(Diario de Ibiza, 27/04/2008)

Actualmente se instruyen algo más de 80 casos en las Pitiüses relacionados con delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. El fiscal de Medio Ambiente de Eivissa recoge en la memoria de su actividad en 2007 la conveniencia de que, dado el volumen de trabajo y la complejidad de la materia, un juzgado de Instrucción de la isla se especialice en este tipo de delitos para centralizar en éste todos los casos. También apunta la necesidad de que el Ministerio Público pudiera contar con asesoramiento permanente de profesionales (biólogos y arquitectos, entre otros), lo que evitaría que muchos asuntos llegasen a los Juzgados.

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ La Fiscalía de Eivissa recomienda la especialización de los juzgados de Instrucción en medio ambiente de forma que la competencia de este tipo de casos recayera siempre en uno concreto al objeto de mejorar la coordinación entre el juez y el representante del Ministerio Público, sin perjuicio de que en un futuro se pueda acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya al Ministerio Fiscal la investigación e instrucción de las causas penales.

Esta es una de las conclusiones que apunta el fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Antoni Torres, en la memoria de actividad de su departamento del año 2007, en la que pone de manifiesto que en la actualidad el partido judicial de Eivissa está tramitando más de 80 asuntos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, medio ambiente, patrimonio histórico artístico e incendios forestales.
«Muchos de ellos de gran complejidad, hallándose involucrados cargos públicos y técnicos municipales con aparición de conductas o actividades relativas a presuntos delitos contra la Administración Pública», expone.

El fiscal destaca que la investigación de estos hechos se hace «larga en exceso y difícil», no sólo por «la frecuente necesidad de practicar diligencias periciales complejas y caras, sino también por la falta de especialización de los distintos jueces de Instrucción». A eso hay que sumarle los problemas de estabilidad de la plantilla de la Fiscalía, por lo que, en este sentido, también considera conveniente que se incentivara la permanencia en la sección de Eivissa estableciendo un plazo más amplio de obligatorio cumplimiento antes de poder solicitar otro destino.

Asesoramiento técnico

De la misma manera, sobre el asunto de los peritajes, el representante del Ministerio Público también apunta la conveniencia de que se pudiera contar con «asesoramiento permanente» de profesionales (biólogos, químicos y arquitectos, por ejemplo), lo cual, a su entender, sería «extremadamente beneficioso» en la investigación de este tipo de delitos, «ya que el sistema actual ralentiza la investigación y no permite decidir, a priori, qué actuaciones son las procedentes en cada caso, debiéndose esperar a la judicialización de los asuntos para que un perito dictamine sobre los casos». «De poderse contar antes con dicho asesoramiento probablemente se evitaría que numerosos asuntos llegaran a los juzgados de Instrucción», agrega.

Durante el año pasado se incoaron 20 nuevas diligencias informativas (se inició la investigación y se trasladó a los juzgados) de denuncias por casos relacionados con la ordenación del territorio, en su mayoría, y el medio ambiente. Destaca la denuncia del Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Sant Josep de sentencias firmes de demolición de diversas construcciones así como su obligación de incoar los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad urbanística u otra presentada por un particular por posible delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por la construcción de la depuradora de Cala Tarida. En materia de Urbanismo, el Ministerio Público también comenzó a investigar la denuncia hecha por el Colegio de Arquitectos relativa a algunas irregularidades cometidas también por Sant Josep.

También se inició una investigación por la contaminación acústica de varios establecimientos tipo café concierto o bares en Sant Antoni a raíz de una denuncia de los vecinos y otra por una acampada ilegal en una zona catalogada como Área Natural de Especial Interés (ANEI). Este asunto, de todos modos, ha sido ya archivado, al no poderse haber identificado a las personas que acamparon de forma ilegal. Se incluyen denuncias por vertidos de tierra, como los de las obras de las autovías.

Cinco juicios y tres escritos de acusación en un año

EIVISSA | E. R. Durante 2007 se celebraron cinco juicios en Eivissa relacionados con asuntos de medio ambiente o la ordenación del territorio. El más sonado de ellos fue el que obligó al anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, a sentarse en el banquillo de los acusados junto a los miembros de la Comisión de Gobierno que en 1992 autorizaron la ampliación de una vivienda en Puig d´en Serra. La Audiencia Provincial de Palma se desplazó a la isla para juzgar esta causa, cuya sentencia fue absolutoria por prescripción del delito de prevaricación urbanística que el Ministerio Público imputaba a los acusados.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa juzgó dos casos de Formentera. Uno de ellos contra los propietarios de un establecimiento hotelero, a los que se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, y el otro por la extracción de áridos de una cantera ubicada en una zona calificada como Área Natural de Especial Interés (ANEI). Ambos casos están a la espera de que se dicte sentencia. El Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa resolvió absolver a los acusados de construir viviendas de grandes dimensiones en suelo especialmente protegido. Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia. También se juzgó y se dictó sentencia condenatoria por la ampliación ilegal de una vivienda en el área periférica del Parque Natural de ses Salines.

Asimismo, el Ministerio Público presentó en 2007 tres escritos de acusación por delitos medioambientales y urbanísticos. Uno de ellos es el caso de ses Torres, por el que se acusa al ex alcalde Vicent Guasch y al ex concejal Vicent Riera, entre otros, de un supuesto delito de prevaricación. El fiscal también calificó el caso de la contaminación de los pozos de Santa Gertrudis y un caso por delito de incendio de montes en su modalidad de imprudencia.