(Diario de Ibiza, 2/04/2009)

Visto para sentencia el caso en el que la acusación popular rebaja a un año la pena de cárcel que solicita para cinco de los acusados y seis meses para la ex arquitecta de Santa Eulària. La fiscal pide 120.000 euros de multa

EIVISSA | ALBERTO FERRER Después de tres días de vista oral, el caso ses Torres ha quedado visto para sentencia con las conclusiones de cada una de las partes. En las suyas, la Fiscalía considera probados todos y cada uno de los hechos y por eso reiteró su petición de una multa de 120.000 euros para cada uno de los cuatro acusados contra los que presentó cargos y ocho años de inhabilitación especial por una presunta prevaricación en la aprobación de la urbanización de esta zona de Jesús: el ex alcalde, Vicent Guasch; el teniente de alcalde, Vicent Riera; el ex asesor legal del ayuntamiento, José María Roig Vich y el aparejador municipal, Vicent Marí.

La acusación popular solicita la misma pena para ellos, además de un año de prisión para Roig, Riera y Guasch y seis meses de cárcel para Marí, al que rebaja la pena de inhabilitación a dos años. También solicita una multa de 12 meses a razón de 100 euros diarios para García y un año de cárcel y otros 120.000 euros de multa para el promotor Germán Vázquez, para el que solicita una inhabilitación de dos años. Además, ambas acusaciones reclaman que los cuatro asuman el coste de la restitución de toda la zona a su estado original.

La fiscal del caso considera que Guasch no puede escudarse en su ignorancia del urbanismo tras 23 años en el cargo. Al contrario, manifestó en sus conclusiones que tanto él como Riera «actuaron a sabiendas» y esquivando el control del Consell para llevar adelante el acuerdo que habían alcanzado con Vázquez para urbanizar ses Torres.

Sabían de la ilegalidad del PDSU

El Ministerio Público opina que todos los procesados conocían que el PDSU no era aplicable e, intencionadamente, el asesor Roig Vich aconsejó no contestar los requerimientos del Consell a que se respetara el ordenamiento «por un interés particular: el de evitar que las posibles indemnizaciones salieran de sus bolsillos». También desmintió la justificación de Marí para abogar por la urbanización en sus informes: «Es la teoría del aceite en el agua, si un suelo es urbano porque el colindante lo es, se llegaría al infinito».

El letrado de la acusación popular, Ignasi Ribas, sostiene que el «pacto de caballeros» perjudicó a los ciudadanos de Santa Eulària, porque Vázquez se ahorró las cesiones para equipamientos. «Fue un cambio de cromos que fue un mal negocio para los vecinos», concretó.

En la última jornada del juicio se escuchó el testimonio de los peritos solicitados por la fiscal del caso y la acusación popular, que coincidieron en desmentir la justificación legal para amparar la urbanización de ses Torres. El primero en hacerlo fue el conseller de Obras Públicas y Vivienda del Govern, Jaume Carbonero, en calidad de experto en urbanismo, responsable técnico en el municipio de Pollença. Carbonero declaró a través de videoconferencia para ratificar que el PDSU era un documento nulo de pleno derecho desde el momento en que calificaba como urbana «un área que no cumplía los requisitos para serlo».

También testificó que al saltarse el obligatorio trámite de un plan parcial para obtener la condición de urbano, «se obtenían todos los derechos y ninguno de los deberes» de cesión de suelo a la administración, que debería recibir suelo para equipamientos sanitarios, educativos y zonas verdes. Por eso, el caso de ses Torres fue «un mal negocio para los ciudadanos», opinó, además de considerarlo «una vulneración manifiesta del ordenamiento y del sentido común». Recalcó que un urbanizable «no se puede» pasar a urbano sin plan parcial. Los técnicos acusados, abundó Carbonero, deberían haber incluido en sus informes que los solares no reunían las condiciones para ser edificados, a pesar de lo que dijera el PDSU.

Los urbanistas José Bonilla y Nuria de Urrutia aseguraron que el PDSU se aprobó sin control del Consell o la Comisión Provincial de Urbanismo, desmintieron así otro de los argumentos de la defensa. Bonilla intervino en el expediente como asesor de la CPU y dijo que ya entonces planteó objeciones en un informe: «Se pasaba de las limitaciones de esta figura», explicó, aunque a la CPU sólo se le notificó su contenido, ya que no se requería su aprobación y sólo podía oponerse mediante un recurso judicial. Bonilla dejó claro así que el Ayuntamiento fue el único responsable de este documento. Tras la sentencia de 1997 que lo consideró nulo, el urbanista que asesoraba al Consell explicó que se vio en la necesidad de «suspender todo el planeamiento» como mejor salida. «Hubo que hacer un trabajo intenso para que el alcalde cediera, porque estaba muy convencido de las bondades del PDSU», explicó.

Carbonero, un perito en entredicho

El conseller Jaume Carbonero declaró como perito de la acusación popular en el caso ses Torres, en calidad de arquitecto urbanista, aunque se enfrentó a un duro interrogatorio sobre su trayectoria política y afinidades ideológicas a manos del letrado José María Roig Vich. Roig le preguntó al conseller si su cargo tenía que ver con esta formación. Él respondió que es militante del PSOE. El letrado insistió en la presencia de Esquerra Unida en el Ejecutivo y Carbonero aclaró que EU participa en la coalición del Bloc. Roig explicó entonces su teoría de que el juicio es fruto de una conspiración orquestada por este partido, a lo que Carbonero replicó que consideraba sus palabras «arriesgadas», ya que recibió el encargo antes de entrar en el Govern. Dijo que confiaba en que la elección se fundara en sus conocimientos. | A. F. F.

Piden la libre absolución y que EU pague las costas

EIVISSA | A. F. F. La defensa reclamó la absolución para los seis procesados por un presunto delito de prevaricación en la aprobación de la urbanización de ses Torres. Tanto el ex asesor legal del alcalde, José María Roig Vich, que se representa a sí mismo, como los abogados del aparejador municipal, Vicent Marí, la arquitecta Raquel García y el promotor Germán Vázquez reclamaron, además, la imposición a Esquerra Unida de las costas del proceso.

El letrado que defiende a los dos ex políticos acusados, el ex alcalde Vicent Guasch y al ex concejal Vicent Riera, Rafael Parera, considera que la ignorancia del urbanismo de sus clientes les exime de responsabilidad, ya que siempre actuaron en base a los informes e incluso solicitaron asesoramiento «cuando apareció la duda» sobre la legalidad del PDSU. La cesión pactada con Vázquez fue, según Parera, «dar cumplimiento a lo convenido con los anteriores propietarios».

El representante de Marí, Gabriel Garcías, aseguró que su cliente no habría cometido un delito de prevaricación ni emitiendo un informe «contra el ordenamiento a conciencia» para el proyecto de urbanización, porque este delito se circunscribe «a los proyectos de edificación y concesiones de licencia».
Roig Vich abundó en este argumento y en la persecución política a la que asegura que se sometió al Consistorio: «Cuando di instrucciones para que no se utilizara más el PDSU, apareció un propietario de ses Torres, seguramente aleccionado por EU, para pedir una certificación urbanística de su solar y, siguiendo mis indicaciones, se le dijo que era rústico», porque así figuraba en el PGOU de Santa Eulària, algo que asimiló a una trampa.

El abogado de Vázquez dice que no se ha demostrado que sobornara a nadie. La abogada de la arquitecta, Ascensión Joaniquet, defendió que su cliente nunca emitió informes favorables a la urbanización. García fue la única en dirigirse al tribunal para responsabilizar a EU de lo que asegura haber sufrido durante ocho años de imputación.