(Diario de Ibiza, 27/11/2008)

La construcción de un edificio de seis viviendas en Jesús empezó en 2001 pero la autorización del Ayuntamiento llegó la semana pasada. El constructor se enfrenta a una pena de cinco años de prisión

EIVISSA | R. S. La Sección Primera de la Audiencia Provincial, que celebra sus sesiones esta semana en Eivissa, juzgó ayer al promotor inmobiliario J. F. C., que consiguió la licencia de obra para un edificio de seis viviendas en Jesús siete años después de comenzar las obras, en concreto el martes de la semana pasada. El acusado compró la parcela número 64 de la finca Can Riambaus, en Jesús, en el año 2000. Empezó a edificar en 2001 con una licencia obtenida en 1985 que sólo autorizaba cuatro viviendas y dos locales comerciales, pero finalmente acabó construyendo seis viviendas.

Vendió dos de ellas, a pesar de que carecía de licencia en vigor y de que la obra fue precintada por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Por todos estos motivos J. F. C., un hombre de 67 años de edad, administrador único de una empresa que lleva sus apellidos, fue juzgado ayer como responsable penal y civil y como responsable civil subsidiario de un delito continuado de estafa, con la agravante de recaer sobre vivienda y revestir especial gravedad.

Pago de 138.000 euros

Por ello el Ministerio Público solicita para él una pena de cinco años de prisión y una multa de 18.000 euros (quince meses con una cuota diaria de 40 euros), así como una inhabilitación especial para la profesión de constructor. Además, si la magistrada juez Margarita Beltrán acepta el escrito de acusación del fiscal, tendrá que indeminzar con 120.000 euros a dos de las personas a las que vendió pisos, es decir, con 60.000 euros a cada una, por los daños y perjuicios causados.

«Me dijeron que podía terminar la obra y la acabé», explicó el acusado a preguntas del fiscal, pero no supo aclarar quién fue la persona del Ayuntamiento que le dio este permiso. El imputado dijo que fueron los compradores los que no quisieron que les devolviese el dinero. «Así le daba trabajo a los obreros, que si no se irían a la calle», comentó.

Sin embargo, los compradores que testificaron en el juicio argumentaron que desde que adquirieron las viviendas hasta que el acusado quiso devolverles el dinero pasó mucho tiempo, y éstas habían subido de precio.

Además, acusaron a J. F. C. de engañarles al no explicarles que no tenía licencia, e incluso comentaron que les animó a comprar los muebles en establecimientos que el mismo les recomendó.

«Siempre decía que tenía problemas con el Ayuntamiento y con los `verdes´», explicó uno de los supuestos estafados. «Ya está todo arreglado, decía siempre», comentó el testigo. «En 2003 nos dijo que los turrones nos los comíamos en el piso», lamentó otra afectada por la posible estafa. «No era un piso, es mi hogar», concluyó.

«Ha sido el engaño más grande que he sufrido», se lamentó un joven que entregó 24.000 euros al acusado como adelanto de la compra de la vivienda. «Si me entero de que hay irregularidades haría cinco años que viviría en otro piso, y no malviviría en éste», lamentó el afectado.

Los propietarios aún temen poder quedarse sin sus viviendas debido a los problemas legales, y no quieren recuperar el dinero pagado al acusado puesto que consideran que debido al tiempo transcurrido desde la compra los inmuebles se han revalorizado considerablemente.