(Diario de Ibiza, 30/04/2008)

Defiende que la decisión sobre el futuro de ses Variades depende del Consell y el Ayuntamiento

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El Govern balear duda de que pueda evitar la ejecución de las seis licencias `relámpago´ o `exprés´ concedidas por el Ayuntamiento de Sant Joan entre el anuncio y la aprobación de la moratoria, el pasado 23 de noviembre. El director general de Ordenación del Territorio, Bernat Aguiló, indicó ayer a este periódico que aún no dispone de un informe jurídico definitivo sobre esta situación, pero admite que será «difícil» impedir su ejecución.

«No me puedo pronunciar porque hay discrepancias sobre cómo se debe valorar», señaló, al tiempo que explicó que la ley prevé un periodo de retroactividad, pero en relación a los trámites administrativos, «no sobre el acto jurídico de concesión de licencia». «En este punto radica la discusión. Es una situación peculiar, prefiero no pronunciarme ahora sobre esto», reiteró.

Aguiló apunta que alguna de estas licencias podría dar lugar a la construcción de chalés en la zona de mayor impacto paisajístico de Benirràs. «Esta situación fue la que aconsejó emprender una negociación con los propietarios», explicó. De hecho, hay otras licencias, aparte de las exprés, pendientes de ejecución y que no quedarán afectadas por la protección prevista en la ley de medidas urgentes del territorio que se aprobará el próximo día 6 en el Parlament balear. «El acuerdo podría haber satisfecho las expectativas de ambas partes», sostiene este alto cargo del Govern, que añade que «no tiene sentido», en el marco de un proceso parlamentario, mantener abierta la puerta de la negociación hasta el último momento.

Nadie conoce los costes

Sobre los costes de la protección integral de Benirràs, el director general de Ordenación del Territorio asegura que en estos momentos «nadie lo puede cuantificar». «Los tribunales y la jurisprudencia determinan que el principal factor indemnizable es el gasto efectivo ejecutado y realizado legalmente. Esta información la tienen los propietarios y, al pretender éstos lograr una indemnización superior a la de los costes efectuados, difícilmente podemos acceder a ella», argumenta.

Para prevenir posibles imprevistos, la nueva ley de medidas territoriales determina la creación de un consorcio en Eivissa para negociar medidas compensatorias.»El consorcio tendrá un protagonismo importante en la toma de decisiones, pero el Govern, al ser la Administración que hará frente a los costes, tiene una reserva. «No arruinaremos a la Comunitat Autònoma», advierte Aguiló en referencia a que la Administración se regirá por «la línea jurisprudencial en materia de indemnizaciones urbanísticas más reciente, que es moderada en cuanto a la valoración de los gastos».

Por otra parte, el Govern mantiene que la nueva ley del territorio, que deroga la norma que permitía que la zona de ses Variades fuera considerada como suelo urbano, supone una herramienta válida para «modificar» el desarrollo urbanístico previsto por Sant Antoni en esta zona, aunque aclara que la decisión final deben adoptarla el Ayuntamiento y el Consell. «Al Govern no le toca actuar de salvador de polémicas urbanísticas, sino actuar con coherencia en el ámbito de sus competencias», señala. El director general de Ordenación del Territorio dice que el Ayuntamiento y el Consell podrían llegar a «evitar su desarrollo», si así lo considerase. «Yo no puedo decir en qué sentido debe modificarse. Esta decisión compete a las instituciones ibicencas», apunta.