(Diario de Ibiza, 30/12/2008)

El Consistorio advierte de que en el caso de que la propiedad no quiera abandonar la casa de «buena voluntad» se verá forzado a pedir auxilio judicial. La defensa dice que fiscalizará las obras para salvaguardar sus derechos

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ La comisión de gobierno de Sant Antoni adjudicó ayer de forma definitiva a la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri S.L. el proyecto de demolición de la mansión de Michel Cretu, en Santa Agnès. El teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, aseguró ayer a este periódico que, superado este trámite, sólo falta que la empresa constructora traslade a la isla la maquinaria necesaria y se comunique a la propiedad del inmueble la fecha en que comenzará el derribo de la casa, que se debe ejecutar en un plazo de 21 días a partir del inicio de la obra. «Si no hay ningún problema, en enero la casa debería estar tumbada», indicó Pantaleoni, que apunta que todo dependerá de la voluntad de Cretu.

Pantaleoni recuerda que al tratarse de una vivienda, en el caso de que la propiedad ponga algún impedimento, no se podrá entrar sin una orden judicial. «Una vez que se notifique a la empresa el acuerdo de adjudicación definitiva de la demolición de la casa se comunicará a Cretu el día en que empezarán las obras. A partir de este momento, habrá que ver cómo actúa la propiedad: si facilita las cosas o pone impedimentos que nos obliguen a pedir auxilio judicial. No se puede avanzar nada porque se trata de suposiciones. Hay que ir paso a paso», explicó el teniente de alcalde.

Fiscalización del derribo

Por su parte, Jaume Roig, abogado de Michel Cretu, indicó ayer que no se pondrá ningún impedimento al derribo de la casa, siempre y cuando «se realice bien», en referencia a «la salvaguarda de los muebles y elementos ornamentales recuperables [más de un millar, según la propiedad], los bienes no afectados por las resoluciones judiciales [el camino de acceso a la vivienda, las pistas de tenis y la casa de invitados] y no se perjudique a terceras personas». En este último caso, el abogado de Cretu se refiere, por ejemplo, a las canalizaciones de agua y otros servicios como las conexiones eléctricas de la vivienda que no está afectada por la sentencia de demolición, entre otras de la zona.

Jaume Roig asegura que en el proyecto de derribo de la casa no se tienen en cuenta estas cuestiones. «Más que impedir la entrada, se va a fiscalizar de qué manera se lleva a cabo la demolición», indicó el letrado, que señaló que recurrirá ante el juez la demolición de las obras en el caso de que causen «un perjuicio» a su defendido «y a terceras personas».