(Diario de Ibiza, 11/07/2008)

Los servicios jurídicos de Eivissa emiten un informe para Formentera que rechaza las alegaciones de la promotora y que destaca que ni el antiguo proyecto ni el modificado posterior pueden ejecutarse

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ / C. CONVALIA. Los servicios jurídicos del Consell de Eivissa avalan la declaración de caducidad de la licencia de construcción del camping de es Ca Marí, en Formentera, y rechazan las alegaciones presentadas por la propiedad Formentera Club S.A. Tras una solicitud del Consell de Formentera, los servicios jurídicos de la máxima institución insular de Eivissa han emitido un informe sobre las alegaciones presentadas por los promotores del camping en contra del acuerdo de iniciar la caducidad de la controvertida licencia, concedida por orden judicial en junio de 1992 y que a día de hoy sigue sin ejecutarse.

La propiedad alega que en todo este tiempo no ha podido iniciar las obras porque el Ayuntamiento de Formentera ha mantenido durante años «una actitud de obstrucción al proyecto a pesar de las resoluciones judiciales favorables» a sus intereses, y que no se puede aplicar a la licencia concedida en el 92 la normativa sobrevenida (la ley de Costas de 1998) porque supondría el incumplimiento de «las sentencias firmes».

El informe jurídico del Consell tiene en cuenta que las obras no se han ejecutado 15 años después de la obtención de la licencia y que, de todos modos, tras la aprobación de la Ley de Costas dicho proyecto ya no puede ejecutarse porque no dispone de autorización para ocupar la zona de servidumbre de protección, permiso, además, que no podrá obtenerse ya que la ley prohíbe la construcción de edificaciones hoteleras en zona de servidumbre de Costas salvo aquellas que sean autorizadas por razón de utilidad pública debidamente justificada por el Consejo de Ministros. «El proyecto original resulta inviable según la Ley de Costas», destaca el informe jurídico del Consell.

Para salvar este escollo, Formentera Club S.A. presentó en noviembre de 1998 un proyecto de adecuación del anterior, que en abril de 2001 fue desestimado por la dirección general de Costas y Puertos del Govern balear por falta de documentación. Sobre este punto, el informe del Consell argumenta que la presentación del proyecto de adecuación ante la Administración competente, e incluso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que declaró el derecho de la promotora a obtener licencia, «revela la voluntad de la promotora de no ejecutar las obras objeto de la licencia otorgada por el Ayuntamiento en 1992».

El informe agrega que «la normativa sobrevenida ha provocado la pérdida de eficacia del título habilitante» y que cualquier nuevo proyecto que presente la promotora del camping con la finalidad de cumplir la Ley de Costas será otro plan al que se le deberá aplicar la normativa vigente, que «impide este uso».

La Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio (Ciotupha) dio cuenta ayer de este informe antes de remitirlo al Consell de Formentera, que ahora deberá ratificar en el pleno el inicio del procedimiento de la caducidad de la licencia, según explicó ayer a este periódico el conseller de Urbanismo de Formentera, Bartomeu Escandell, que, por otra parte, augura que «la promotora agotará los recursos que disponga por la vía administrativa y continuará por la judicial».

Por otra parte, la Ciotupha también acordó ayer iniciar de nuevo los trámites para proteger mediante la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de conjunto histórico la urbanización diseñada por el arquitecto Josep Lluís Sert en Can Pep Simó. El director insular de Patrimonio, Josep Maria Garí, recordó que la pasada legislatura el PP declaró la caducidad del expediente iniciado durante el mandato del primer gobierno de izquierdas de Eivissa. Garí señaló que más adelante se abrirá otro expediente para proteger otros elementos arquitectónicos contemporáneos de dicha urbanización y de otras zonas de la isla. También expresó su satisfacción por la intención de la propiedad del velero `Thopaga´, que se hundió el miércoles frente a la costa francesa, de intentar reflotarlo.