una nulidad de pleno derecho del PDSU pudiera afectarles».

En su recurso, la acusación pública recalca que «todas las actuaciones realizadas por los acusados son ilegales, injustas y no están fundadas jurídicamente». Como prueba de ello se observa que el testigo Emilio Pérez Echagüe, concejal de la oposición en aquel entonces, denunció varias licencias que se suspendieron cautelarmente.

En lugar de tomar nota de esta situación, con requerimientos, denuncias y advertencias, «la única argumentación fue el silencio y continuar informando proyectos y licencias. ¿Es eso una argumentación jurídicamente razonable, como afirma la juzgadora?», se pregunta la Fiscalía en el recurso: «No. Pero un no rotundo», contesta el escrito, en el que se establece que «no hay ninguna argumentación jurídicamente razonable que deje la conducta de los acusados en una mera infracción».

También se establece en el recurso que, a pesar de no informar la concesión de licencias, los informes favorables del aparejador y el asesor legal suponen «una declaración de voluntad» de lesionar los derechos de los administrados. Como conclusión, el Ministerio Público opina que la confusión urbanística en Santa Eulària no fue creada por la Justicia, sino por «la actitud de quienes formaban el Ayuntamiento, que trataron de acomodar la normativa urbanística a aquellas condiciones que más les interesaban».

Condena «desmesurada»

La Fiscalía también comenta la absolución de la ex arquitecta municipal Raquel García y el promotor Germán Vázquez, que no discute, aunque considera «desmesurada» la condena en costas a Esquerra Unida, que sostuvo en solitario su acusación. «No es temerario» el comportamiento de EU, según Fiscalía, cuando el juez instructor apreció indicios de delito.

Esquerra Unida apela el fallo por «peligroso»

IBIZA | A. F. F. Esquerra Unida, que ejerció la acusación popular en el caso ses Torres, ha presentado un recurso parcial ante la Audiencia Provincial contra la sentencia de primera instancia que les condenaba a pagar las costas procesales de las dos personas que acusaron sin el soporte de la Fiscalía: la ex arquitecta municipal Raquel García y el promotor de la urbanización, Germán Vázquez. Consideran que este fallo sienta un precedente «peligroso».

En su argumentación, la coalición considera que la juez castiga a los que denuncian situaciones irregulares en defensa del interés general y favorece la idea de que «más vale no complicarse la vida y dejar hacer a los gestores públicos y a los especuladores».

También recuerdan que la apertura del juicio fue decretada por un juez instructor que apreció indicios de delito contra los seis acusados por la formación y que actuaron tras la denuncia de la Fiscalía, que lo hizo de oficio. En cuanto a la condena en costas, EU estima que se aplica «indebidamente» el Código Penal, que establece esta pena para «los criminalmente responsables de delitos o faltas». El fallo, añade el recurso, no invoca razón alguna para la sanción.

En su escrito ante la Audiencia, estiman que los acusados tuvieron una intervención «importante» en los hechos delictivos juzgados, incluso que reconocieron las tesis de la acusación popular en la vista oral, por lo que no hubo temeridad ni mala fe en su intervención.